El Consejo Directivo del Congreso Nacional que preside Maria del Carmen Alva, aprobó la Agenda Legislativa para el período anual de sesiones 2021-2022, con la finalidad de consolidar la democracia y Estado de derecho, y conseguir la equidad y justicia social, además de asegurar la competitividad del país y garantizar un Estado eficiente, transparente y descentralizado.

El listado tiene 71 prioridades temáticas y legislativas es el resultado del esfuerzo concertado entre los grupos parlamentarios y la presidencia del Consejo de Ministros, tal y conforme lo estipula el artículo 29 del Reglamento del Congreso. La propuesta será debatida y aprobada en el Pleno del Congreso, a efectos que sea atendido con prioridad en los debates y votaciones tanto en las comisiones como en las sesiones plenarias.

Para alcanzar el objetivo de consolidar la democracia y Estado de Derecho, la se han definido la defensa del principio constitucional de balance y equilibrio de poderes, fortalecimiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad, las reformas constitucionales, reforma del reglamento del Congreso, elección de altos funcionarios del Estado, así como la modificación de la ley de organizaciones políticas y de las leyes electorales.

También, la regulación de los requisitos para ser ministro de Estado, la transparencia en la gestión pública y la modificación del régimen tributario están comprendidas en el objetivo de afirmar la democracia y el Estado de derecho.

Respecto al cumplimiento de la política estatal de erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo, la Agenda Legislativa prioriza el propósito de aprobar leyes que fortalezcan la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, así como la dación de normas contra los delincuentes extranjeros. Asimismo, fija medidas de apoyo a las tareas de la Policía Nacional del Perú, de los bomberos voluntarios, el fortalecimiento del proceso de descentralización y el financiamiento de los gobiernos regionales y locales.

Para conseguir la equidad y justicia social, la Agenda Legislativa estipula temas como el seguimiento al programa Hambre Cero, la dación de leyes para atender los problemas de las personas con discapacidad y para mejorar la educación, así como la reforma magisterial. Igualmente, figura la modificación de la ley universitaria (bachillerato automático, licenciamiento e ingreso libre a las universidades).

Para alcanzar el acceso universal a los servicios de salud, el Congreso se compromete a atender la reforma y modernización del sistema de salud, para superar los efectos de la pandemia de la COVID-19 y resolver los requerimientos de los profesionales de salud. En el ámbito laboral, la Agenda Legislativa fija como meta la modernización de la normatividad laboral (contratos de trabajo, relaciones colectivas y teletrabajo), así como la incorporación de los jóvenes al mercado laboral formal sin dejar de lado la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, la defensa de la mujer y de la familia.

En cuanto al objetivo de alcanzar la competitividad del país, la agenda plantea varias prioridades como la mejora de los organismos reguladores, el apoyo a las asociaciones de defensa de los consumidores, la promoción de la libre competencia y de las mypes y microempresas, así como la formalización de la actividad empresarial.

Asimismo, La promoción del turismo, de las inversiones mineras, de la ciencia y tecnología y la protección del ambiente, también están consideradas en los asuntos que merecerán atención en los debates parlamentarios al igual que la protección del ambiente y la garantía al acceso a internet. La modernización del agro y la garantía en favor de la inversión en vivienda, saneamiento e infraestructura también están consideradas en la lista de prioridades.

Sobre un Estado eficiente, transparente y descentralizado, la agenda señala once temas importantes, como las leyes para la lucha contra la corrupción con drásticas sanciones y con la participación del ciudadano de a pie, la modernización del sistema de justicia y del aparato administrativo estatal, así como el fortalecimiento de las libertades de expresión e información. Se prestará atención a la demarcación y ordenamiento territorial, medidas certeras para la eficaz gestión del agua y de riesgo de desastres y de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.