El Director Ejecutivo de AUTODEMA, Ing. Arturo Arroyo, informó en la sede del Consejo Regional acompañado del presidente, Jose Luis Hancco, que la mayoría de observaciones de COBRA para sustentar su petición de caducidad al contrato suscrito con el GRA, se han superado y en una semana presentarán una respuesta a la concesionaría y luego la gobernadora dialogará con el representante de la empresa privada para ampliar los plazos y suscribir un acto de prórroga para que el Consejo Regional posteriormente se pronuncie.

El presidente del legislativo regional, Jose Ancco, precisó que la gobernadora Gutiérrez le ha solicitado al Consejo Regional a través de la Comisión de Agricultura para que se pronuncie oficialmente, razón por la cual el martes 18 de enero se debe instalar una comisión especial integrada por los integrantes de las comisiones de agricultura y asesoría jurídica para que estos emitan un dictamen que posteriormente sea elevado al pleno del Consejo Regional para aprobar o no un acuerdo regional respecto al caso del Proyectos Majes Siguas II.

El consejero Elmer Pinto, presidente de la Comisión de Agricultura, en su intervención, demandó que el GRA resuelva el contrato con la empresa COBRA ya que solo avanzó el 18% de los trabajos desde el año 2011 y ahora pretende que se le indemnice con 220 millones de dólares lo que considero una humillación y extorsión publica que perjudica a la región lo que no puede tolerarse por la dignidad de Arequipa.

En la sesión informativa, el director ejecutivo de AUTODEMA, informó que el 10 de enero la concesionaria COBRA presentó el documento de caducidad del contrato por incumplimiento de cuatro aspectos. Arroyo precisó que, si se aprueba la adenda 13, se ampliaría plazos para cumplir las obligaciones asumidas por las partes que han suscrito dicho contrato. El funcionario de AUTODEMA, señaló que Cobra acusó que, el GRA no cumplió con entrega del control del proyecto en la zona de Tarucamarca de 14 predios, desmintiendo dichas acusaciones, ya que esos predios fueron entregados el 09 de septiembre del 2016 y el concesionario ya ha ejecutado obras en campamentos en dicha zona con algunas dificultades, aunque la mayoría de pobladores son posesionarios, pero los convenios deben actualizarse.

Agregó que COBRA exige la parcela 7 en la zona Pusa Pusa que ya está inscrita en registros públicos a nombre de AUTODEMA, pero reclaman también los terrenos de la segunda fase en la bocatoma de LLuclla que ya están adquiridos e inscritos en Registros Públicos, así como los terrenos en Pampas Bayas que se utiliza como cantera que está en litigio, pero harán la defensa posesoria para que la concesionaria la utilice. Arroyo señaló también que realizarán una consultoría técnica para los 16 fundos ya que el año 1989 a los damnificados de la zona se les hizo una permuta, reconociendo que el GRA no retomó dicha posesión y algunos posesionarios anteriores han retomado dichos predios y los han inscrito, por lo cual dichos terrenos no los tiene disponibles AUTODEMA.

Sobre la entrega de la garantía soberana que es un seguro que debe otorgar el gobierno nacional al concesionario por el cambio de la adenda 13, el funcionario de AUTODEMA, precisó que el GRA lo gestionó desde el año 2016 al 2021 ante el poder ejecutivo, pero el MEFC no concluyó el proceso del contrato de garantía soberana ya que espera que el GRA, AUTODEMA y COBRA firmen un contrato de garantía soberana ya que es una obligación que debe asumir el gobierno nacional. Arroyo manifestó que COBRA sostiene que el GRA no realizó estudios ambientales de la Presa de Condoroma por lo que se requiere efectuar un estudio del PAMA, habiéndose firmado el 2019 un contrato para que una empresa privada efectué el trabajo cuyos resultados los entregó en diciembre del 2021 que aún falta aprobar.

El representante de AUTODEMA, sostuvo que, según el documento de caducidad enviado a la gobernadora regional, señala que se incumplió el TUO del contrato lo que está relacionado a la adenda 13, por lo que, de aprobarse dicha adenda por el Consejo Regional en las próximas semanas, se ampliaría los plazos para las obligaciones que tiene pendientes el GRA.

Respecto a la firma del contrato de garantía soberana, Arroyo, señaló que, si el gobierno regional suscribe la adenda 13, el concesionario en 6 meses tendrá que hacer su cierre financiero, incluido la presentación de los estudios aprobados del PAMA, justificando la suscripción de la adenda 13 ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato original entre el GRA y la concesionaria desde el año 2016, ya que desde dicho año se inició el proceso de suspensión de los trabajos.

Finalmente, Arroyo refirió que no todas las obligaciones esgrimidas por la concesionaria tienen razón y validez, aclarando que COBRA presentó dos cartas de caducidad el 2020 y luego del diálogo entre el GRA y COBRA se levantó la caducidad, por lo que debe haber voluntad de las partes para encontrar una salida armoniosa. El consejero regional, Harbert Zúñiga, en su intervención en la sesión informativa, señaló que la gobernadora Gutiérrez debe ser quien responda a los argumentos de caducidad que sostiene la concesionaria por lo que no es competencia del Consejo Regional pronunciarse formalmente sobre el tema.