Todos los consejeros regionales que apoyaron la adenda 13 incurrieron en diversos tipos de responsabilidad legal que los organismos especializados deberán determinar, ya que han contravenido las obligaciones que tenía la concesionaria con el GRA en el TUO suscrito años atrás, por lo que debería actuar la Procuraduría Anticorrupción. Así se expresó el ingeniero, Ronald Fernández Bravo, quien refirió que el costo del módulo de 200 hectáreas en Majes II será de más de 7 millones de dólares y los obreros que trabajen solo percibirán 36 soles de ingreso diario, agregando que darle a Cobra 104 millones de dólares por supuestas nuevas circunstancias rompe el equilibrio financiero que debe tener todo proyecto, al tiempo de precisar que todos los gobiernos siguen financiado con recursos públicos grandes proyectos que solo benefician a las empresas agroexportadoras. Ronald Fernández Bravo, es ingeniero civil especializado tecnología hidráulica y fluidos en la Universidad Nacional de San Agustín y fue director de la ANA, gerente de AUTODEMA y gerente del Instituto Regional de Gestión y Tecnología del Agua. Reproducimos la entrevista que concedió al Portal Digital Arequipa Misti Press.

¿Qué opina usted del acuerdo del consejo regional que aprobó el dictamen en minoría para que la gobernadora suscriba la adenda 13 a favor de la concesionaria Cobra?

En principio hubo dos dictámenes, pero el de mayoría fue el mejor sustentado ante los consejeros regionales por parte de Elmer Pinto y reforzado por Eddy Medina. La votación a favor de la adenda 13 contraerá responsabilidades legales a quienes votaron a favor de la concesionaria. Si ellos leyeron el contrato, debían saber que la concesionaria se comprometió en el TUO a construir canales abiertos y no tuberías lo que se ratificó en la adenda 12. Asimismo, al no haber nuevas circunstancias para modificar el contrato como lo confirmó la Contraloría en su informe ante el GRA el año 2021 y al aprobarse la adenda 13 hoy por 6 consejeros, eso afecta el equilibrio financiero, lo que supone que el Estado deberá poner y avalar con más recursos económicos, por lo tanto, ellos han incurrido en responsabilidades que los organismos especializados deberán determinar y calificar.

¿Antes de debatirse los dos dictámenes, no cree usted que debió darse lectura al proyecto de adenda 13 que proponía la concesionaria?

Ni siquiera se leyó la propuesta de adenda lo que es inaudito en quien condujo la sesión del legislativo regional, pero tampoco se informó si se levantaron las observaciones que formuló la Contraloría al Proyecto Majes II. El consejero Zúñiga no dijo toda la verdad, cuando sostuvo que siendo Majes una asociación publico privada la Contraloría al hacer observaciones se habría extralimitado en sus funciones lo que no es cierto. La ley de Contraloría señala que en todo contrato donde hay recursos estatales ellos tienen la obligación de pronunciarse mediante informes porque de por medio están los recursos económicos estatales.

Lo cierto es que está aprobado la adenda 13 por el legislativo regional. ¿Qué debe hacer ahora dicho organismo?

Creo que más allá de la revisión de este acuerdo que deben hacer los organismos competentes como la Procuraduría Anticorrupción de Arequipa, el legislativo regional debería aprobar una ordenanza regional para fiscalizar mejor a la concesionaria ya que AUTODEMA no cauteló los intereses regionales. Eso supone que el consejo regional apruebe una ordenanza con un directorio calificado con diversos especialistas y no seguir siendo manejado por los gobernadores con criterios políticos antes que técnicos.

¿Qué debe hacer el ejecutivo regional de la gobernadora Gutiérrez?

