Los jueces del Perú recurriremos al Relator de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas para que dicho funcionario monitoree el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Cuya Lavi vs. Perú y emita un informe si el Estado está cumpliendo o no dicho fallo donde ordenó que se revise las normas jurídicas sobre los procesos de ratificación de jueces y fiscales porque contravienen derechos de los magistrados establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así lo señaló el Presidente de la Asociación de Magistrados de Arequipa y Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Javier Fernández Dávila, en su exposición en el Curso sobre “Actualización y Comentarios al Caso Cuya Lavi y otros Vs. Perú de la CIDH” que organizó la Junta Nacional de Decanos del Colegios de Abogados del Perú, donde el magistrado fue expositor.

El Dr. Fernández, afirmó que los jueces no se oponen al control, pero deben cumplirse ciertas condiciones y estándares para evitar la arbitrariedad del ex Consejo Nacional de Justicia, cuyas resoluciones eran irrevisables judicialmente cuando años atrás resolvieron no ratificar a jueces y fiscales del país por mandato constitucional y legal, por lo que decenas de magistrados fueron impedidos de continuar en la carrera judicial y fiscal.

El magistrado, sustentó que en la Constitución de 1993 en la IV Disposición Final y Transitoria, señala que las interpretaciones de los derechos de las personas deben interpretarse de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y de acuerdo a las decisiones de los Tribunales Internacionales, lo que es ratificado por el Código Procesal Constitucional del Perú, por lo que la CIDH, al fallar en el Caso Cuya Vs. Perú, sentenció que el Estado Peruano ha violado obligaciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos en contra de los jueces y fiscales no ratificados.

La autoridad judicial sostuvo que la sentencia de la CIDH es trascendental para el sistema jurídico y judicial peruano, porque trata sobre la independencia judicial en el país y recordó que la CIDH ya estableció en anteriores sentencias como en el Caso Chiriquí Vs. Panamá, que debe haber requisitos y procedimientos para poder destituir a magistrados judiciales, por lo que ya había jurisprudencia continental que debió aplicarse para evitar la violación a los derechos de los magistrados judiciales. Solicitó finalmente que la Junta Nacional de Justicia debería suspender el proceso de ratificaciones en marcha desde el año 2021 en el país.