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La congresista, Karol Paredes Fonseca, del grupo parlamentario de Acción Popular, presentó el proyecto de ley de cinco artículos que establece el levantamiento obligatorio del secreto bancario como requisito a candidatos a cargos de elección popular y a las organizaciones políticas con las que postulan.

El proyecto de ley señala que los candidatos deberán presentar como requisito obligatorio al momento de inscribir su participación, una Declaración Jurada aceptando el levantamiento de su secreto bancario por parte de la autoridad electoral, como muestra de transparencia y ética política en cada proceso de elecciones. La autoridad electoral queda facultada para solicitar el levantamiento del secreto bancario de los candidatos y organizaciones políticas que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 1431 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y sus modificatorias, cuando presuma que es necesario para la calificación e inscripción del candidato y la organización política, o su no participación en caso de tacha o exclusión, entendiéndose como casos de presunción el eventual financiamiento ilegal o enriquecimiento ilícito del candidato y la organización política, que revistan el interés público.

El proyecto de ley indica que el Jurado Nacional de Elecciones conforme a sus atribuciones establece las normas reglamentarias y/o complementarias que se requieran para el debido cumplimiento de lo establecido en los artículos 20 y 30 precedentes y La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP conforme a sus atribuciones dicta las directivas y normas necesarias para el adecuado cumplimiento de la presente Ley, en lo que concierne a la atención y ejecución del levantamiento del secreto bancario.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, la congresista Paredes sostiene que uno de los graves y agudos problemas que tiene el Perú, es la corrupción que es un fenómeno insidioso, variado y global que comprende muchas esferas públicas y privadas que en los últimos años ha generado millones de soles de perdida para el Estado, y como consecuencia de ello, viene perjudicando a la población durante décadas. Recursos que debieran ser destinados para generar desarrollo y crecimiento y, de esta manera puedan ir cerrando profundas brechas sociales que tiene el Estado con la población.

Paredes agrega que asistimos a una serie de hechos irregulares en el manejo de los recursos de¡ Estado, encontrándose involucrados los principales líderes de agrupaciones políticas que inclusive ha merituado prisión preventiva, así como también se encuentran enfrentado procesos penales, autoridades que resultaron elegidas en un proceso electoral, así como también funcionarios en los tres niveles de gobierno con imputaciones graves por la comisión de delitos, al haber recibido aportes para la campaña política que habrían provenido de actividades ilícitas, como lavado de activos, crimen organizado, Peculado, Colusión Peculado de Uso, negociación incompatible o Aprovechamiento Indebido para el cargo entre otros, que según datos de la Contraloría General de la República al año 2019, habían 8,801 funcionarios públicos comprometidos con serios indicios de presunta responsabilidad penal, civil y administrativa.

Ante esta situación, y estando próximo al proceso electoral, donde se llevarán a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2022, en la que además nos encontramos sujetos a normas sanitarias dispuestas por las autoridades para combatir la pandemia contra la COVID 19, debemos tener en cuenta y transparentar la información que permita que las agrupaciones políticas, no solamente demuestren solvencia moral y ética política, sino también, compromiso con el desarrollo y progreso de sus poblaciones, considerando la grave crisis económica por la que atraviesa el país.