El 07 de abril el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, presentaron ante la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, el proyecto de reforma constitucional del artículo 61 de la Constitución Política del Perú. El proyecto a reformarse debe quedar de la siguiente manera: «El Estado facilita y vigila la libre competencia, según los principios y fines de la Economía Social de Mercado. Están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, especulación o concertación de precios, así como el abuso de posiciones dominantes en el mercado. La ley establece las sanciones correspondientes en los ámbitos civil, administrativo y penal para las personas naturales o jurídicas que incumplan dicha prohibición. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio, oligopolio, ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares. Se prohíbe la propiedad cruzada de los medios de comunicación social, de acuerdo con la ley».

En la exposición de motivos del proyecto de reforma constitucional se afirma que, según el artículo 58° de la Constitución, el modelo económico peruano adoptado es el de una economía social de mercado. Este régimen, a decir de¡ Tribunal Constitucional, «limita la participación de¡ Estado, reservándole una actuación subsidiaria en la actividad empresarial, solo autorizada por ley expresa, y por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional (artículo 60 de la Constitución)».

La propuesta normativa del gobierno, según el proyecto de reforma constitucional, se adecúa a los principios y valores que inspiran el modelo económico de la Constitución que es el de una economía social de mercado. Más aún, la propuesta normativa apunta a fortalecer y propiciar una mejor defensa, desde el Estado, de los intereses y derechos de la ciudadanía cuando ésta se convierte en consumidora de bienes y servicios.

El proyecto del poder ejecutivo señala que el objeto de la propuesta normativa se centra, principalmente, en dos puntos concretos. En primer lugar, se propone ampliar las prohibiciones que actualmente establece el artículo 61 de la Constitución. De manera concreta, se establece la prohibición de i) oligopolios; u) acaparamientos; iii) especulación de precios y, la iv) concertación de precios, además el abuso de las posiciones dominantes o monopólicas que actualmente ya se encuentran expresamente señaladas desde la Constitución.

Según el gobierno, la lógica de establecer estas nuevas prohibiciones directamente desde la Constitución responde a la necesidad de garantizar que el Estado combata frontalmente dichos fenómenos que son los que impiden el normal y real desenvolvimiento de una libre competencia bajo los parámetros del modelo económico que la propia Constitución recoge.

Por otro lado, como segundo punto, la propuesta normativa busca que expresamente quede señalado en la Constitución que a través de la ley se deberá sancionar civil, administrativa y penalmente a las personas naturales o jurídicas que incurran en los actos prohibidos por la Constitución y que atentan contra la libre y real competencia en el mercado.

El gobierno afirma asimismo que, si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico actualmente ya dispone una serie de reglas a nivel infra constitucional para la sanción de este tipo de conductas, es necesario que se establezca una directriz expresa al legislador ordinario para que ahonde en los mecanismos que fueran necesarios a fin de garantizar lo que la Constitución exige (bajo los términos que ahora se proponen en el artículo 61°).

Breve análisis del tema

El proyecto de reforma presentado por el gobierno es necesario e indispensable ante los monopolios y oligopolios vigentes en el país, ya que ninguno de los anteriores gobiernos ni congresos perfeccionó en las últimas dos décadas para proteger a los usuarios y consumidores como está señalado en la Constitución. No solo eso, tampoco incluyeron en la legislación penal la especulación y acaparamiento porque según los neoliberales y mercantilistas, en una economía, el mercado lo regula todo, lo que no es cierto ya que no hay competencia, porque pocas empresas tienen posición de dominio y generalmente concertan sus precios perjudicando a los usuarios y consumidores del país que no tienen asociaciones que defiendan sus intereses.

La especulación y acaparamiento se puso en evidencia en la pandemia sanitaria donde las clínicas privadas cobraron por encima de 500 mil soles por paciente contagiado por COVID 19, con las medicinas que triplicaron sus costos y con los balones de oxígeno que quintuplicaron sus precios, dejándonos como saldo pavoroso más de 200 mil muertos el año 2020 y 2021. Esa especulación y acaparamiento ha vuelto hoy con los precios de alimentos y productos básicos que se han incrementado por los grupos empresariales privados usureros y especuladores que incrementan sus precios abusivamente, ya que el gobierno no puede controlar ningún precio, pero los políticos opositores y la prensa mediática concentrada limeña con pocas excepciones, le ha hecho creer al pueblo que el presidente Castillo es el problema para que suban los alimentos.

Pese a la buena intención del gobierno nacional, dudo con sinceridad que este proyecto de reforma constitucional tenga prioridad en la agenda legislativa pese a que la Constitución refiere que los proyectos del poder ejecutivo tienen preferencia en el debate parlamentario. La extrema derecha representada por Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular en el actual parlamento nacional, se opondrán con toda seguridad a este proyecto del gobierno, evitando que a futuro se sancione a los especuladores y acaparadores y tildarán a Castillo de populista, demagogo y controlista.

Esa postura de la extrema derecha parlamentaria y su oposición al proyecto de reforma constitucional del gobierno nacional, evidenciará que esas bancadas no defienden los intereses del pueblo pobre y oprimido, sino más bien los intereses de las transnacionales y grupos económicos, ya que ellos directa e indirectamente son los que financian sus campañas electorales para que en el parlamento y en el gobierno todo siga igual para no chocar con sus intereses económicos ni ideológicos. La mejor prueba de ello, es la señora “K” que recibió millones de dólares en la campaña electoral del 2016 y 2021 que investigó el Ministerio Publico y que hoy está en proceso en el Poder Judicial acusada de liderar una organización criminal que quiso capturar el estado peruano. Veremos que sucede con este proyecto de reforma constitucional en las próximas semanas.