Ella tiene que revisar minuciosamente la adenda 13 y por ejemplo rediscutir el modelo de desarrollo de Majes II, porque como está concebido solo favorecerá a las grandes empresas agroexportadoras y no a los pequeños y medianos agricultores de Arequipa. Detrás de Cobra están los grandes exportadores que comprarán las hectáreas y las revenderán con cuantiosas ganancias como pasó con otros proyectos del norte del país. Le recuerdo que Cobra ya inició el proceso de resolución de contrato al mandar una carta a la gobernadora regional, pero ante este acuerdo de la adenda 13 no se sabe cómo responderá. Creo por ejemplo que las parcelas deben darse en concesión y con el pago de alquiler de dichas tierras en Majes, se podría dar apoyo a los pequeños agricultores de Arequipa que son lo que cultivarían para la ciudad, porque los agroexportadores solo querrán vender sus productos al exterior dejando de lado nuestra seguridad alimentaria regional.

Hablemos el tema de fondo. El proyecto Majes II, ¿Es el modelo de desarrollo que necesitamos para Arequipa?

La política agraria implementada desde los años 90, abandonó al productor agrario retirando el financiamiento, la sanidad agraria, la asistencia técnica y la investigación agraria; para privilegiar a la gran empresa agroexportadora, los proyectos de Chavimochic, diez propietarios, Olmos, dos propietarios originalmente. El Proyecto Majes solo beneficia a las grandes empresas agroexportadoras quienes se benefician de la disminución del impuesto a la renta en 15%, la devolución anticipada del IGV, la depreciación acelerada y la regulación del mercado laboral que establece salarios de S/. 36,9, cuando el valor que se paga en Arequipa es mayor a los S/. 80. La concesionaria invertirá U$S 268 121 572 y recuperará en 16 años de operación U$S 509 417 808. Los Arequipeños aportan sus tierras, el agua y el 59% de las inversiones y solo reciben empleos de salario mínimo, que por lo demás probablemente sean ocupados por migrantes venezolanos, dispuestos a ganar esos bajos salarios.

El proyecto Majes II es una asociación pública privada donde ambos aportan y según el contrato suscrito, ¿Cómo recuperará sus inversiones el concesionario?

El concesionario invierte en función a préstamos internacionales cuya tasa no llega al 1% anual, la garantía soberana establecida en el contrato asegura este préstamo a baja tasa de interés. La venta del agua le asegura al concesionario una ganancia de U$S 229,36 millones, fuera del pago del préstamo.

¿Qué señala el contrato sobre la operación y mantenimiento del proyecto Majes II?

El contrato establece que el costo anual de la Operación y Mantenimiento es de U$S 6,5 millones más IGV; pagado por la tarifa de agua que se les cobrará a los productores, el mecanismo para asegurar esto es que el derecho al agua lo va a tener el concesionario. El Estado sigue cubriendo el pago del seguro de la infraestructura. El Gobierno Regional es responsable de la Puesta a Punto de la infraestructura existente.

¿Cuáles son los beneficios que se estima para la empresa agroindustrial?

Las empresas agroindustriales han recibido en los últimos años un subsidio de S/. 3,000 millones por la rebaja del 15% del impuesto a la renta y además una rebaja del 25% del 15% restante si invierten en irrigaciones nuevas, otro beneficio es la depreciación acelerada y la devolución anticipada del IGV. Sin embargo, el mayor subsidio será por los bajos salarios establecidos en la ley de promoción agraria (S/. 39,60), con respecto a los que se paga en la primera etapa o en las irrigaciones de Arequipa (mayores a S/. 80), es decir un subsidio mayor a S/. 40 por cada trabajador; si como se señala la segunda etapa de Majes generará 100,000 empleos permanentes, el subsidio diario sería de S/. 4 millones y al año serían S/. 14, 600 millones, esto es lo que ha permitido la acumulación de capitales de las empresas agroexportadoras en Chavimochic e Ica. De otro lado en todas las irrigaciones se ha subsidiado el valor de la tierra, el caso de Olmos es el más representativo, en la que se vendió 15, 600 has (41% del total) al grupo gloria con un valor por ha de U$S 4, 250, cuando el valor para recuperar las inversiones de U$S 580 millones debería ser de U$S 15, 263 por ha.

Se ha criticado mucho el costo y acceso a las tierras en Majes II. ¿Qué señala concretamente el contrato suscrito entre el concesionario y el GRA?

