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El ministro de vivienda, construcción y saneamiento, Geiner Alvarado López, mediante la resolución ministerial 399-2021 publicada en el diario oficial, aprobó el Plan Nacional de Saneamiento 2021-2026, de obligatorio cumplimiento para los tres niveles de gobierno, los prestadores de servicios de saneamiento, los sectores y entidades involucradas con la gestión y prestación de los servicios de saneamiento.

La resolución señala que el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026 está a cargo de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en su calidad de Ente Rector del sector saneamiento, en coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades del Estado con competencias reconocidas en materia de saneamiento. Las medidas y acciones necesarias para la implementación del Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026 se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades correspondientes, sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público.

La resolución refiere que, mediante Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, como principal instrumento de política pública sectorial, con el objetivo de alcanzar la cobertura universal de los servicios de saneamiento de forma sostenible. Agrega que, el primer párrafo del inciso 2 del artículo 6 del TUO de la Ley Marco precisa que el MVCS tiene como función, entre otras, el aprobar mediante resolución ministerial, el Plan Nacional de Saneamiento como el principal instrumento de implementación de la política pública sectorial para alcanzar la cobertura universal de los servicios de saneamiento, el cual contiene los objetivos, lineamientos e instrucciones para el uso eficiente de los recursos en la provisión de los servicios de saneamiento, así como la información de los Planes Regionales de Saneamiento sobre las brechas existentes, estableciendo la programación de inversiones y fuentes de financiamiento, entidades responsables, entre otras medidas, en concordancia con lo establecido en los planes nacionales.