La Semana Internacional de las Personas Sordas se celebra desde el año 1958, cuando la Federación mundial del sordo (FMS) estableció por primera vez el Día Internacional del Sordo cada 29 de septiembre, que luego se extendió a la Semana Internacional del Sordo en la última semana de septiembre de cada año, siendo una fecha de carácter reivindicativo, donde las comunidades sordas visibilizan su realidad y en la cual se pone de relieve la riqueza de la cultura sorda, pero donde también se analiza si los Estados cumplen o no con su obligación de apoyar a este sector vulnerable.

Según el Mapa Nacional de la Discapacidad del Perú elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el año 2012 y ejecutado por la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, en el país existían el 1.8% de personas en total que tenía limitaciones para oír, aun usando audífonos para la sordera. De los 25 departamentos del país, Moquegua y Tacna concentraban al 2.7% de personas con sordera, mientras que Loreto tenía sólo el 0.6%, en tanto que en Arequipa se registró al 2.2% de la población total.

El año 2018, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que Seguin el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2017 en el país se registró a 3’051.612 personas que padecían algún tipo de discapacidad que representaba el 10,4% de la población nacional, calculada en 31’237.385 habitantes., donde se incrementó el número de personas que tenía dificultades para escuchar.

Según el INEI, el 48,3% de este grupo tenía dificultad para ver; el 15,1% para moverse o caminar; el 7,6% para oír; el 4,2% para aprender o entender; el 3,2% presenta problemas para relacionarse con los demás; y el 3,1% para hablar o comunicarse.

El año 2020 en la Semana Internacional del Sordo, la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento, demandó a la Presidencia del Consejo de Ministros atender las diversas problemáticas que enfrentan las personas sordas como un asunto de interés público, que concientice a la sociedad sobre tal condición y genere una corriente de opinión favorable hacia las medidas orientadas a viabilizar el acceso a los servicios públicos esenciales de esta población, en igualdad de oportunidades.

Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo, quienes utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas, y obliga a los Estados a facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y promover la identidad lingüística de la comunidad sorda.

Según el Censo Nacional de Población (INEI-2017), en el Perú hay 232, 176 personas con dificultad para oír, cifra que representa el 7,6 % de las personas con discapacidad. De acuerdo a este censo, 8,790 personas con discapacidad registraron la Lengua de Señas Peruana (LSP) como lengua materna. En el ámbito educativo, la Defensoría del Pueblo advirtió, en el año 2019, que el 76 % de las II.EE. públicas y el 83 % de las II.EE. privadas reconocen que no están en condiciones de brindar los servicios educativos a los estudiantes sordos. Se alertó sobre la exclusión de los estudiantes sordos en el nivel de secundaria, toda vez que el Censo Escolar 2019 reportó 587 estudiantes sordos en el nivel de primaria y 350 en el nivel de secundaria.

Durante la implementación de la estrategia de educación no presencial a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, se evidenció la falta de intérpretes de LSP en los programas de “Aprendo en Casa” que se emitieron en las primeras tres semanas. “El problema del acceso a la educación para este grupo de estudiantes ha continuado durante las clases remotas que dictan en sus II.EE., debido a la falta de docentes e intérpretes que dominen la LSP, y la falta de preparación de docentes para incluir a los estudiantes sordos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, señaló Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo recordó al Estado la obligación de promover la formación de docentes e intérpretes con dominio de la LSP, así como el desarrollo de actividades de investigación, enseñanza y difusión de la LSP y otros sistemas alternativos, a fin de asegurar el acceso de las personas sordas a los servicios públicos y el ejercicio de sus derechos.