pressadminseptiembre 18, 202220min98

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¿Cuáles son las auto reformas urgentes del Congreso en su bicentenario de fundación?

directiva del congreso

Imagen. Diario El Peruano

El Congreso es un poder del Estado que expresa la soberanía del pueblo y refleja el pluralismo político y social de la Nación, por lo que adquieren legalidad y legitimidad de origen, quienes son elegidos. Encarnan, por tanto, al poder constituido por la voluntad popular y tiene por funciones específicas, expedir normas de acuerdo a los procedimientos constitucionales, controlar el ejercicio del poder, fiscalizar los actos de los gobernantes y ejercer representación política.

En el Perú, el primer Congreso Constituyente se instaló el viernes 20 de septiembre de 1822 en una ceremonia que se desarrolló en la capilla antigua de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ceremonia que presidió el sacerdote y político arequipeño, Francisco Javier de Luna Pizarro. Sus primeros integrantes fueron 71 representantes, siendo su trabajo inicial la redacción y aprobación de la primera Constitución Política que fue promulgada el 12 de noviembre de 1823. Desde su instalación hasta hoy, año 2022, han transcurrido 200 años, en los cuales este poder del estado, tuvo una frágil institucionalidad, tal como sucedió con nuestra República.

Hubo recesos, interrupciones, golpes de estado, lo que en ocasiones motivó que el Parlamento se instale y sesione fuera de Lima. Sin duda que tuvo brillantes tribunos, juristas, oradores y polemistas que la historia legislativa no ha resaltado. Por supuesto que también el legislativo tuvo representantes repudiables e impresentables que no hicieron honor a su denominación de “Padres de la Patria”. Hoy en el siglo XXI, el Parlamento que merecería tener amplio respeto y prestigio institucional por parte del soberano, lamentablemente en imagen ante la opinión pública, cada vez está peor y más devaluado por múltiples razones que no viene al caso enumerar. El Congreso requiere por tanto de una auto reforma profunda, a nivel constitucional y reglamentario, no solo institucionalmente, sino también de sus nuevos inquilinos.

Esas auto reformas deberían ser promovidas hoy por su nuevo presidente, José Williams Zapata, ya que habitualmente al iniciar un nuevo periodo parlamentario, hay cierta predisposición política para hacer y aceptar los cambios, lo que no sucede posteriormente. Por lo tanto, urge se efectúen modificaciones constitucionales al poder legislativo, las cuales podrían contribuir a recuperar su prestigio en el futuro. Entre dichas reformas constitucionales, sugerimos las siguientes:

1.- Reformas constitucionales

Entre las ellas, las más importantes serían a mi juicio a nivel constitucional.

1.- Restringir la inmunidad parlamentaria. Esa protección constitucional ha permitido abusos de legisladores que rehúyen procesos judiciales con la complicidad de sus bancadas y de algunos padres de la patria que difaman y calumnian gratuitamente a honorables ciudadanos o a sus pares, amparándose en su inmunidad, lo que ha devenido en un privilegio impropio del siglo XXI el cual debe revisarse en forma impostergable.

2.- La revocatoria del mandato parlamentario. En un estado constitucional de derecho, todo lo que se crea, se puede cambiar, respetando obviamente los procedimientos y plazos establecidos. En una democracia tampoco hay vacas sagradas y lo que el pueblo elige, el soberano lo puede cambiar, por lo que, en el primer poder del estado, solo deben estar los legisladores más eficientes, más productivos y con comportamiento intachable. La elección popular no puede constituir un cheque en blanco a favor de los legisladores por cinco años y mantenerlos, aunque sean improductivos e incapaces. La actual Constitución solo permite que todos los congresistas sean revocados (salvo los que integran la Comisión Permanente) cuando el presidente de la república disuelve el Congreso luego que el Congreso no dio respaldo al plan de gobierno que expone el primer ministro. No hay otra forma de mandar a su casa a los legisladores, por lo que, si los ciudadanos pueden revocar a un alcalde o gobernador regional, no hay ninguna explicación para hacer lo mismo con los congresistas.

3.-Debería eliminarse el artículo 90 de la Constitución que señala que los candidatos a vicepresidentes puedan ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso. Eso debe ser derogado, ya que viola el principio de separación de poderes que consagra la misma Carta Magna, ya que los congresistas han sido elegidos para legislar y fiscalizar al gobierno, pero no que el vicepresidente elegido pueda ser congresista, ya que el congresista elegido deberá fidelidad a quienes lo eligieron y no a su gobierno. No puede tenerse fidelidad a dos amos.

