La congresista María Acuña Peralta presentó el proyecto de ley por el cual pretende establecer responsabilidad penal por falta de idoneidad en expedientes técnicos y proyectos para obras públicas de mala calidad y que no puedan ejecutarse. La propuesta pretende modificar el artículo 384 del Código Penal de colusión simple y agravada por el cual se considera concertación cuando el funcionario o servidor público que debiendo tener conocimiento por razón de su profesión, aprueba, acepta, un expediente técnico que en su ejecución ocasiona daño, paralización, inutilización o imposibilidad de ejecución de una obra pública, debiendo extenderse al contratista.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, la congresista afirma que hay miles de expedientes técnicos de obras paralizadas en el país desperdiciándose recursos económicos estatales por problemas de corrupción, mala elección de técnicos o concesionarios, pero también las paralizaciones se deben a la irresponsabilidad e inacción de funcionarios y empleados públicos y contratistas privados. El Contralor Shack, informó que 2,369 obras por contrata continúan paralizadas que representaban una inmovilización de 22,453 millones de soles, de cuyas obras solo 359 obras podrían reactivarse de las cuales solo 101 obras se habían reactivado.

Según la Contraloría, la mayor cantidad de obras paralizadas es del sector salud, siendo las mayores irregularidades en ampliaciones de plazo sin sustento legal liberando al contratista de pago de penalidades, reconocimientos sin sustento de mayores gastos generales, liberación de obligaciones contractuales, aprobación de adicionales de obra que no tienen sustento y que no cumplen normas técnicas, pago de adelantos directos y otros adelantos sin que cumplan condiciones contractuales.

Otra irregularidad detectada por Contraloría es la convocatoria licitaciones sin tener disponibilidad de terrenos o aprobar propuestas técnicas sin cumplir con los requerimientos técnicos o legales, habiéndose identificado 200 responsabilidades 74 de ellas de carácter penal en 65 funcionarios públicos en Cusco, Arequipa y Junín. La congresista agrega que, si bien la legislación de contrataciones del estado permite emitir sanciones administrativas, es necesario que se agreguen sanciones penales por la inacción y falta de capacidad técnica por parte de los actores inmersos en los procesos de gestión de las obras publicas para cautelar el uso eficiente de recursos estatales.

La propuesta plantea que se considere como concertación, cuando el funcionario o servidor público que debiendo tener conocimiento por razón de su profesión, aprueba, acepta un expediente técnico que en su ejecución ocasiona daño, paralización, inutilización o imposibilidad de ejecución de una obra pública, debiendo extenderse la pena al contratista.