El contrato señala que los módulos mínimos deben ser de 200 has; PROINVERSION señala que el valor de la hectárea óptimo debería ser de U$S 18 000, es decir el que quiera adjudicarse solo un módulo debería tener como mínimo U$S 3,6 millones, además debe de tener un patrimonio del 60% de las inversiones en la parcela adquirida, si se calcula que para producir una ha deben invertirse como mínimo U$S 30, 000 esto significa U$S 3,6 adicionales al valor de la tierra; es decir, un agricultor de Arequipa que quiera comprarse un módulo de 200 has debe tener como mínimo U$S 7,2 millones, además de acreditar experiencia mínima de 10 años como agroexportador. Esto ya se demostró en Chavimochic, en la cual 10 empresas son propietarias de la irrigación o en Olmos que solo tiene 20 propietarios de la 38, 000 has.

 En todos los proyectos hidro energéticos en el país, ¿Cuánto de subsidio estatal han recibido las irrigaciones en las últimas décadas?

En ningún proyecto de irrigación se ha logrado recuperar las inversiones con la venta de las tierras, el Estado ha subsidiado el valor de la tierra en más del 90%, con respecto a las inversiones realizadas.

Se sostiene que no habría muchos beneficios para los agricultores arequipeños. ¿Es cierto eso o es una especulación?

Los agricultores de Arequipa no van a obtener ningún beneficio del proyecto, lo más probable es que los agricultores que ahora realizan agricultura de contrato y tienen sembradas pequeñas áreas con cultivos como la palta, salgan del mercado por las grandes extensiones que sembrarían los agroexportadores; los agricultores de los valles inter andinos de Condesuyos, Caylloma, Castilla y la Unión van a ver acelerado el proceso de abandono de sus tierras.

¿Cuál es el régimen laboral que se implementaría en el Proyecto Majes II?

El régimen laboral es el establecido en la Ley de Promoción agraria, mediante la cual la remuneración diaria (RD) es la suma de: la remuneración básica + CTS + gratificaciones cuyo total es igual a 39,19 soles.

Si tuviera usted que hacer una comparación entre Chavimochic y Majes II, ¿Qué precisiones nos podría hacer?

La evaluación que se hace sobre el éxito o fracaso de la primera etapa de Majes es sobre la base de indicadores de rentabilidad, lo que no se dice es que la rentabilidad es de pocas empresas agroexportadoras; los indicadores de desarrollo como el Índice de Desarrollo Humano en el distrito de Majes, son mayores que el IDH de la mayoría de los distritos de la influencia de la irrigación Chavimochic; lo mismo se puede decir del ingreso familiar per cápita el cual es mayor en el distrito de Majes que todos los distritos rurales de influencia de la irrigación Chavimochic. En conclusión, la pequeña propiedad en Majes ha generado mayor desarrollo que la gran propiedad en Chavimochic.

El proyecto Majes II, para quien es más rentable, ¿Para el Estado o el Concesionario?

El Estado no va recuperar sus inversiones en el proyecto, como ha sucedido en todos los proyectos de ampliación de frontera agrícola realizados bajo la modalidad de APP, es más el Estado ha subvencionado a las grandes empresas agroexportadoras en el valor de la tierra y con la reducción del impuesto a la renta del 30% al 15%. Además, hay que señalar que este 15% de impuesto a la renta se tributa en Lima y no retorna Arequipa, es decir los Arequipeños aportamos tierras, agua y financiamiento y solo recibimos un empleo de baja calidad y bajos salarios.

Usted afirmó que debió considerarse el riego presurizado, ¿Qué es el riego presurizado y porque era necesario en el proyecto original?

