La Jefa del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, Dra. Yulemi Valladares Díaz, recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores en contrataciones irregulares e ilegales en el Gobierno Regional de Arequipa en el año 2021 y 2022. Asimismo, recomendó que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, inicie las acciones penales contra funcionarios y servidores comprendidos en los hechos irregulares detectados en el informe de control específico 013-2022 del 05 de octubre del 2022 denominado, “Contratación temporal de servidores públicos bajo el régimen del decreto legislativo 276 y designación de asesora I de vice gobernación del Gobierno Regional de Arequipa”.

El informe de Valladares, recomienda al Consejo Regional disponga el inicio de las acciones que correspondan en relación a la gobernadora regional comprendida en los hechos irregulares, en tanto que a la gobernadora Gutiérrez, realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondan a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos irregulares detectados en el informe de control específico.

El informe de 130 páginas, tiene dos conclusiones específicas. El informe señala en la primera conclusión, que en el periodo enero 2021 a mayo 2022, se contrató irregularmente a 9 personas sin que exista necesidad de servicio ni se efectuó concurso público de méritos no cumpliéndose con la prohibición de ingreso de personal al DL 276 ni se encontraban en los alcances de excepcionalidad en el año 2022. Estos hechos irregulares causaron un perjuicio económico al Estado por 96,862 soles, siendo los responsables de las oficinas de recursos humanos, mientras que la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, al igual que el general Jorge Suclla, incumplieron sus obligaciones legales.

El informe refiere que, de las 9 personas contratadas por el GRA, 4 eran militantes del Movimiento Regional Unidos por el Gran Cambio. No solo eso, sino que Dalia Ancalle Peralta, consignó como domicilio la Calle Tacna 306 del distrito de Yanahuara donde domiciliaba la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez, pero también laboró en AUTODEMA en la oficina de imagen institucional donde la actual gobernadora era la encargada de dicha oficina. En igual situación se encuentra Leónidas Medina Ancasi, que es militante de Unidos por el Gran Cambio y laboró en imagen institucional de AUTODEMA con la actual gobernadora regional.

Similar situación se da en el caso de Edward Velarde Bernal, quien milita en Unidos por el Gran Cambio y trabajó en AUTODEMA con la actual gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, así como también es el caso de Paulina Díaz Cáceres, quien milita en Unidos por el Gran Cambio. Todos estos hechos irregulares según el informe de control, transgreden el decreto legislativo 1023, la ley 28175, el decreto legislativo 1440, el decreto de urgencia 014-2019, la ley 31115, la ley de presupuesto 31084, etc.

En la segunda conclusión del informe, se afirma que el gerente general del gobierno regional de Arequipa, Jorge Suclla, designó a la servidora del GRA, Irina Delgado en el cargo de confianza de asesor I de vice gobernación desde el 19 de enero del 2022, no obstante que la vicegobernadora desempeña el cargo de gobernadora regional a dedicación exclusiva, estando por tanto impedida de realizar otras labores, designación por tanto realizada sin que exista necesidad, no obstante que la gobernadora actual cuenta con dos asesores. Estos hechos irregulares contravienen las leyes 31365 de presupuesto 2022, la ley de código de ética de la función publica 27815, el decreto legislativo 1440, y el decreto supremo 004-2019 de la ley 27444 de procedimiento administrativo general.