Hugo Amanque Chaiñamarzo 20, 20224min923

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La sentencia liberadora del reo Fujimori no pasará

el chino liberado

Imagen: Actualidad Penal

Todos los peruanos sabemos que el 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por ser autor mediato de Homicidio Calificado, que por sus características deviene en crimen de lesa humanidad. A pesar de haber restricciones expresas para hacer uso del indulto humanitario cuando el reo sufre carcelería cumpliendo una pena por la comisión de un delito calificado como de lesa humanidad, el expresidente renunciante PPK, como parte de los negociados con la familia Fujimori y con el objeto de evitar su vacancia, dictó la Resolución Suprema 281-2017-JUS, otorgando el indulto humanitario al reo Alberto Fujimori.

En junio del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado Peruano revisar la legalidad de dicho indulto. Como corresponde, asumió la responsabilidad la Corte Suprema y declaró que ese indulto era inaplicable por la naturaleza de los delitos que había cometido el reo, y Fujimori tuvo que regresar al Penal. Luego, un licenciado del Ejército Peruano presentó un Habeas Corpus contra el presidente de la Corte Suprema y otros servidores del Estado, pretendiendo la liberación del dictador. El juez penal de Ica, que recibió la demanda dicto una

resolución declarando su improcedencia, decisión que fue ratificada por los Jueces Superiores y con un recurso de agravio constitucional, el ex militar fujimorista logró que el expediente llegara al Tribunal Constitucional.

El resto es historia reciente, se puso en agenda de un día para el otro, se “debatió” la propuesta de Blume rápidamente, y se votó. Los magistrados Ferrero, Blume y Sardón, cuyo nombramiento le deben a la bancada Fujimorista de aquél entonces, hoy devuelven el favor o pagan el costo, “reviviendo” la nula Resolución Suprema de indulto que dictara el enjuiciado PPK, contraviniendo normas nacionales y supranacionales sobre el indulto y los derechos humanos.

El comportamiento de los 3 magistrados del TC, evidencia el deterioro moral de nuestra sociedad, la crisis estructural del Estado y en particular del sistema de justicia ordinaria y constitucional. Evidencia, el control de Estado por parte de los grupos mafiosos que tienen poder económico y político. Muestra que en el Perú justicia y dignidad, son palabras sin contenido. Que los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, estamos desprotegidos y que la democracia es una quimera.

La antijurídica decisión de los 3 magistrados de la familia Fujimori, no debe pasar, porque afecta gravemente la posibilidad de construir un Estado Constitucional de Derecho, de hacer vigente la justicia y reivindicar a las víctimas de la dictadura fujimorista. Tenemos que evitar la consumación de la tropelía de “los tres”, movilizándonos en las calles por justicia y dignidad, exigiendo a Castillo que dicte una Resolución Suprema que anule la Resolución Suprema 281-2017-JUS de PPK y que al mismo tiempo acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que conozca el fallo del TC y emita pronunciamiento.

Bladimiro Begazo – Comité Regional “Horacio Zeballos – Partido Comunista Peruano

 

Hugo Amanque Chaiña


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