pressadminjunio 15, 20228min323

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Proponen crear tribunal de resolución de conflictos universitarios

la bazan

Imagen. TV Perú

La congresista Singrid Bazán presentó el proyecto de ley para modificar el artículo 75 de la Ley Universitaria 30220 relacionado al Tribunal de Honor Universitario e incorporar el artículo 134 y crear el Tribunal de Resolución de Conflictos Universitarios que es un órgano adscrito al MINEDU con independencia técnica para resolver, en vía de apelación, las controversias individuales, colectivas y disciplinarias entre miembros de la comunidad universitaria. El Tribunal constituye la última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas únicamente ante el Poder Judicial a través de la acción contenciosa administrativa. Excepcionalmente, los denunciantes pueden acceder al Tribunal de manera directa siempre y cuando acrediten que no existe un debido proceso para la resolución de sus controversias y/o cuando exista un retardo injustificado en la resolución de la controversia.

El artículo 135 señala que el Tribunal está conformado por siete miembros titulares: Dos representantes de los estudiantes, siendo una mujer y otro hombre, que tengan como mínimo treinta y seis créditos aprobados, Dos representantes de los profesores, siendo una mujer y otro hombre, al menos uno será principal y el otro podrá ser ordinario o auxiliar, Un representante de los trabajadores que tenga como mínimo cinco años de servicio, Un representante de los egresados, Un representante designado por el MINEDU. Los miembros titulares del Tribunal señalados en los incisos a), b), c) y d) son elegidos cada dos años mediante elecciones democráticas a nivel nacional. Dichos miembros cuentan con un suplente.

El proceso electoral es organizado por el MINEDU con apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Los miembros titulares eligen al Presidente. Se reúnen en sesión ordinaria una vez cada tres meses, y de forma extraordinaria por iniciativa del Presidente, o a pedido de dos de sus miembros titulares. El quórum requerido para que el Tribunal sesione ordinaria y extraordinariamente es de la mitad más uno de los miembros titulares. Los acuerdos son adoptados por mayoría simple de los miembros asistentes. Los miembros del Tribunal reciben dietas por cada sesión en la que participan.

El artículo 136 afirma que el Tribunal tiene las siguientes atribuciones: Recibir, en vía de apelación, las controversias individuales, colectivas y disciplinarias donde estén involucrados miembros de la comunidad universitaria, Investigar, en caso corresponda, ordenar medidas de protección y medidas cautelares, Revisar y evaluar las acciones y omisiones realizadas por las universidades acerca de las controversias que haya tomado conocimiento, Determinar la responsabilidad de la universidad y de los miembros de la comunidad universitaria y, en caso corresponda, sancionar y emitir recomendaciones.

Entre tanto, el artículo 137 precisa que el Tribunal puede determinar responsabilidad y sancionar a miembros de la comunidad universitaria, así como sancionar a las universidades por acciones y omisiones que constituyan como infracciones. Las infracciones serán calificadas como leves, graves y muy graves. El Tribunal, en función a la gravedad de las infracciones, podrá imponer las siguientes sanciones: Infracciones leves: llamada de atención pública a la/s persona/s responsable/s, así como a la universidad. Infracciones graves: Suspensión por un año a la/s personas responsable/s y multa no mayor a 5 UIT a la universidad. Infracciones muy graves: separación definitiva o destitución o expulsión, según corresponda, a la/s persona/s responsable/s y multa mayor a 5 UIT a la universidad. Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas.»

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Bazán afirma que en los últimos años se han visibilizado numerosas denuncias de estudiantes, profesores y trabajadores que ven afectados sus derechos por no tener canales serios ni transparentes de recepción e investigación sobre controversias individuales, colectivas y disciplinarias entre miembros de la comunidad universitaria, pese a existir la Defensoría Universitaria, Tribunal de Honor Universitario y Consejo Universitario.

Es preocupante la situación que se está configurando en las universidades, persecución judicial contra estudiantes y representantes estudiantiles que deciden denunciar públicamente casos de hostigamiento. Asimismo, se debe evidenciar la relación de poder que se configura entre los docentes y estudiantes, teniendo los primeros más recursos, prestigio y redes de contacto. La corrupción es un tema que también está presente dentro de las universidades, según Daniel Mora, 15 universidades públicas, 30% de las que existen en el país, enfrentan una crisis severa por denuncias de corrupción contra sus autoridades.

No obstante, el conflicto de intereses y las presiones de diversos frentes influyen en las decisiones de las instancias administrativas, lo cual en algunos casos genera que no se sancionen estos casos. Si bien la SUNEDU tiene la capacidad de sancionar a las universidades por haber cometido ciertas infracciones, se evidencia la falta de investigación y sanción por parte de las universidades en controversias individuales, colectivas y disciplinarias entre miembros de la comunidad universitaria. Esto es una situación alarmante ya que diversos miembros de dicha comunidad conviven en entornos violentos, corruptos, poco democráticos y transparentes. La falta de investigación causa vulneración a diversos derechos, la falta de aplicación de las sanciones y de medidas de protección, exponen a más irregularidades y situaciones de violencia a los miembros de esta comunidad.

La propuesta legislativa de la congresista Bazán, pretende crear un Tribunal de Resolución de Conflictos Universitarios que sea un órgano adscrito al MINEDU con independencia técnica para resolver, en vía de apelación, las controversias individuales, colectivas y disciplinarias entre miembros de la comunidad universitaria. Este Tribunal constituye la última instancia administrativa. Excepcionalmente, los denunciantes podrán acceder al Tribunal de manera directa siempre y cuando acrediten que no existe un debido proceso para la resolución de sus controversias y/o cuando exista un retardo injustificado en la resolución de la controversia. Esto con el fin de prever la falta de procesos dentro de la universidad donde los miembros de la comunidad universitaria puedan acudir para tutelar sus derechos.

pressadmin


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