Hugo Amanque Chaiñamarzo 3, 202219min1151

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Pinto sostiene que el Consejo Regional no tiene un plan de trabajo e insiste que no debe aprobarse adenda 13

pinto adenda

Imagen: Radio Contacto Sur

El consejero provincial de Islay, Ing. Elmer Pinto, afirmó que no hay un norte ni plan de trabajo en el Consejo Regional para el año vigente, reconociendo que no hacen un seguimiento a los acuerdos y ordenanzas regionales que ellos aprueban. Remarca que solicitó que la gobernadora Gutiérrez exponga su plan de trabajo 2022 ante el legislativo regional y no se hace caso a su petición, ratificando que la reconsideración para deliberar sobre la adenda 13 favorece a la concesionaria ya que obligaría a desembolsar al Estado más de 750 millones de dólares, al tiempo de cuestionar al gerente de AUTODEMA por haber suscrito un acuerdo de entendimiento con la empresa privada en la gestión de Osorio cuando dicho funcionario no tenía dicha atribución. Compartimos la entrevista que concedió al portal digital Arequipa Misti Press.

¿Por qué presentaron recurso de reconsideración al Consejo Regional y cuáles son los argumentos principales?

Habiéndose aprobado el proyecto de adenda 13 (A-13) para la firma de la gobernadora, hemos presentado una reconsideración al Consejo Regional. Tenemos dos argumentos, ya que la A-13 se sustenta en tres nuevas circunstancias que fueron rechazadas por el informe de Contraloría 0069-2021 donde participaron nueve técnicos. Entre ellos, 4 abogados y 5 ingenieros, quienes concluyeron que no había nuevas circunstancias, advirtiendo varias observaciones y cuatro riesgos. En dicho informe, la empresa concesionaria lejos de tomar esas observaciones las mantiene. Lo lamentable es que AUTODEMA consiente eso y envía al pleno un documento ilegal sobre la actualización para aprobarla. El acuerdo permite que se efectué pagos indebidos producto de un supuesto cambio tecnológico que ya estaban considerados en el contrato anterior.

¿Qué otros argumentos sustentan la reconsideración?

Ellos dicen que la A-13 demandará pago por 104 millones de dólares, pero el proyecto de contrato señala que se pagaran dos cuotas superiores a 54 millones de dólares que superan los 109 millones de dólares, a los que hay que reconocer el IGV que sumarian 20 millones de dólares, por lo que la cuestionada A-13 llegaría a 130 millones de dólares. En la sesión del consejo regional, estuvo el funcionario Joaquín Roura de la empresa concesionaria y él dijo que tenían una valorización de 45 millones de dólares lo que es cuestionable. En la segunda fase el concesionario tiene que poner el financiamiento y eso no se ha tocado, mientras que en la primera fase el Estado asume el financiamiento. Lamentablemente el 2017 la concesionaria paralizó las obras en forma arbitraria de la primera fase, cuando ellos tienen la obligación de financiar las obras de la segunda fase.

¿Cuál sería la explicación entonces que sus colegas consejeros hayan votado a favor de la A-13 pese al informe de la Contraloría?

Considero que algunos no han leído el contrato vigente con la concesionaria. El contrato inicial se suscribe el 2010 y tenía un monto referencial de 404 millones de dólares y en una de sus cláusulas se señala que ellos debieron entregar todos los trabajos, pero el año 2015 el proyecto no se había iniciado. Ese año la contratista presenta una optimización del proyecto y lo sube de 404 a 550 millones de dólares. El 2017 ellos proponen el cambio tecnológico sustentado en supuestas tres nuevas circunstancias y pretende elevar el costo en 130 millones de dólares más en total, pero habrá nuevas valorizaciones y actualizaciones de costos lo que elevaría el Proyecto Majes II a más de 750 millones de dólares. Esto es cuestionable y que no se puede justificar, porque dicha empresa ganó un concurso y desplazo a otras, por lo que ellos deben respetar el contrato.

Hay un tema que no se abordó en el debate de consejeros sobre el cierre financiero que debió presentar la concesionaria. ¿Cobra presentó antes ustedes o ante el ejecutivo regional el cumplimiento de dicha obligación establecida en el contrato?

No hay ningún cierre financiero ni demostró solvencia económica so pretexto que tampoco el gobierno regional entrego los terrenos para el proyecto Majes. Considero que el objetivo de los contratos de asociación publico privado en la década del 90, en ese momento era necesario. Pero hoy ya no necesitamos eso. En el gobierno de Vizcarra y Sagasti el Estado repartió 60 mil millones de soles en bonos y eso supuso que el Estado gastó más de 15 mil millones de dólares, mientras que el costo del Proyecto de Majes es superior a 500 millones de dólares. Con esa inversión millonaria de 15 mil millones de dólares el gobierno nacional pudo hacer más de 30 grandes proyectos a nivel nacional, por lo que no necesitamos inversión privada nacional ni extranjera.

