Imagen. Andina

El jueves 11 de agosto el congresista Francis Paredes Castro, presentó la moción de orden del día para formar una comisión investigadora multipartidaria encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas a que hubiera lugar en torno a la designación de nuevos fiscales del Caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

Paredes en la fundamentación de su moción, sostiene en resumen que el 22 de julio la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, mediante resolución 1529-2022, dio por concluida la designación de la fiscal adjunta suprema transitoria del Caso Cuellos Blancos del Puerto, Dra. Fany Quispe Farfan, y que en esa misma fecha mediante resolución 1533-2022, se dio por concluidos los servicios del Dr. Pablo Sánchez Velarde como coordinador general del equipo especial de fiscales del caso Cuellos Blancos.

Agrega que, según la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción en el informe sobre la corrupción en el sistema de justicia en el Caso Cuellos Blancos, informó que, de un total de 334 jueces y fiscales procesados por varios delitos, 76 están involucrados en el Caso Cuellos Blancos, siendo en total 330 los procesos penales que involucran a jueces y fiscales. Según el informe de “Ojo Público”, solo 16 están con orden de prisión preventiva, habiéndose creado el equipo especial de fiscales del Caso Cuellos Blancos el 05 de julio del 2019.

El congresista sostiene que el decreto legislativo 052 que regula al Ministerio Publico, en el artículo 80-B sobre designación de fiscales especializados para determinados delitos, determina que el Fiscal de la Nación previa aprobación de la Junta de Fiscales Supremos podrá designar fiscales para que intervengan según su categoría en la investigación y juzgamiento que requieren de la intervención de fiscales especializados del Ministerio Público.

Por lo tanto, la Fiscal de la Nación habría vulnerado el artículo 80-B designando a fiscales sin previa aprobación de la Junta de Fiscales Supremos siendo nulos los actos administrativos de las nuevas designaciones de fiscales. El congresista Paredes afirma que estos hechos son suficientes para que el Congreso para que en el ejercicio de sus funciones amparados en el artículo 97 de la Constitución, pueda iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, así como el artículo 88 del Reglamento del Congreso, por lo que la investigación debe determinar la presunta intromisión en el correcto y diligente desarrollo de las investigaciones a fiscales, jueces y empresarios, por lo que debe constituirse una Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de determinar las responsabilidades políticas, penales y administrativas en torno a la designación de nuevos fiscales del Caso Cuellos Blancos, Comisión que debe estar integrada por 5 integrantes y tendrá plazo de 90 días para efectuar la investigación y presentar su informe final.

Asimismo, la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre, el 11 de agosto presentó la moción de orden del día donde el Congreso debe aprobar que se exhorte a la Fiscal de la Nación que explique el país en un mensaje institucional porque se habría entrometido en las investigaciones relacionadas a su hermana, la jueza, Emma Benavides, investigada en los Casos del Clan de los Sánchez Paredes y Cuellos Blancos.

Portalatino sostiene que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, efectuó movimientos cuestionables al interior de su institución entre ellos, el retiro de la fiscal Bersabé Revilla de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos donde se investigaba a la hermana de la Fiscal de la Nación, Emma Benavides Vargas. Asimismo, señala que la Fiscal de la Nación, apartó al Fiscal Superior Provisional, Francke Almanza, que acusó contra Sánchez Paredes, designando Patricia Benavides a una fiscal especializada en materia civil a pocos meses para que acabe el juicio contra la familia acusada de lavar dinero del narcotráfico.

Agrega también que la Fiscal de la Nación, habría desmantelado el equipo de fiscales del Caso Cuellos Blancos, lo que es gravísimo ataque a las investigaciones en curso, por lo que la justicia tiene que ser equitativa para todos lo que supone que por un actuar imparcial y sin intromisiones en la actividad fiscal.