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La congresista Margot Palacios Huamán del grupo parlamentario Perú Libre, presentó el proyecto de ley que pretende recuperar la soberanía del Perú sobre la molécula del gas peruano, el cual tiene cinco artículos. El proyecto plantea que se declare de necesidad pública la nacionalización del gas peruano para poner su explotación, producción, transporte, distribución y comercialización en armonía con el bien común.

Refiere que el recurso natural del gas pertenece a la Nación peruana en el subsuelo, suelo o en el medio de transporte o almacenamiento donde se encontrare hasta su comercialización por el Estado peruano. El Estado peruano ejerce la propiedad sobre la molécula del gas extraído del subsuelo hasta su venta en el mercado nacional o extranjero. El gas extraído del subsuelo peruano se comercializa a precios del costo de su extracción, transporte y comercialización, más el costo financiero del capital de trabajo, para el consumidor nacional; y a precios internacionales para su exportación o para el consumidor extranjero.

En el proyecto la legisladora señala que las empresas petroleras o gasíferas que realizan actividades de extracción o producción de gas en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Petroperú toda la producción de gas, recibiendo a cambio el costo del servicio de extracción o producción prestado. Podrán seguir operando en el país las empresas de extracción, producción, transporte y distribución de gas peruano que acaten inmediatamente las disposiciones de la presente Ley y que, en un plazo no mayor a 100 días, regularicen su actividad mediante contratos que cumplan sus condiciones.

En la exposición de motivos, la congresista afirma que, en las dos últimas décadas, las empresas productoras y distribuidoras de gas sorprendieron al Estado peruano mediante contratos contaminados por la corrupción y lesivos al país. Las empresas productoras y distribuidoras extranjeras de gas han constituido carteles oligopólicos con prácticas que han desnaturalizados los mercados, creando una situación en la que nuestro gas se exporta a los precios más bajos de la región y se vende a los precios más elevados del continente en el mercado interno. El Consorcio Camisea y Transportadora de Gas del Perú, como todas las empresas que realizan la explotación, transporte, distribución y comercialización del gas peruano se sujetan a las mismas condiciones de los inversionistas nacionales, y se someten a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República soberana del Perú y renuncian a toda reclamación diplomática.

La congresista Palacios afirma que el gas, como todos nuestros recursos naturales, es patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento y en su uso sostenible. En la actualidad, la explotación, transporte y comercialización del gas peruano no se viene ejerciendo en armonía con el bien común, generando inseguridad en su aprovisionamiento para la satisfacción de necesidades básicas de la población; lo cual obliga la intervención de Estado para proteger a la ciudadanía. El suministro de energía y el abastecimiento de combustible, del gas en particular, es una necesidad pública que debe ser garantizada por el Estado; el que debe combatir toda práctica que limite la competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Parte de la inversión extranjera en el sector del gas proviene de paraísos fiscales por lo que el origen de sus capitales no tiene la transparencia que se exige a los inversionistas nacionales; contraviniendo el principio de que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones; y que, en ningún caso pueden invocar excepción ni protección diplomática.

La parlamentaria gobiernista agrega en su proyecto de ley que, en la producción de gas en el Perú, la mayor parte se destina a la exportación, la que se vende a otros países y representaba el 53% del total; sin embargo, en mayo del 2016 ya representaba el 60% del total. La participación más pequeña, al 2015, es la que correspondía al uso en las viviendas (residencial) con un 0.7%, es decir ni siquiera alcanzaba el 1% de la producción de gas natural, el que se dedica a las poblaciones para el uso en el hogar. El gas natural para el uso en el transporte asciende a un 6%, para el uso industrial llega al 11%, y las grandes empresas generadoras de energía eléctrica usan el 30% de la producción diaria.

Sostiene también que el gas del Lote 56, que es el dedicado a la exportación, ha observado un precio de entre 0.40 y 1.76 dólares por MMBTU (millones de unidades térmicas británicas de gas natural) con este precio se vende el gas peruano al extranjero. El gas del Lote 88, que se dedica al mercado interno del Perú, ha observado un precio que oscila entre de 2.18 y 3.22 dólares el MMBTU, con este precio se vende el gas peruano a los peruanos. Es decir, por los contratos de exportación existentes, se vende al extranjero con precios bajísimos y para los peruanos, para los dueños del gas natural, se vende a precios hasta 8 veces más caros. Agrega la congresista que los gobiernos entreguistas anteriores han suscrito los contratos de exportación del gas aceptando la forma de cálculo y los porcentajes de la regalía que constituyen un atentado a los intereses nacionales y la entrega de nuestra soberanía sobre este recurso estratégico para el país.

