pressadminseptiembre 23, 20225min72

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Es necesario reformular la ley del canon

canon extraccion

Imagen. Rumbo Minero

Acaba de crearse mediante la Resolución Suprema 230-2022-PCM, una Comisión Multisectorial presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros para “elaborar un diagnóstico y propuestas de mejora del marco regulatorio sobre la utilización y gestión del canon que contribuyan al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a los servicios públicos”.

Los diferentes estudios realizados acerca de la utilización de los recursos de canon a nivel de los gobiernos regionales y locales, tanto a nivel regional como a nivel de los gobiernos locales han mostrado profundas limitaciones para el logro de los objetivos que le dieron origen y que podrían resumirse en un gran propósito de compensación. Justamente, su origen y antecedente proviene de la experiencia del canon petrolero que se instauró ante la demanda de los pueblos amazónicos que no percibían beneficios de la explotación de los lotes petroleros descubiertos y en explotación en sus territorios, siempre postergados en las políticas y la inversión pública.

Luego de más de dos décadas de aplicación del canon en base a la asignación del 50% del impuesto a la renta de las empresas mineras a lo que, los últimos años, se ha sumado la regalía minera, el balance es muy desfavorable: los propósitos de compensación no se han cumplido y las zonas de explotación minera y petrolera no han tenido avances significativos en la superación de las brechas existentes.

Pero no solo eso, las inversiones con los recursos del canon se han aplicado en lo que podría llamarse un “pitufeo” de proyectos, esto es, la ejecución de pequeños proyectos sin impacto, con una lógica de siembra de cemento en acciones de mejora del ornato, calles o instalaciones deportivas sobredimensionadas y todas ellas ensombrecidas por la corrupción.

Además de no haber logrado reducir brechas, se ha generado también una distorsión por los mecanismos de asignación de los recursos, llegando a asignaciones desproporcionadas de ingentes recursos en distritos o provincias que no contaban con las capacidades ni las posibilidades para administrar los recursos. Se ha dado el caso de diferencias en recursos per cápita de 30 veces comparando localidades. Así, hay casos grotescos, en los que se han construido estadios o coliseos con capacidad mayor a toda la población de la localidad.

Otra consecuencia negativa en la actual distribución del canon, adicional a su fracaso como mecanismo de compensación, es las discordias entre los pueblos, sea distritos, provincias o regiones que no contemplan la posibilidad de compartir el canon con poblaciones o territorios que teniendo grandes carencias no poseen recursos del canon porque no existen yacimientos mineros en explotación.

Por esta situación, la revisión y reforma de la ley del canon es necesaria. Sin embargo, la conformación de la Comisión Multisectorial integrada exclusivamente por algunos ministerios entre los que no se considera a sectores claves en la tarea de superar brechas, como son Educación, Salud y Trabajo y de otro lado, la ausencia de instancias representativas en la gestión de recursos públicos como son los gobiernos regionales y las municipalidades y adicionalmente instancias de la sociedad civil con sus especialistas.

Esperamos que esta comisión Multisectorial sea reformada y que la reorientación del canon persiga la superación de las actuales deficiencias poniendo por delante las reales necesidades de la población para superar las brechas, los criterios de eficiencia y calidad en el diseño y ejecución de los proyectos, la solidaridad entre los pueblos y los territorios y el combate a la corrupción.

Rodolfo Marquina – Economista

 

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