4.- Asimismo, el artículo 92 de la actual Constitución, señala que el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de Ministro de Estado. No puede servirse a dos poderes estatales a la vez. Ambos cargos son incompatibles y reñidos con la función y ética pública. O se es congresista o es Ministro a tiempo completo, pero ambos cargos no pueden mantenerse paralelamente, ya que un poder representa al ejecutivo, que ejecuta lo que el gobierno prioriza, pero el otro cargo es de fiscalización por naturaleza, por lo que un parlamentario no puede ser juez y parte en un quinquenio. Eso desprestigia a la institución legislativa y debería modificarse.

5.- El mandato legislativo debe ser renunciable. No puede mantenerse en el parlamento a legisladores que no tienen voluntad, ni productividad ni interés de permanecer en el primer poder del estado tal como sucedió con el Congresista Javier Valle Riestra. Así como hay libertad amparada en el derecho de participación ciudadana para postular al Parlamento, también debería haber libertad para renunciar al cargo por razones previamente establecidas. El congresista no puede ser un esclavo del parlamento.

6.- Basta del monopolio de los partidos políticos. Debe reformarse la Constitución para que no siga continuando el monopolio de los partidos políticos que solo ellos pueden ingresar al poder legislativo y ejecutivo. Debe permitirse a futuro que postulen al Congreso representantes de organizaciones cívicas o sociales en frentes con personería jurídica reconocida para evitar que los partidos incorporen en sus listas solo a candidatos que ofrecen dinero para financiar campañas electorales subastando candidaturas por dinero, postergando a legítimos representantes de sectores sociales, productivos o profesionales. Eso tiene que acabar, de lo contrario solo los que tienen poder económico llegarán al Congreso, convirtiéndose en los hechos en lobistas al servicio de los empresarios mercantilistas.

7.- Urge, asimismo, que el Congreso ejercite un control político más severo a las normas que emite el poder ejecutivo lo que obligaría a revisar la Constitución sobre la delegación de facultades cuando se trata de decretos legislativos o decretos de urgencia o poner parámetros más precisos cuando el ejecutivo emite decretos de urgencia. Desde el año 1994 hasta el año 2011, los gobiernos de turno emitieron más de 1,300 decretos de urgencia y más de 1,000 decretos legislativos, abusando o interpretando erróneamente la denominación de “medidas extraordinarias o interés nacional”. El caso emblemático fue del Baguazo cuyo trágico saldo nos dejó 32 muertos donde el papel del Parlamento fue muy deplorable e incumplió su rol constitucional ya que oportunamente no ejerció control político.

2.- Reformas legislativas

En el reglamento legislativo, también deberían darse algunas modificaciones urgentes:

1.- Debería publicarse obligatoriamente y en forma mensual, el reporte de asistencia de todos los legisladores para que la ciudadanía esté informada del trabajo diario de los Congresistas y evitar abusos y excesos de los padres de la patria. El soberano necesita saber si el legislador asiste o no su centro de labor en forma regular ya que para eso se le paga una remuneración muy alta.

2.- Debe limitarse el número de licencias a los legisladores ya que es vergonzoso que en ocasiones las sesiones del pleno del Parlamento solo haya 70 u 80 legisladores de los 130 integrantes del Congreso. Las licencias solo deben proceder por enfermedad, por viaje al exterior o casos de sumas urgencia familiar, pero no por cualquier otro asunto personal.

3.- El Parlamento debería consultarle al pueblo una vez al año cuáles son las leyes que con prioridad les gustaría que sean debatidas y aprobadas. Con frecuencia es la junta de portavoces la que define la agenda legislativa anual de acuerdo a sus intereses políticos, económicos y sociales, pero en ningún momento es consultado el pueblo. Consultarle al soberano no solo legitimaría al Parlamento, sino que también le permitiría fomentar la participación ciudadanía y la transparencia en sus actos.

4.- Es necesario también que todas las sesiones del pleno del Parlamento se transmitan en vivo y en directo por el canal del estado o la emisora estatal, ya que muchos de los debates parlamentarios para aprobar, derogar o modificar leyes o artículos constitucionales, merecen ser conocidos por la población para saber cómo participan las bancadas políticas y nuestros legisladores en cada tema específico, incluida la labor de fiscalización.

5.- El Congreso debe sesionar en forma descentralizada en el interior del país, por lo menos una vez cada trimestre, en el sur, centro y norte del territorio nacional, no solo para que los ciudadanos conozcan a sus legisladores, sino que también puedan alcanzar sus demandas en propuestas de ley o de fiscalización hacia entidades públicas. No puede seguir el parlamento en pleno siglo XXI encerrado en su palacio alejado de las mayorías a quienes supuestamente representa. Toda propuesta de reforma constitucional debe ser discutida en foros descentralizados y no debe definirse estos temas en la capital del centralismo, donde es habitual que los lobistas presionen a los legisladores para incorporar, derogar o aprobar una reforma constitucional o reformas legales.

