Mediante un pronunciamiento institucional, la Defensoría del Pueblo, demandó al MINSA que cuanto antes se apruebe la reglamentación de la Ley del Cáncer que aprobó el Congreso en el mes de agosto. Según la Defensoría, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) cada año más de 69, 000 personas son diagnosticadas con cáncer. Situación que ocasiona alrededor de 34, 000 muertes en el mismo periodo. A pesar de ello, debido a las evidentes carencias y a la fragilidad de nuestro sistema de salud, la atención de las personas con este diagnóstico era ya difícil antes de la llegada del COVID-19.

El arribo de la pandemia ha agudizado gravemente la situación de este grupo vulnerable, ya que según la información brindada por el propio Minsa, el impacto se evidenció en una reducción de la atención en un 50 % comparado con el año 2019. En otras palabras, se produjo un grave retroceso en el acceso a un diagnóstico y un tratamiento oportuno por el cáncer en el Perú.

En ese contexto, el 10 de agosto del presente año se publicó la Ley Nacional del Cáncer, Ley N.° 31336, la misma que tiene por objeto garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todas las personas con enfermedades oncológicas, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan, con la finalidad de asegurar el acceso al derecho fundamental a la salud en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Además, esta Ley estableció la responsabilidad del Estado en formular, implementar y evaluar la Política Nacional de Lucha contra el Cáncer, donde se establezcan los indicadores y estándares mínimos de una atención integral oncológica que permita medir la oportunidad del diagnóstico y del inicio del tratamiento, así como vigilar y exigir su cumplimiento. Es decir, la Ley Nacional del Cáncer es crucial para mejorar el acceso y cobertura integral para las personas en el actual contexto de la pandemia.

No obstante, observamos con suma preocupación que el Minsa ha incumplido con aprobar la reglamentación de la Ley en el tiempo previsto (60 días calendario), a pesar de que nuestra institución advirtió anticipadamente de la cercanía del plazo máximo para cumplir con dicho propósito, así como de la necesidad de garantizar la participación de la sociedad civil, a través de las organizaciones de pacientes.

Por esa razón, la Defensoría considera necesario demandar al Poder Ejecutivo la pronta elaboración, aprobación y publicación del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, a efectos de contar con un instrumento específico que garantice los derechos de las personas que luchan día a día contra esta enfermedad. Asimismo, y con la misma urgencia, exigimos contar con una Política Nacional contra el Cáncer, con indicadores y estándares mínimos que puedan ser materia de vigilancia y rendición de cuentas.

La actual pandemia nos ha demostrado la necesidad de fortalecer el sistema de salud y de reforzar las acciones en favor de los grupos altamente vulnerables. Cumplir oportunamente con las leyes aprobadas, es una de ellas, sobre todo, si involucran enfermedades con tanto impacto económico y social como es el cáncer. La actual deuda del Poder Ejecutivo debe ser honrada con prontitud.