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El congresista de Perú Libre, Wilson Quispe Mamani, presentó el 17 de septiembre el proyecto de ley que pretende modificar el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1496 que establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional y ampliar el plazo de adecuación de los docentes de las universidades públicas y privadas a los requisitos de la Ley N° 30220, Ley Universitaria para obtener el grado de maestro, será hasta el 30 de noviembre de 2023; de lo contrario, son considerados en la categoría que les corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda.

En la fundamentación del proyecto de ley, el congresista, Quispe Mamani, sostiene que la Ley N° 30220, Ley Universitaria, publicada el 9 de julio del 2014, estableció los nuevos requisitos para la docencia universitaria y de esa forma elevar el nivel académico de las universidades peruanas. Uno de los requisitos es tener el grado académico de magister o maestro para ejercer la docencia universitaria en el pregrado y la maestría; y el grado de doctor para la docencia en maestrías y doctorados; y estableció el plazo de cinco años para la adecuación a los docentes que no cumplían con los requisitos mencionados.

Refiere que la Sentencia de Tribunal Constitucional publicado en el Diario oficial El Peruano el 14 de noviembre del año 2015 precisó que el plazo de adecuación de cinco años establecido en la Disposición Complementaria Transitoria Tercera de la Ley N° 30220 comienza a computarse desde el momento de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano. La sentencia permitió que se ampliara el plazo de adecuación hasta noviembre del año 2020. En marzo del 2020 producto de la emergencia sanitaria se suspendieron las actividades educativas en todos los niveles en todo el territorio nacional y con el Decreto Legislativo 1496 en su artículo 4, se amplió la fecha para la adecuación de los docentes universitarios para el 21 de noviembre del 2021.

La mencionada norma se dio el año pasado cuando existía mucho desconocimiento científico sobre la duración y las consecuencias de la pandemia. Asimismo, las consecuencias en la educación han sido muy graves y muchos docentes universitarios con toda la voluntad de cumplir con la norma, no han logrado obtener los requisitos a pesar de tener muchos años en la docencia universitaria y amplia experiencia en su profesión. Los docentes universitarios han sido afectados económicamente por la crisis sanitaria. Docentes contratados de universidades públicas y privadas han perdido sus puestos de trabajo; otros docentes perciben un ingreso salarial menor por la disminución de la carga horaria; existen docentes a quienes se les aplicó la suspensión perfecta; y finalmente la reducción de los salarios por acuerdos entre las partes por la deserción estudiantil y disminución de postulantes.

El proyecto agrega que existen muchos docentes que también han sido víctimas de la pandemia, han perdido familiares directos e indirectos que originan efectos psicológicos y económicos, por los gastos que han realizado para tratar la enfermedad y las secuelas. Inclusive algunos de los asesores de tesis de muchos bachilleres, maestristas y doctorandos, que ya tenían avanzado sus investigaciones han fallecido, dejando los procesos de aprobación de tesis sin terminar, lo que genera el desarrollo de nuevos procedimientos administrativos para el nombramiento de nuevos asesores o jurados para la sustentación de la tesis. Las medidas de emergencia sanitaria han traído como consecuencia el cierre de todas las universidades y de instituciones vinculadas a la investigación; por lo tanto, en muchas carreras universitarias no se puede realizar los trabajos de investigación de campo o experimentales, no hay estudiantes o población (muestras) para hacer las encuestas o entrevistas y los laboratorios están cerrados.

Agrega que muchos docentes viven y trabajan en una región, pero realizaron sus estudios de postgrado en otras regiones distantes; y las restricciones y el temor al contagio del virus no permite la facilidad para trasladarse y realizar las gestiones administrativas y académicas. En muchas universidades los servicios de atención virtual son deficientes o limitados. El cumplimiento del plazo que establece el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1496 sin proyectar las consecuencias sociales y sin que haya existido las mismas oportunidades de acceder a los grados; sin atender las posibilidades reales que posee cada persona del tiempo y ocupaciones que tiene y de los ingresos reales con los que cuenta en tiempos de emergencia sanitaria, atenta contra el derecho a la igualdad establecida en la Constitución.

El congresista afirma que el respeto al derecho al trabajo de los docentes universitarios no es bajar el nivel académico o la calidad de las universidades, porque muchos docentes tienen una gran experiencia profesional y en la docencia universitaria. La iniciativa legislativa consiste en ampliar el plazo de adecuación hasta el 30 de noviembre del 2023 porque actualmente continúa la emergencia sanitaria y es posible que se desarrolle una tercera ola y nuevas medidas restrictivas para todos los ciudadanos. Esta ampliación garantizará el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad ante la ley y no ser discriminado establecidos en nuestra Constitución.