6.- Se debe retirar los seguros privados que tienen los congresistas, ya que es un privilegio incompatible que sanciona la discriminación que prohíbe nuestra Carta Magna. Si el congresista se enferma, debe ir al seguro público y si se quiere asegurar en el seguro privado, que lo haga con su dinero, pero no abusando del tesoro público. El pueblo elige en elecciones a representantes de la Nación al Congreso, no ha privilegiados que abusan del erario nacional.

7.- No debe permitirse que los congresistas puedan contratar a asesores y personal de apoyo, porque se supone que, si fueron elegidos, estaban preparados para el cargo. En los hechos, el actual Congreso se ha convertido en una “agencia de empleos” para los militantes de la partidocracia del parlamento que abusan e incluso colocan a ex legisladores como si el legislativo fuera una hacienda privada, cuando las remuneraciones de todos ellos salen del tesoro público. En los hechos, abusan de la autonomía constitucional que les consagra la Constitución al que la Contraloría no audita con regularidad, obviamente porque el Contralor es elegido por el Congreso.

8.- La Comisión de Ética debe tener un tratamiento más expeditivo y rápido para tratar las conductas antiéticas de los legisladores, ya que los actos ilegales y las conductas antisociales de los congresistas deben sancionarse ejemplar y oportunamente, y no mantener ese nefasto principio “que otorongo no come otorongo”. El caso reciente del congresista, Fredy Díaz, suspendido por 120 días, quien acuso a sus colegas de estar bebiendo en el recinto parlamento, evidencia la complicidad de las bancadas parlamentaria lo que desdibuja la imagen del Congreso ante el soberano.

9.- Los 130 congresistas elegidos una vez que asuman el cargo, deberían renunciar o pedir licencia a sus partidos políticos de origen. En los hechos, una vez elegidos representan a toda la nación, es decir a los 33 millones de peruanos y su estancia en el cargo y su fidelidad debe ser ante el soberano a quien representa y no ante a las cúpulas de sus partidos políticos y mucho menos al poder mediático ni poder económico ni a un ningún poder fáctico. En los hechos, mayoría de los congresistas actúan por consigna e interés, y generalmente no piensan en los intereses nacionales ni en las demandas de los ciudadanos. Son intocables y abusan de su inmunidad e incurren en corrupción normativa que es cuando un legislador “acelera la aprobación de una ley” que le interesa a él y a los lobbys que los respaldan y postergan a “las calendas griegas” proyectos de ley que no les convienen a sus intereses, lo que debe acabar en el recinto parlamentario.

Algunas reflexiones finales

Considero que las auto reformas deben partir del propio legislativo ya que tienen el poder constitucional y normativo para dar las leyes y resoluciones legislativas para que el Congreso se reencuentre con el pueblo y el soberano sienta que, en el primer poder del Estado, están los legítimos representantes de la Nación que emergieron de la voluntad popular y no lobistas ni mercantilistas que aprueban leyes que les conviene e interesa para los grupos económicos como se percibe en la opinión pública.

Hoy el Congreso que como institución tutelar de la patria en su bicentenario, su popularidad o aprobación no supera el 10% por lo que tienen legitimidad de origen, pero están perdiendo la legitimidad de ejercicio, tan solo porque en su agenda, presionada por la ultraderecha legislativa, su única agenda es la vacancia, la renuncia o el antejuicio político contra el presidente y las interpelaciones y censuras a los ministros, incurriendo en el abuso del derecho, lo que ha conllevado a su descredito institucional ante la opinión. Una cosa es el control político que la Constitución les reconoce al parlamento, otra cosa es el abuso del derecho en que están incurriendo.

Dudo mucho que el nuevo presidente del Congreso, José Williams Zapata, impulse estas auto reformas, por lo que, si no lo hace, el soberano seguirá criticando al Congreso por utilizar a ese poder del Estado para sus intereses políticos, económicos y sociales y no priorizando temas de los intereses de nuestro Estado. O el Congreso se auto reforma y pone en marcha una auto reingeniería o será una institución fantasmal que existirá en la estructura del Estado, pero nadie creerá en ella.

Williams tiene la palabra y esperamos que en su discurso de orden por el bicentenario el 20 de septiembre, no solo de a conocer aciertos, sino errores, pero fundamentalmente, las auto reformas desde el Congreso que hemos reseñado y otras más que requiere nuestra actual Carta Magna.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

El artículo de opinión publicado ganó el segundo puesto en el Concurso Nacional para Periodistas y Estudiantes de Comunicación Social el año 2011 donde participaron más de 70 trabajos académicos y que organizó el Congreso Nacional de la República. Fueron premiados en la categoría de periodismo, Mauricio Zavaleta Siri de la ciudad de Lima y Hugo Amanque Chaiña de la ciudad de Arequipa. En la categoría de publicidad, Jorge Shinmo, José Martínez y David Vargas, Osmar Pua y David Sandoval).

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