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En una asamblea popular que se desarrolló en la plaza de Armas de Caylloma desde las 11 hasta las 14 horas, más de medio centenar de representantes de organizaciones vivas de dicha provincia, acordaron iniciar desde el miércoles 16 de marzo una huelga general indefinida exigiendo solución a sus demandas.

El presidente del Frente de Defensa de Caylloma, Juan Galdós, confirmó las principales demandas que deben ser resueltas por la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, quien no asistió a la asamblea popular ni se excusó por su inasistencia. Entre las demandas, los cayllominos exigen la derogatoria de la adenda 13 que aprobó el Consejo Regional, la resolución del contrato con la empresa Cobra, que el gobierno regional y el gobierno nacional acaten la ley 27887 que obliga a que en todos los proyectos de desarrollo agrícola donde hay financiamiento estatal debe darse el 30% de las tierras a los pequeños agricultores con 5 hectáreas.

Asimismo, exigen que se respete la ley del canon hídrico donde se obliga a los administradores de grandes proyectos a una retribución por servicios eco sistémicos como el agua, ya que de confirmarse la adenda 13 la empresa Cobra administraría los recursos hídricos, perjudicando a los agricultores de su provincia, por lo que exigen que un 30% de las utilidades de dichos ingresos económicos sirva para proyectos de desarrollo de los hombres del campo de su jurisdicción, ya que no permitirán el enriquecimiento económico de una empresa privada a costa de los recursos naturales de dicha zona. Demandan también se repare el Canal Madre desde Tuti hasta Pitay que está deteriorado por el servicio prestado hace 40 años atrás por lo que requiere una reparación urgente en el tramo de Achoma ya que hay filtraciones que perjudican a dicha zona.

El dirigente gremial, afirmó que los acuerdos adoptados en la asamblea popular serán comunicados oficialmente a la gobernadora regional, al presidente del Consejo de Ministros y al gerente de PROINVERSIONES, así como al gerente de AUTODEMA, para que antes del inicio de la paralización el próximo 16 de marzo, se resuelvan sus demandas, ya que estas autoridades no pueden desconocer la legislación vigente que protegen sus derechos, por lo que evalúan la posibilidad de interponer demandas legales.

Agregó que desde el año 2016 se instaló en Caylloma una mesa de dialogo promovido por la PCM, que ha sido una “mecedora”, porque desde esa fecha no hay ningún resultado concreto de sus demandas, por lo que no creen más en mesas de dialogo en la provincia de Arequipa como pretendieron los funcionarios regionales. Finalmente, precisó que han declarado como traidores a Arequipa a los consejeros que aprobaron la adenda 13, entre ellos a Veto Bernal, que no le consultó a su provincia el sentido de su voto en el legislativo regional, expresando que el alcalde provincial de Caylloma, les ha expresado su solidaridad en las demandas planteadas ante el gobierno regional y la PCM.