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El gobierno del presidente Castillo, mediante decreto supremo 103-2022-PCM, publicado en el diario oficial, aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 que es de cumplimiento obligatorio y se aplica a todas las entidades de la Administración Pública, señaladas en el Artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 2.2 En el caso de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, su aplicación se da solo en aquello que le resulte aplicable.

La conducción de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, en su calidad de ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Para tal efecto, dichas entidades coordinan con la Presidencia del Consejo de Ministros, la implementación de los servicios identificados y otras acciones a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.

El decreto afirma que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, lidera el proceso de articulación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, mientras que la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, se efectúa con cargo al Presupuesto Institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

En el diagnóstico del problema público y su situación actual, se ha detectado un inadecuado diseño de políticas públicas, inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos de la política pública, limitada capacidad de gestión interna para generar bienes y servicios de calidad, limitados procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua orientada a resultados, insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas.

Entre las alternativas de solución al 2030, se ha previsto la realización de las siguientes actividades: a) Contar con un mecanismo para la construcción de políticas públicas basadas en evidencia, b) Implementar progresivamente el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) en las entidades públicas, c) Potenciar y/o asegurar la implementación de los mecanismos de articulación intergubernamental e intersectorial, d) Promover la implementación de los modelos de provisión de bienes y servicios, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, e) Integrar los sistemas administrativos para la provisión de bienes y servicios, f) Asegurar la implementación de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil en los tres niveles de gobierno, g) Fortalecer la gestión del desempeño de los servidores civiles para fortalecer las habilidades relevantes que se requieren en el servicio civil, h) Incrementar el acceso a servicios a través de canales digitales, i) Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento, evaluación, gestión del conocimiento y mejora continua de la calidad de los servicios, j) Fortalecer la gobernanza para la implementación de la transparencia y acceso a la información, participación, rendición de cuentas e integridad pública, k) Fortalecer la estrategia comunicacional de las entidades públicas, a través de estándares que aseguren su pertinencia.