Indica asimismo que en el mercado minorista de Gas Licuado de petróleo GLP, cuatro empresas controlan el 72% del mercado a nivel nacional. La principal es Solgas, de Repsol, que tiene el 33% del mercado. Solgas era de Petroperú y fue vendida en 1993 a la chilena Lipigas (del grupo Santa Cruz y Yaconi) por US$ 7,5 millones. En 1996, Lipigas le vendió Solgas a Repsol por una suma 7 veces superior, US$ 56 millones. Al privatizar Solgas, el Estado peruano perdió la capacidad de regular el mercado de GLP30.

Otras empresas importantes son Zeta Gas, de capitales mexicanos y Lima Gas, de propiedad de Lipigas. Repsol tiene el 30% de las acciones de Lima Gas; pero, además, en el 2000, compró, en Chile, el 45% de Lipigas. Se puede decir, por ello, que Lima Gas (12% del mercado) tiene una fuerte influencia de Repsol que, como ya se ha visto, tiene el 33% del mercado con Solgas. El resto del mercado está conformado por cerca de 160 envasadoras y una gran cantidad de comercializadores minoristas. Es decir, Repsol, Zeta Gas y Lipigas tienen en sus manos el control del 72% del mercado oligopólico del balón de gas licuado de petróleo.

La congresista sostiene asimismo que el negocio del gas en balones, o sea el GLP, que aun millones de familias consumen en el Perú, es dominado por los extranjeros, así la empresa ZETA GAS es mexicana, la empresa LIMA GAS que en realidad es de LIPIGAS es chilena. Y la empresa REPSOL española que hace poco vendió una planta (abril de 2016) a la empresa chilena ABASTIBLE. Y si a ello le sumamos que la empresa que tiene en concesión la instalación de redes de ductos y de conexiones de gas natural domiciliario para Lima y Callao, es la colombiana CALIDDA, entonces la conclusión es clara: son los extranjeros los que tienen en sus manos el gran negocio del gas que usamos en nuestros hogares.

En el negocio de los balones de GLP las empresas obtienen una alta y creciente ganancia que estas empresas obtienen por la venta de cada balón. En la estructura de costos del balón hay un componente que se llama «margen de distribución y comercialización», ese margen varía, por eso en junio del 2012 ese margen era de SI. 10.70 o sea un 29% del precio; en junio del 2015 ese margen llega a SI. 15, o sea un 46% del precio total. El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios, OPECU, denunció que entre enero y abril 2017, la empresa Pluspetrol, el mayor productor de gas licuado de petróleo del país, redujo sus precios en 23.1% o SI. 3,90 por 10 kilos; no obstante, los consumidores pagaron un alza de 0,7% o SI. 0,25 por balón.

La parlamentaria de Perú Libre refiere que estas empresas que dominan el mercado del balón de gas, pese a que compran el gas a precios más bajos, lo venden cada vez más caros, con lo que sus utilidades aumentan. De acuerdo a la información de la ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, ASPEC, el Perú ocupa el primer lugar, con el precio más caro en América Latina. Todos los países como Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, todo ellos tienen menores precios al que tiene el Perú. En un estudio, realizado en marzo 2017 por el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios, Opecu, se encontró que el balón de gas GLP que venden Solgas, Limagas, Zetagas y LLamagas en 15 distritos de Lima en precio promedio estaba en S/.43 y en provincias era de S138.30. Lo trágico se presenta en Talara, también emporio del gas natural, en setiembre del 2017 al balón de GLP de 10 kg se vende a SI. 43 y SI. 44. Esta es la realidad que el libre mercado impone a los usuarios del Perú.

Finalmente, la congresista Margot Palacios, refiere que el gas, como todos nuestros recursos naturales, es patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento y en su uso sostenible; en ese entender, la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos (Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y Derivados), y la creación de un polo industrial petroquímico con fines de seguridad energética nacional Ley – N° 29817, es compatible con la soberanía sobre el recurso para el consumo del gas natural por todos los peruanos a un precio menor al actual y menor frente a otros tipos de combustibles; significa también un progreso importante tanto en el aspecto económico como en el ambiental, el que debe combatir toda práctica que limite la competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas; como los establece la Constitución Política del Perú.