Imagen: Radio Victoria

Una vez que la gobernadora regional suscriba la adenda 13 que aprobaron 6 consejeros regionales de mayoría en la última sesión del Consejo Regional de Arequipa, se adjuntaran más pruebas ante la fiscalía anticorrupción para denunciarlos por los delitos de omisión de actos funcionales por no fiscalizar las irregularidades en el contrato que detectó la Contraloría, pero también serán denunciados por colusión agravada por causar un perjuicio económico al Estado ya que al rechazarse la reconsideración, actuaron a favor de la empresa concesionaria.

Así lo afirmó el abogado, Dr. Arturo Salas, representante de Solidaria Perú, quien refirió que la actuación y el voto de los 6 consejeros regionales que rechazaron la reconsideración, es dolosa en vista que han forzado la interpretación del reglamento interno del legislativo regional, ya que todos saben que, desde noviembre 2021, dicho organismo está aprobado acuerdos y ordenanzas con 10 consejeros, por lo que hoy no pueden exigir 5 votos para la reconsideración.

Salas sostuvo que la votación refleja actos de concertación dolosa por parte de los 6 consejeros regionales, porque sin tener fundamento jurídico y avalados por un simple informe jurídico de un asesor del presidente del legislativo regional, no puede ponerse trabas a la reconsideración presentada por 4 consejeros. El letrado agregó que en la sustentación de los consejeros que rechazaron la reconsideración, han reconocido irregularidades y, aun así, aprobaron la adenda 13 a favor de la concesionaria con el falso argumento que lo hacen por la reactivación económica de Arequipa, cuando ninguna reactivación puede avalarse convalidando actos irregulares e ilícitos que fueron detectados por la Contraloría en sus informes de control el año 2021.

Precisó que la actual gobernadora Gutiérrez que anteriormente fue consejera, conoce todas las irregularidades, por lo que hoy por presión política, económica y mediática, no debería avalar la adenda 13 ya que causará un perjuicio económico al Estado Peruano, ya que la fiscalía en su momento solicitará al juez anticorrupción, la paralización de Majes II, siendo los únicos responsables los seis consejeros regionales que rechazaron la reconsideración, la gobernadora Gutiérrez y el gerente de AUTODEMA. Finalmente, Salas, enfatizó que la fiscalía anticorrupción ya notificó a la Procuraduría Anticorrupción para que actué en defensa de los intereses del Estado y denuncie a las autoridades regionales, por lo que adjuntará el video de la última sesión del legislativo regional como prueba para que la fiscal acuse oportunamente a los responsables.