En una prolongada reunión de cuatro horas en la sede del ejecutivo regional el lunes 11 de julio, la gobernadora Kimmerle Gutiérrez, se reunió con 11 consejeros regionales encabezados por su presidente José Hancco, donde abordaron tres temas concretos. El primer tema fue sobre el presupuesto institucional y las transferencias aprobadas a municipalidades distritales y provinciales en el primer semestre 2022, donde los funcionarios regionales informaron que han transferido más de 70 millones de soles, sin embargo, algunas de estas transferencias tienen múltiples observaciones en los expedientes técnicos por lo que algunas de estas partidas han sido paralizadas hasta que se subsanen los problemas detectados. Los funcionarios informaron a los consejeros que alistan para el segundo semestre 2022 un segundo grupo de transferencias a municipalidades, cuya lista debe darse a conocer en las próximas semanas.

El segundo tema fue sobre la adenda 13 donde la gobernadora Gutiérrez y los funcionarios de AUTODEMA, dieron cuenta que la concesionaria Cobra habría solicitado algunas exigencias nuevas que la gestión regional no está dispuesta a aceptar y hará respetar el contrato establecido donde ambas partes asumen obligaciones establecidas en el TUO. Gutiérrez no precisó la fecha de la suscripción de la adenda, aclarando que el plazo de caducidad vence el 24 de julio y que en las últimas semanas están en coordinaciones con la concesionaria para fijar la fecha definitiva. Los consejeros interrogaron a la gobernadora si tiene o no un plan de contingencia si acaso no se llega a firmar la adenda 13 en el plazo establecido, por lo que Gutiérrez, indicó que se están preparando también para ese posible escenario, al tiempo de descartar cambios en la adenda 13 y afirmar que no cederá a las peticiones de Caylloma que exige parcelas de 10 hectáreas, y cualquier modificación se podría efectuar luego de suscribirse la cuestionada adenda 13 con la empresa contratista.

El tercer tema que abordaron, fue el destrabe de obras públicas en la gestión regional, informando el funcionario de infraestructura que, de las 70 obras programadas por administración directa, por lo menos 50 están paralizadas por múltiples razones, por lo que se comprometió a destrabarlas solicitando a los consejeros que no lo presionen. Sin embargo, les solicitó que fiscalicen en cada provincia las obras publicas programadas ya que en algunos casos algunas obras han tenido algunas irregularidades que han motivado su paralización, lo que no debe repetirse para evitar a fin de año que retorne al tesoro público las partidas económicas presupuestas en inversión pública.