Una vez que el Consejo Regional de Arequipa remita el acuerdo regional que aprobó la adenda 13 a la gobernadora Gutiérrez y dicha funcionaria suscriba dicho documento mediante resolución, ampliaremos la denuncia penal ante la fiscalía anticorrupción de funcionarios que hicimos el 2019 contra los seis consejeros que votaron por avalar el desembolso de 108 millones de dólares, donde también incluiremos a la gobernadora si suscribe la adenda, así como al gerente de AUTODEMA, y al ex gobernador, Elmer Cáceres y otros dos funcionarios regionales que aprobaron el acuerdo preparatorio a favor de la concesionaria del Proyecto Majes II.

Así lo señaló el abogado, Arturo Salas, representante de Solidaria Perú, quien refirió que los delitos que habrían incurrido los seis consejeros regionales son colusión agravada y omisión de funciones que están tipificados en el Código Penal. Sostuvo que era obligación de los consejeros como fiscalizadores de la gobernadora y de AUTODEMA, verificar si era verdad que la concesionaria cumplió con el cierre financiero como era su compromiso según el contrato suscrito con el GRA en la cláusula denominada financiamiento APP, pero también debieron incluir en la adenda 13 penalidades anticorrupción contra la empresa privada que recomendó la Contraloría, lo que no hicieron los consejeros que votaron a favor de la adenda 13 que han permitido que se amplíen los plazos para la ejecución de obras que tenía comprometidas Cobra, por lo que han incumplido sus deberes funcionales.

Salas enfatizó que en los próximos meses la fiscal anticorrupción, Dra. Karen Farfán, debe concluir la investigación preliminar de este caso complejo quien podría ordenar la paralización temporal del Proyecto Majes II, ya que el acuerdo regional aprobado basado en el dictamen de minoría del consejero Harbert Zúñiga, no tiene sustento jurídico ni técnico sólido, lo contrario al dictamen de mayoría que sustentaron los consejeros regionales, Elmer Pinto y Eddy Medina, quienes consultaron a abogados, economistas e ingenieros antes de emitir  su dictamen al pleno del Consejo Regional.

El abogado agregó que asistió personalmente a la sesión extraordinaria del Consejo Regional y que filmaron todas las actuaciones de los consejeros que intervinieron lo que servirá de prueba fehaciente que presentará ante la fiscalía anticorrupción por las irregularidades que cometieron, lamentando el desconocimiento del tema de los legisladores regionales que pese a que algunos de ellos sabían que se estaban violando obligaciones asumidas por la concesionaria en el contrato con el GRA, sin embargo, votaron a favor de la adenda 13, lo que ocasionará perjuicio económico al tesoro público e incrementará el costo del Proyecto Majes II.

Finalmente, expresó su decepción personal de la conducta y votación del presidente del legislativo, Jose Hancco, ya que desde el año 2019 cuando presentó la denuncia ante fiscalía anticorrupción, le facilitó documentos con los que el actual presidente del consejo regional rechazaba la adenda 13, siendo un furibundo opositor de Cáceres Llica, lo que consta en las múltiples declaraciones que hizo Hancco ante la prensa local, cuyas copias también presentará ante la fiscalía. Reveló que el día anterior a la votación en diálogo telefónico, el presidente del legislativo le confirmó que votaría en contra de la adenda 13, pero su votación final que hizo a favor de la concesionaria, evidencia que no tiene principios, ética ni moral traicionando a todo su entorno y a sus electores que votaron por él en las elecciones regionales del 2018, remarcando que como abogado también desea la reactivación económica de Arequipa, pero sin ningún indicio de corrupción.