Imagen: Yo Arequipa

El ex rector de la UNSA y actual precandidato al gobierno regional de Arequipa por el Movimiento Regional, “Yo Arequipa”, Dr. Rohel Sánchez, mediante su asesor legal, Dr. José Suarez, informó que no aceptan la rectificación del representante de la Asociación Kuskachay, Eduardo Herrera Velarde, publicada en su Facebook y confirmó que continuarán con la querella por difamación y calumnia interpuesta el jueves 14 de julio ante el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Cerro Colorado de Arequipa, donde solicita una reparación civil de 1 millón de soles por daño moral a su honor y dignidad personal.

Suarez, refirió que la rectificación unilateral de Herrera no reconoce el daño moral y el honor mancillado de Rohel Sánchez y no hay voluntad de arrepentimiento del autor de la difamación, cuando era su obligación disculparse pública y directamente mediante conferencia de prensa como lo hizo en la Cámara de Comercio cuando acusó al ex rector de dos delitos imputados que Sánchez ha desmentido documentadamente con copias de la Corte Superior de Arequipa y el Ministerio Publico. El abogado defensor del precandidato de “Yo Arequipa”, señaló que su defendido no ha tenido ningún dialogo con Herrera en la última semana y consideró que la rectificación es insuficiente al daño moral causado por la trayectoria del ex rector agustino, además que Herrera no ha retirado de su página web las acusaciones gratuitas al Dr. Sánchez como era su obligación, lo que evidencia que no hay sincero propósito de rectificación y enmienda de parte del representante de Kuskachay.

Finalmente, dio cuenta que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Cerro Colorado está en la etapa de calificación del expediente y que la próxima semana podrían citar a las partes y sus defensas técnicas ante el magistrado, quien en tres o cuatro meses como máximo, dictará una sentencia condenatoria o absolutoria la que debe estar bien motivada. Remarcó que no retirarán la denuncia penal e irán hasta las últimas consecuencias ya que debe sentarse precedentes en el país contra personas irresponsables que, sin rigor, acusan gratuitamente sin las pruebas correspondientes, olvidando que el honor y la dignidad personal son derechos fundamentales que el Estado y la Sociedad deben respetar y proteger por mandato constitucional.