El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en sesión extraordinaria por mayoría y con la participación de sus 34 embajadores que representan a similar número de países, aprobó la resolución de cuatro puntos donde acordó aplicar la Carta Democrática ante un intento de golpe de estado en el Perú en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo, como sustentó el Canciller César Landa ante los embajadores de diversos países de América Latina.

La resolución expresa su solidaridad y respaldo al gobierno elegido del presidente Pedro Castillo y la preservación de la institucionalidad democrática, realizando un llamado a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de derecho, reconociendo que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho.

Asimismo, expresa la disposición de la OEA a brindar apoyo y cooperación y designará un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación.

En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA intervino el Canciller del Perú, César Landa quien afirmó que el gobierno llamó a la concertación y al diálogo en forma permanente, pero la confrontación se ha agudizado en los últimos meses poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática, por lo que ratificó la activación de la Carta Democrática ante una eventual alteración del orden constitucional.

Landa, sostuvo que era necesario activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana para generar las condiciones de un diálogo y concertación nacional para superar las crisis y preservar la democracia, por lo que era necesario el envío de una misión conformada por los representantes de los estados que conforman la OEA para realizar una mirada neutral e independiente a la actual situación que vive el Perú en las próximas semanas.

Posteriormente, intervino el comisionado y relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Perú, Edgar Stuardo Ralón Orellana, quien lamentó que el Tribunal Constitucional contribuyó a la incertidumbre jurídica por su falta de pronunciamiento respecto a la figura de incapacidad moral permanente.

Orellana remarcó que esta falta de pronunciamiento contribuyó a una situación de incertidumbre jurídica respecto a otro tipo de causales como la acusación constitucional contra el presidente y la vicepresidenta, considerando que la crisis institucional en el Perú solo podrá ser superada si el TC actúa como árbitro para evitar arbitrariedades o excesos que quebranten el principio de legalidad, el debido proceso y el equilibrio de poderes, e invocó a todos los poderes del Estado abstenerse a hacer llamados a un arbitrario uso de la fuerza o rompimiento institucional.