Su colega Harbert Zúñiga sostiene que, con las cuatro firmas para la reconsideración ante el Consejo Regional, no se estaría cumpliendo con el reglamento interno. ¿Qué responde usted?

El reglamento señala que tiene que presentarse a las 48 horas de la última sesión y hemos presentado con el tercio de firmas de los consejeros habilitados. Somos 14 consejeros en total, pero por la presunta corrupción en la gestión del ex gobernador Cáceres 7 consejeros, estaban procesados. A enero 2022, 2 estaban en la cárcel y 2 eran no habidos y en esa coyuntura en sesión del consejo, se aplicó la ley y reglamento donde se señala que, por 3 inasistencias continuas, se puede suspender a un consejero. Por lo tanto, los 10 consejeros habilitados decidimos suspender a 4 consejeros y ese acuerdo regional lo hemos presentado al presidente del Consejo Regional y hemos cumplido con todos los requisitos, por lo que el 08 de marzo será la próxima sesión del legislativo regional donde debe abordarse nuestra petición de reconsideración a la A-13.

Usted sostiene que en la gestión de Osorio el gerente de AUTODEMA suscribió un acuerdo de entendimiento con la concesionaría que se convalidó con la gestión de Elmer Cáceres. Cómo consejero regional cuando ingresaron ustedes al legislativo regional, ¿Por qué no cuestionaron dicho documento y a dicho funcionario por avalar dicho acuerdo en su ejercicio de fiscalización?

En la gestión del gobernador Cáceres, ellos tenían mayoría en el Consejo Regional y no nos facilitaron dicha información ni el proyecto de A-13. Yo pedí como presidente de la Comisión de Agricultura y dicho documento que celebró el Ing. Arturo Arroyo que ya era gerente de AUTODEMA, pero que lamentablemente dicho funcionario se comprometió con acuerdos con la concesionaria que a él no le corresponde, ya que dicho acuerdo debía ser validado por la gobernadora, pero también por el Consejo Regional porque así lo señala la legislación vigente.

Pero ustedes aplicando el Código de Ética de la Función Publica, debieron citar a Arroyo para que explique porqué firmó dicho documento y probablemente pedir su remoción a la gobernadora ejerciendo su control de fiscalización, ya que dicho funcionario debe cautelar los intereses regionales como también ustedes. ¿Por qué no lo hicieron?

Quien debe responder es la gobernadora porque nosotros lo cuestionamos. Resulta que Arroyo estuvo el 2016 y suscribió esta acta de acuerdo. Yo le recuerdo que yo soy consejero de Islay y mi prioridad es velar por los proyectos para mi provincia. Consta en las actas que siempre me he opuesto a dar financiamiento a la concesionaria, porque no hay respaldo social a dicha empresa. Ya hay pronunciamientos de organizaciones de agricultores de Majes, Valle de Tambo, Camaná, Cotahuasi, quienes han expresado su desazón a la aprobación de la A-13. Es poner en bandeja 530 millones de m3 de agua y las 38,500 hectáreas a una empresa privada extranjera la administre y se beneficie dicha transnacional.

¿En qué estarían incurriendo sus colegas si insisten en aprobar la A-13 a favor de Cobra, ya que por ley orgánica de gobiernos regional ustedes como consejeros regionales tienen que cautelar el patrimonio regional de Arequipa?

Yo no soy abogado y soy ingeniero, pero tratar de imponer la adenda no son válidas para mí personalmente. Pero es obvio que sería ilegal firmar la A-13 ya que habiendo un contrato vigente no se puede aceptar que se haga un nuevo contrato donde se comprometa recursos estatales que atenta contra los recursos fiscales y bienes del Estado.

Si yo hubiera sido consejero regional para asesorarme mejor, hubiera pedido oficialmente la opinión de las universidades de Arequipa y del Consejo Regional de Decanos, para que den una opinión técnica alejada de la política. ¿Por qué no hicieron eso en el caso del contrato con la concesionaria y la A-13?

Usted no puede afirmar eso. Pedí con oficios la opinión de Colegios Profesionales, pero no a las universidades porque son organismos colegiados. Ese comunicado publicado que firmaron los cuatro rectores de universidades no representan el reflejo de sus universidades, ya que yo consulte con decanos y directores y ellos me manifestaron que el tema no fue consultado. Usted puede ir a la UNSA y la UCSM que tienen 104 hectáreas desde hace décadas, pero no hacen investigación agraria cuyos resultados no se conocen. Ese fue mi cuestionamiento ante dicho pronunciamiento de los rectores y ratifico en ello.

