El Peruano

El presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), anunció ante la representación nacional la decisión adoptada en mayoría por la Mesa Directiva, de rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, que se basó en la aprobación del proyecto de ley 3570, el cual derogaba la ley 31399.

El titular del Poder Legislativo agregó que “la Ley 31399 se refiere a dos competencias exclusivas del Poder Legislativo, como lo son la aprobación en primera votación de una reforma constitucional y la disposición para que el Presidente de la República convoque a referéndum para la aprobación de reformas constitucionales, por ello, el Proyecto de Ley 3570 interfiere directamente con las competentes del Congreso de la República y colisiona con el artículo 206 de la Constitución Política del Perú.”

Resaltó que rechazar o aceptar la confianza planteada por el Poder Ejecutivo, es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la República, y que todo intento del Presidente del Consejo de Ministros por interpretar el sentido de la decisión del Poder Legislativo, excede el marco constitucional y legal, porque afecta la separación de poderes.

José Williams Zapata (Avanza País) afirmó que la Cuestión de Confianza planteada, no se refiere a una política general de gobierno, por lo que vulnera las competencias del Congreso de la República, amenaza el principio de separación de poderes y condiciona la decisión del Poder Legislativo.

Durante el anuncio del Presidente del Congreso, se recordó a los parlamentarios que la Ley 31399 está pendiente de sentencia final y decisiva en el Tribunal Constitucional, dado que se encuentra inmersa en una demanda de inconstitucional, presentada por el Poder Ejecutivo.

Remarcó que la Cuestión de Confianza ha sido planteada bajo materias prohibidas según lo estableció por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Exp. 006-2019-CC.

Los integrantes de la Mesa Directiva decidieron rechazar de plano la Cuestión de Confianza en conformidad de las atribuciones establecidas en el artículo Nº 86 del reglamento del Congreso de la República. La decisión del Congreso de la República fue comunicada al presidente del Consejo de Ministros, a través del oficio 1162-2022-2023 – ADP – D / CR de la Oficialía Mayor.

Breve análisis del tema

Cuando el gobierno, un congresista o un grupo de ciudadanos presenta una iniciativa legislativa ante el Congreso, esta propuesta legislativa pasa a la Comisión respectiva para que examine el proyecto de ley. Dicha Comisión puede aprobarla para que pase al pleno del parlamento para su debate y aprobación con la suficiente argumentación, pero también puede mandarla al archivo con la suficiente motivación. Lo que no puede suceder, es que la Mesa Directiva del Congreso, supla al pleno Congreso Nacional o sustituya sus atribuciones y rechace una propuesta legislativa sin la suficiente motivación jurídica, sin ninguna resolución legislativa ni proyecto de ley que sustente el rechazo. Por mandato constitucional, el Congreso Nacional toma decisiones a través de resoluciones legislativas y proyectos de ley aprobados, pero la Mesa Directiva no puede adoptar decisiones que desconozcan los derechos de los 130 congresistas.

Eso es un abuso del derecho y no tiene respaldo constitucional. En ningún Congreso del Mundo, la Mesa Directiva suple al pleno del Congreso, ya que la Mesa Directiva es un ente de coordinación entre los grupos parlamentarios para definir temas a priorizar en la agenda legislativa, pero no puede atribuirse competencias que le competen exclusivamente a toda la representación parlamentaria. Todo parece indicar que la Mesa Directiva dominada por la mayoría de la derecha parlamentaria, teme el debate en el pleno del Congreso y no está seguro de tener los votos suficientes para rechazar la cuestión de confianza, por lo que ellos han decidido rechazar la cuestión de confianza que presentó el primer ministro, Aníbal Torres.

Ante esta situación, el gobierno tiene a nuestro juicio dos salidas e interpretaciones jurídicas. En primer lugar, presentar una acción de amparo ante el poder judicial contra la decisión de la Mesa Directiva que rechaza la cuestión de confianza por no haberse respetado el debido proceso ni el debido procedimiento parlamentario. En segundo lugar, el gobierno puede asumir que la decisión de Mesa Directiva del Congreso, le ha denegado la cuestión de confianza solicitada, por lo tanto, el primer ministro, Aníbal Torres, asume su derrota política y renuncia al cargo. Por lo tanto, el gobierno de Castillo, nombrará otro gabinete, que podrá presentar una segunda cuestión de confianza sobre un tema específico y si el Congreso, le deniega esta segunda cuestión de confianza, el gobierno de Castillo, podrá interpretar que, al negarse dos cuestiones de confianza, el poder ejecutivo estaría habilitado constitucionalmente para disolver el Congreso Nacional.

Todo parece indicar que el parlamento nacional no tiene buenos asesores jurídicos especializados en Derecho Constitucional pese a ser el primer poder del Estado y tener presupuesto para contratar buenos asesores jurídicos y no asesores mediáticos. Recordemos que el Congreso fue derrotado jurídicamente por el Tribunal Constitucional cuando la semana pasada le denegó la ampliación de la demanda cuando el parlamento pretendía que el Tribunal Constitucional se pronuncie contra el Poder Judicial para evitar que este poder público no intervenga contra competencias que según los legisladores son especificas del Congreso, en el caso concreto de la Defensoría del Pueblo. La segunda derrota se produjo esta semana cuando el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, afirmó que la acusación por traición a la patria que le endilgaban a Pedro Castillo por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, carecía de una adecuada motivación en sede parlamentaria y no se habia probado que Castillo haya dado pasos concretos para darle salida al Mar a Bolivia. Tenemos un Congreso sin brújula, sin norte, sin fundamentación jurídica que adopta decisiones políticas, antes que decisiones jurídicas y por eso es derrotado continuamente en el Tribunal Constitucional.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado.