Urge cambio del sistema de administración de justicia en el país afirma ex juez Aníbal Maraza

La Corte Superior de Arequipa hasta ahora no aprueba indicadores de producción judicial pese al aumento de la sobrecarga procesal en los últimos años que presentó el Colegio de Abogados en el Consejo Ejecutivo Distrital de Arequipa, pero también debe aumentarse el número de órganos jurisdiccionales ya que en 1975 había 6 juzgados civiles y hoy sólo tenemos 11 juzgados cuando debería haber por lo menos 20 juzgados al aumentar la población. Así lo afirmó el abogado y ex juez, Dr. Aníbal Maraza Borda, representante del Colegio de Abogados de Arequipa en el Consejo Distrital Judicial, quien solicita la actualización de algunos Códigos que hoy son vetustos, pero también demanda la desaparición de la Junta Nacional de Justicia porque no siempre hace buenos nombramientos de jueces y debería ser reemplazado con la Escuela de la Magistratura como sucede en España. Compartimos la entrevista que concedió al portal digital Arequipa Misti Press.
¿Quién es Aníbal Maraza Borda?
Soy abogado egresado de la Universidad Catolica Santa Maria. Desde 1975 trabajé en la Corte Superior como estudiante y era trabajador empleado. Fui Juez y me he jubilado hace pocos años laborando en la Corte 35 años.
Usted integra el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte de Arequipa en representación del Colegio de Abogados de Arequipa. ¿Qué peticiones concretas ha presentado usted para mejorar el sistema judicial en Arequipa?
Presente una innovación tecnológica para mejorar el servicio judicial ya que creo que debe medirse la producción de los especialistas judiciales y jueces.
¿Por qué debe medirse la producción judicial?
La falla es que algunos trabajadores no cumplen sus labores oportunamente, su jornada es de 8 horas que no refleja su producción a la jornada que laboran.
¿Eso quiere decir que no hay indicadores de producción judicial?
Los primeros especialistas que vinieron no conocían de administración y distraían su tiempo en otras cosas y no tenían control. En esa época yo hice una Maestría en Administración y efectué un programa de control de los trabajadores. Impuse reglas fuertes y no permití que a los juzgados ingresen personas extrañas como vendedores. Se trajo a una administradora de Lima y se ordenó mucho mejor. Se quería implementar algunos beneficios para los trabajadores que más destaquen producto de multas con un fondo, pero no se concretó.
¿Hay o no indicadores de productividad judicial en la Corte de Arequipa?
No hay indicadores y es muy relativo ya que no se publica. La vez pasada hubo una feria tecnológica y se presentaron varias propuestas y la Corte de Puno hizo una propuesta con gráficos, pero no señalaba la producción individual de cada especialista. Hay especialistas que salen de vacaciones y no los reemplaza nadie. Se acumulan 1,500 expedientes, vuelven a trabajar, les da COVID y se vuelve a acumular más expedientes.
¿Cuál es su planteamiento ante este problema?
Yo planteo que haya un control de producción judicial que equivalga a 8 horas de trabajo. El especialista debe presentar proyectos de resoluciones, decretos, etc. Eso para que se no acumule expedientes y permitiría que haya respuesta rápida a los litigantes.
¿Su propuesta de indicadores de producción judicial ha sido acogido o no?
He presentado este proyecto hace 4 meses atrás y no tengo respuesta.
¿Qué va a pasar si pasan los meses y eso no se concreta?
El Colegio de Abogados ha insistido mediante un oficio al presidente de la Corte Superior para en el Consejo Ejecutivo ese tema se aborde, ya que ese es el órgano que debe definir ese tema. El Consejo también debe hacer un estudio sobre la carga procesal y el número de órganos jurisdiccionales. En juzgados de paz letrado hay jueces que tienen hasta 4 mil causas y ellos no pueden solucionar esa tremenda sobrecarga ya que esa es función del sistema judicial y compete al Estado para dotarlos de órganos jurisdiccionales suficientes.
¿Usted que integra el Consejo Ejecutivo Distrital de Arequipa debe usted conocer cuál es la sobrecarga judicial?
He preguntado y en cada juzgado hay en promedio entre 500 y 600 procesos y eso humanamente no lo pueden resolver. Está fallando el apoyo del Estado ante el crecimiento que debe tener el sistema judicial. En 1975 habia 6 juzgados civiles y después de 40 años hay sólo 11 juzgados civiles, mientras que la población se ha duplicado y debería haber por lo menos 20 juzgados civiles hoy. Eso permitiría atender adecuadamente los conflictos sociales. Somos una sociedad litigiosa ante el incremento de problemas sociales.
¿De toda la sobrecarga judicial donde se produce la mayor carga?
En familia por la violencia familiar, agresión a las mujeres, etc., eso se da por fracturas sociales y por motivos económicos.
En la maratón judicial 2022 la Corte de Arequipa quedó en primer lugar en el interior del país, pero los abogados exigen que esa misma celeridad para las maratones que ponen los jueces, se dé prioridad a los otros procesos que están estancados lo que hoy no se percibe. ¿Qué está fallando allí?
Las famosas maratones judiciales no son muy ciertas ya que hay una sobrecarga fuerte ya que los jueces no resuelven sus casos oportunamente, entonces trabajan esos expedientes y luego los publicitan lo que creo que daña la imagen de la Corte de Arequipa y eso no soluciona el tema de fondo.
¿Usted está diciendo entonces que las maratones sirven solo para limpiar la imagen de la Corte?
Exacto y la salida es hacer crecer la creación de órganos jurisdiccionales y los trabajadores especialistas tengan indicadores de producción y laboren 8 horas.
El tema es que los poderes públicos están desaprobados en su mayoría y no hay confianza de la población hacia el Poder Judicial. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del PJ?
Mire, no todos los magistrados son idóneos y hay algunos que ingresaron con vara y a veces resuelven mal las resoluciones.
¿Eso quiere decir que el sistema de evaluación y nombramiento de jueces en el país no es bueno?
Trabaje 35 años en el poder judicial y al Estado, pido mi CTS y me pagan 13 y exijo que me paguen íntegramente y me responden que eso no es pensionable, y me sacan una resolución y resuelven contra la ley y le hacen daño a la sociedad. Las famosas improcedencias de las demandas solo sirven para ganar puntos y aumentar su producción, ya que son resoluciones que definen los procesos. Unos apelan para conseguir la revocatoria.
¿Usted estima entonces que la Junta Nacional de Justicia no selecciona bien los jueces y debería modificarse el actual sistema?
En el diseño del sistema judicial hay que borrar a la Junta Nacional de Justicia y al Consejo Nacional de la Magistratura.
¿Qué sugiere usted o plantea entonces?
Hay que fortalecer la Academia de la Magistratura como sucede en otros países y los magistrados deben hacer allí sus cursos de capacitación, como sucede en España e Italia.
Entiendo que en España hay una Escuela de Jueces
Claro, en España hay la Escuela de la Magistratura como en Italia.
¿Por qué razones e intereses eso no se aplica en el país?
Sí, hay intereses, ya que el poder ejecutivo y legislativo utilizan al poder judicial para su beneficio.
¿Eso querría decir que hay jueces débiles y genuflexos en el poder judicial que se prestan a esos intereses?
Pero ellos no nombran a los jueces.
Claro, ¿Pero no es la Junta Nacional de Justicia quien los nombra a los jueces?
En la Junta Nacional de Justicia hay siete miembros y nombran jueces y a los primeros los hacen bien en los nombramientos. Luego, uno de ellos le dice a su colega, apóyame con este nombramiento y posteriormente le pide a su colega le devuelva el favor.
¿El problema es del sistema o de las personas en la evaluación de los jueces?
El problema es del sistema ya que el grupo humano cuando se junta tiende a apoyarse. Eso no sucede cuando evaluamos a un magistrado en forma académica ya que no hay manipulación ni entrevista. La entrevista personal que hacen los magistrados en la JNJ es el momento en que confluyen una serie de factores que influyen para su nombramiento.
Los magistrados cuestionan el sistema de ratificación judicial prevista en la ley. ¿Según usted debe o no ratificarse a un juez?
Mire, el sistema de ratificación no debe existir ya que es un mecanismo de control político que pretende observar cómo se han comportado los jueces. Una vez yo resolví un problema de una televisora de la congresista Mendoza del Solar que se habia enfrentado al empresario Ricardo Belmont de Lima. Resolví y la señora se fue a Lima ante el Consejo Nacional de la Magistratura para sacarme del cargo. Existe la amistad, el compadrazgo y pretendieron sacarme como venganza política.
¿Al poder legislativo y ejecutivo el pueblo los cambia cada cinco años en las elecciones, pero como pretender que no haya ratificación a los magistrados si en el Estado todos deben ser evaluados cada cierto tiempo?
Se evalúa en forma permanente como sucede en otros países, se mide la capacidad y calidad la resolución de los jueces, incluso son evaluados psicológicamente viendo su producción judicial.
Años atrás en el Colegio de Abogados se encuestaban a los letrados respecto a la producción y resolución de los jueces de Arequipa y esa práctica no se da hoy, cuando debería continuar si las resoluciones de los magistrados se ajustaban a ley y a los hechos. ¿Por qué no se vuelve hacer eso o no quieren chocar por interesados creados en el Colegio?
Al Colegio de Abogados no le corresponde eso que usted indica. Podríamos comentar las sentencias, pero si podemos canalizar las quejas contra los magistrados ante el órgano competente. Yo vi que un juez dio libertad en forma excepcional a una persona que mató a su hermano valiéndose de una excepción. Se informó al Consejo Nacional de la Magistratura y en su evaluación respondió que él sólo no firmó la resolución, sino que también lo hicieron otros dos jueces más y no lo ratificaron. El magistrado debe ser evaluado bien.
Los colegios de abogados han presentado un proyecto de ley al Congreso para que los jueces no dicten cátedra en las universidades. ¿En resumen, cuál es la fundamentación en síntesis?
El magistrado debe dedicarse solo a la judicatura, si trabaja para las universidades, debe preparar sus clases, ir a trabajar presencialmente y trabajar en algunas comisiones que le deleguen y eso supone tiempo que debe dedicarlo a su juzgado. En algunas universidades hay líneas de corrupción ya que un magistrado puede sacar una resolución a favor de la universidad denunciada y casi de inmediato es invitado a dictar catedra, ya que algunos rectores por buscar impunidad, invitan a jueces lo que no puede darse.
El proyecto de ley que usted menciona debe ser aprobado por una reforma constitucional de no permitir que los jueces dicten cátedra. ¿Creen usted que tengan respaldo en el Congreso?
La renuncia debe darse en el poder ejecutivo y legislativo para que no presionen al poder judicial lo que es difícil porque siempre querrán manejar el sistema judicial indirectamente. Por ejemplo, en las remuneraciones, los magistrados supremos piden un bono por alta producción jurisdiccional y los congresistas lo aprueban y luego los congresistas también aprueban otros bonos para ellos y nadie reclama nada. Hoy los jueces supremos ganan 42 mil soles y eso es un sistema injusto.
¿Usted señala también que los Códigos en el país son vetustos y desfasados y cuál de ellos deberían ser actualizados?
Por ejemplo, el Código Civil ya que tiene instituciones antiguas que deben ser actualizados en familias, contratos, así con un Código de Procedimientos oralizados más rápidos. Es como si usted tuviese un carro nuevo para conducir, pero la pista está mal o al revés, por lo que tiene ir las dos cosas paralelas en modificaciones.
¿Por qué entonces el poder judicial que tiene iniciativa legislativa no presenta estas reformas y otras para optimizar el sistema judicial?
No sé si lo habrá presentado o no, pero son necesarias algunas reformas para actualizar las normas vigentes.
Finalmente, ¿Qué innovación es la más urgente en el sistema de administración de justicia en el país?
Es urgente un cambio urgente en el sistema de administración de justicia peruano, porque siempre estamos de parche en parche para salir de esta crisis permanente y haya mayor celeridad y seguridad jurídica que reclaman los litigantes cuando tienen procesos que no se resuelven oportunamente dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente lo que afecta sus derechos fundamentales.