¿Cuál sería la explicación para que el presidente del Consejo Regional haya votado en contra del dictamen en mayoría y haya apoyado la A-13 al que siempre se oponía?

Me han informado que dicho consejero ya tiene costumbre de dichas maniobras, ya que en dos oportunidades cambio su voto y no sabemos a qué obedece. Los psicólogos sostienen que tiene doble personalidad, otros sostienen que obedece a intereses poderosos que le han hecho cambiar de opinión a última hora.

AUTODEMA y el GRA han afirmado que con la adenda 13 se viene una lluvia de millones en inversiones y en puestos de trabajo para Arequipa. ¿Habrá esa lluvia de millones?

Cuando no hay un análisis profundo del tema se cae en los titulares fabricados desde la capital de la república. Cree usted que mañana mismo llegaran los millones que ellos aducen. Tenemos una crisis moral que nos han hecho perder la dignidad y sus autoridades no defienden nuestros intereses regionales y una empresa viene a imponer sus intereses que no podemos tolerar.

Al margen de la adenda 13, porque ustedes aun no eligen al vicepresidente del Consejo Regional ya que la ley orgánica de gobiernos regionales señala que dicho funcionario debe elegirse entre ustedes. ¿Qué pasa?

Nos falta tiempo, pero también falta elegirse a la gobernadora, ya que Gutiérrez fue elegida como vicegobernadora y no como gobernadora al que se prestó el Jurado Nacional de Elecciones. Hay maniobras para que no se elija a un gobernador y al vicepresidente del consejo regional.

La ley orgánica de gobiernos regionales obliga al consejo regional a que la gobernadora de cuenta al legislativo regional sobre los resultados de la gestión 2021. Asimismo, ustedes deberían citarla para que explique cuál es el plan de trabajo del 2022. ¿Por qué no adoptan dicho acuerdo ya que cuando gobernaba Cáceres no expuso ante ustedes en su gobierno?

Yo pedí al presidente Hancco por escrito que presenté su plan de trabajo anual y yo lo hecho como presidente de la Comisión de Agricultura. Lo mismo he pedido a la gobernadora Gutiérrez. En los planes anuales diseñamos los lineamientos generales que debemos priorizar en la gestión regional. No hay un norte y no tenemos un plan de trabajo, porque sencillamente no hay interés. Yo centro mi atención en favor de mi provincia a quien yo represento con propuestas para el sector agrario, minero artesanal entre otros.

La ley señala que la Jefa de la OCI debe exponer ante ustedes al comenzar el año un resumen de todo el trabajo de control que efectuaron al gobierno regional en el año anterior. ¿Por qué no la citan al consejo regional para que exponga?

Mire usted, el tema del combate contra la corrupción y el medio ambiente esta trillado. El Rio Tambo está contaminado y no se ha avanzado nada y solo se le ha declarado en emergencia. Hay instituciones estatales que deben fiscalizar y combatir la corrupción y no hay muchos resultados.

Ustedes siguen aprobado ordenanzas y acuerdos regionales, pero no hacen un seguimiento para ver la efectividad y cumplimiento de dichos acuerdos. ¿Podría usted hacer una autocrítica?

Es cierto lo que usted dice, y hay algunos acuerdos que son un saludo a la bandera. Tengo 32 años de experiencia en gestión, pero los proyectos que yo presento y se aprueban yo si le hago un seguimiento. Por ejemplo, el proyecto para mejorar y ampliar el cultivo del ajo en el Valle de Tambo, el proyecto del cultivo de arroz que beneficiará a los valles arequipeños, así como del cultivo del olivo, etc.

¿Con sinceridad se siente satisfecho en su gestión como consejero?

Por supuesto, porque me he preparado y presentado diversos proyectos. Estoy preparado y algunas veces les he dicho a mis colegas que deben prepararse mejor, porque representan a sus provincias, aunque algunos no les ha gustado. Tenemos que cautelar los intereses regionales. Es condenable por ejemplo que permitamos que la empresa ferrocarrilera que antes era ENAFERPERU, ahora traslade minerales al puerto de Mollendo llevándose nuestros recursos minerales que fue vendido en el gobierno corrupto de Fujimori al empresario político López Aliaga que se enriquece cada vez más y los arequipeños no digamos nada. Lo mismo sucede con TISUR en Islay que fue vendido a precio de remate por el fujimorismo, beneficiando a una empresa privada que no beneficia al tesoro público. Hay una inacción y hemos perdido la capacidad de indignación en Arequipa. En resumen, en las próximas elecciones tenemos que saber elegir bien a quienes elegimos como nuevas autoridades regionales y municipales.

 

Hugo Amanque Chaiña


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