La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que no existe una definición uniforme en el mundo sobre el grupo de edad que comprende el concepto de juventud. Sin embargo, para efectos de la elaboración de estadísticas, la ONU considera jóvenes a las personas entre 15 y 24 años, a la vez que reconoce la potestad de cada país para elaborar legítimamente su propia definición de juventud (Naciones Unidas, s/f). En el Perú, conforme a lo establecido en la Ley N° 27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud, se considera jóvenes a quienes conforman el grupo etario de entre los 15 y los 29 años.

La Política Nacional de la Juventud (PNJ), aprobada en setiembre del año 2019 (Decreto Supremo N°13-2019-Minedu), reconoce que las juventudes –en tanto grupo poblacional– son “un importante activo para alcanzar el desarrollo sostenible en el país” y que la juventud –en tanto etapa de vida– es “decisiva para fortalecer y ampliar las oportunidades de bienestar” (Ministerio de Educación [MINEDU], 2019, p. 11). Las juventudes son reconocidas a nivel internacional como actores estratégicos para el desarrollo, actores políticos, interconectados con una importante capacidad innovadora, creativa y de transformación (Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica [OIJ], 2019).

Las juventudes son también sujetos de derechos que requieren de garantías para el pleno ejercicio de su ciudadanía. Por eso, la PNJ destaca la importancia de potenciar las capacidades de las juventudes, así como de considerar los riesgos que frenan su desarrollo. Así, por ejemplo, son riesgos para el desarrollo de las juventudes las inadecuadas condiciones para el acceso a un empleo y la falta de acceso a una educación de calidad: en el año 2020, el 25.1% de la población joven (1 millón 970 mil jóvenes aproximadamente) no se encontraba estudiando ni trabajando, según datos anuales de la Encuesta Nacional de Hogares (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2021).

Si bien el ejemplo anterior corresponde a un indicador de las áreas de trabajo y educación, la PNJ considera también la salud, la criminalidad, la discriminación y la participación como áreas prioritarias de intervención en favor de las juventudes. Es decir, la PNJ reconoce una serie de problemas, privaciones y necesidades de las juventudes, las cuales no pueden ser abordadas desde un solo sector del Estado, sino mediante acciones multisectoriales e intersectoriales, que reconozcan su potencialidad, heterogeneidad y las desigualdades que les atraviesan (OIJ, 2019). Es por ello por lo que se requiere de un enfoque de juventudes transversal al trabajo estatal.

La Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), órgano del Ministerio de Educación, es la entidad responsable de articular, coordinar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector público, entidades privadas y de la sociedad civil en el marco del cumplimiento de la Política Nacional de Juventud. Como parte de dicho mandato, la SENAJU ha elaborado el documento Enfoque de juventudes en la gestión pública. Bases para su transversalización, para que sea utilizado por tomadores de decisiones públicas, funcionarios, especialistas y profesionales en el diseño e implementación de políticas, programas e iniciativas públicas.

De esta manera, las acciones estatales podrán contar con los componentes pertinentes para que respondan e incorporen a las expectativas, preocupaciones, necesidades y experiencias de la población joven con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos y su participación en el desarrollo del país (OIJ, 2019).

El documento propone como primer paso en la adopción e implementación del enfoque de juventudes la revisión de las principales herramientas normativas en materia de juventud; se destaca que ellas tienen un énfasis importante en: a) la priorización de problemáticas juvenil a abordar, b) en las posibilidades de articulaciones intersectorial, entre niveles de gobierno, y de alianzas con entidades privadas y c) en la participación de organizaciones de jóvenes e instituciones que trabajen con juventudes, por lo que es importante establecer mecanismos para la articulación de estos actores con iniciativas públicas.

Asimismo, se ofrece un listado y descripción de bases de datos y fuentes de información para el análisis de las características de las juventudes, lo que dota a servidores públicos de herramientas para el análisis que requiere la incorporación del enfoque de juventudes. Se propone también que la comunicación institucional se apoye en el análisis de las características de las juventudes según rangos etarios (15-19 años, 20-24 años y 25-29 años), y según sus situaciones de vulnerabilidad (discapacidades, pueblos indígenas u originarios, población LGTBI, afroperuana, rural y otros).

El documento plantea también estrategias para la incorporación del enfoque de juventudes en iniciativas públicas concretas. Primero, propone una ruta para alinear la iniciativa pública con las condiciones de vida y oportunidades de las juventudes, lo cual se ilustra con un flujograma. Luego, sugiere estrategias para elaborar planes operativos y/o de trabajo con enfoque de juventudes, que incluyan y promuevan la participación de las poblaciones jóvenes en las iniciativas públicas. Asimismo, contempla que las entidades públicas a cargo de las iniciativas generen articulaciones intersectoriales, y/o entre espacios de gobierno, y/o alianzas con entidades privadas.

Finalmente, se presenta una propuesta de evaluación de estas iniciativas y de registro de lecciones aprendidas en las experiencias de transversalización del enfoque de juventudes. Luego de ello, viene una breve enumeración de las situaciones que pueden presentarse al momento de iniciar la puesta en práctica de lo que aquí se propone, y los retos de cara a ello. Queremos culminar reiterando el compromiso de la SENAJU con el bienestar de las juventudes, y resaltar la necesidad de hacer del Estado un actor en el cual las juventudes confíen. La elaboración de este documento es parte de un esfuerzo por volver a poner a las juventudes en el corazón de la agenda política nacional.

En esa línea, las ideas y propuestas aquí desarrolladas comunican el siguiente mensaje: necesitamos una gestión pública que tenga la preocupación por las juventudes en el centro de su acción para potenciar el aporte de estas al desarrollo económico y social del país, así como para darles las condiciones para construir una vida digna y reforzar su sentimiento de pertenencia a la sociedad. Ese es, después de todo, el fin último al que apunta este documento, y al que debería apuntar toda acción que se plantee como una intervención en favor de la población joven.

Bases para la transversalización del enfoque de juventudes en la Gestión Publica 2021- Secretaria Nacional de la Juventud – Ministerio de Educación Perú.