pressadminabril 6, 20223min398

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Presentan proyecto de reforma constitucional para que Estado realice actividad empresarial

cerron congresista

El congresista Waldemar Cerrón Rojas de Perú Libre, presentó el 06 de abril el proyecto de reforma constitucional del artículo 60 de la Constitución referido al pluralismo económico, por el cual el Estado puede realizar actividad empresarial, directa o indirecta por razón de interés público. En la exposición de motivos, el congresista Cerrón sostiene que La actividad empresarial del Estado está reconocida constitucionalmente, se autoriza por ley expresa y se sustenta en un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Así mismo se prescribe que dicha actividad se prestara de manera subsidiaria, directa o indirecta.

El legislador agrega que las Constituciones de España, Bolivia, Colombia y de Chile, tienen en su marco constitucional las posibilidades que dichos Estados puedan crear empresas públicas. Cerrón afirma que es imperiosa la necesidad de efectuar en el Perú una reforma constitucional partiendo de un amplio consenso social, para la conformación de un verdadero Estado Democrático y Social de Derecho en el que, sobre la base del respeto a la diversidad, la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia, se promueva el desarrollo tanto personal como social, económico, cultural, y esté al servicio de los ciudadanos para garantizarles el pleno disfrute de sus derechos fundamentales.

Remarca que es importante dar la oportunidad al Estado a participar dentro de las actividades económicas de¡ país, bajo empresa, representa no solo una petición social, que tiene su justificación en nuestra realidad nacional, sino un derecho a intervenir cuando la necesidad apremie y apostando a una participación más justa, compitiendo dentro de un mercado que se encuentra abarcado por el sector privado, el cual muchas veces no imparte condiciones adecuadas bajo la realidad social y económica de nuestro país. En ese sentido, afirma que es pertinente que la actividad empresarial pública, privada y mixta en el país, tengan el mismo tratamiento con lo que se exigiría igualdad de condiciones al momento de su intervención, de lo contrario se estaría generando una afectación al interés público.

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