Desde la etapa de licitación de la concesión, en las bases ya se estableció que las propuestas de los postores podrían establecer la distribución del agua con canales abiertos y reservorios o con tuberías que trabajen a presión; la propuesta del consorcio ganador fue de construir las obras de distribución con canales abiertos; además en el contrato se estableció que si en la etapa de construcción el concesionario opta por tuberías a presión no deben incluir costos para el Estado sino deben hacerse bajo el costo y riesgo del Concesionario. El riego presurizado en cada parcela, según la concepción original del proyecto debe ser implementado por los compradores de las tierras en un plazo no mayor a cinco años. Ahora con la adenda trece se pretende que el Estado implemente el riego presurizado para cada parcela de 200 has, esto significa una subvención más a las grandes empresas agroexportadoras.

¿Es cierto como afirma la concesionaria que la adenda 13 se justifica en nuevas circunstancias no previstas en el contrato original?

En el contrato se establece que se puede modificar el contrato si se justifican nuevas circunstancias; el concesionario señala tres nuevas circunstancias para modificar el contrato mediante una adenda la N° 13, estos son el incremento del caudal ecológico a 2,4 m³/seg, las perdidas en el sistema hidráulico y el cambio tecnológico. Dos de estas supuestas nuevas circunstancia ya fueron establecidas desde el contrato original y ratificadas específicamente en el Texto único Ordenado o adenda 12; la Contraloría de la República lo señala en su informe; el Cambio Climático si bien no se señala expresamente en el contrato; sin embargo ya se conocía desde mucho antes de la firma del contrato (diciembre del 2010) y además el SENAMHI emitió el 2009 un documento oficial sobre los escenarios del cambio climático para el Perú al 2030. Por lo tanto, lo señalado por la concesionaria como nuevas circunstancias no son tales.

Usted sostiene que los contratos APP como Majes II debe mantener el equilibrio financiero y económico y que con las adendas habrían perdido dicha condición. ¿En que sustenta esta afirmación?

Los factores concursables en el proceso de licitación fueron dos: el cofinanciamiento del Estado Peruano y la retribución por inversiones RPI y la retribución por Operación y Mantenimiento RPMO; el consorcio Angostura – Siguas integrado por Cosapi y Cobra, ganó la licitación con una propuesta de cofinanciamiento de U$S 207,7 millones un RPI de U$S 26 195 898,96 y un RPMO de U$S 4 880 349,32, en el TUO del 2015 ya se cambian estas condiciones a un Cofinanciamiento de U$S 282, 280 millones un incremento para el Estado del 36%, un RPI de U$S 38 838 613 un incremento del 22% y un RPMO de U$S 6,5 millones un incremento del 33%. La ley de Asociaciones Público Privadas establece que si el monto se incrementa más del 15% debería rescindirse el contrato y hacer una nueva licitación en plazo de un año; con la adenda trece el aporte del Estado va a incrementarse en U$S 104 millones más; es claro que esto ha sido perjudicial para el Estado porque se rompió el equilibrio financiero.

¿Es usted partidario o no de la suscripción de la adenda 13 y por qué razones?

La adenda trece no debió suscribirse por lo señalado anteriormente, principalmente porque el proyecto no beneficiará a los Arequipeños sino solo ha pocas empresas agroexportadoras y además, porque la adenda trece se tiene que financiar con recursos propios y si no se logra recuperar estos con la venta de las tierras, como ha sucedido en Olmos, Arequipa va a pagar con otras fuentes de ingresos, principalmente con recursos de canon y sobre canon.

¿Cuál serían sus recomendaciones al Consejo Regional y a la gobernadora regional sobre este tema si acaso el legislativo regional no aprobase la adenda 13?

Lo primero que se tiene que hacer es modificar el proyecto de tal manera que genere desarrollo para los Arequipeños y no sirva solo para capitalizar a las grandes empresas agroexportadoras, esto debe hacerse en un amplio debate en donde participen las todas las instituciones involucradas, incluidos los agricultores. Reestructurar AUTODEMA y darle capacidades para gestionar el Proyecto Integral de Desarrollo como fue concebido originalmente. El proyecto de desarrollo del sector agrario debe incorporar además a los pequeños productores de la 147, 000 has de propiedad de los agricultores. Priorizar la seguridad alimentaria y la agricultura familiar, como lo recomienda la FAO.