El miércoles 01 de septiembre las bancadas parlamentarias de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, presentaron ante el Congreso Nacional una moción de interpelación de 7 preguntas, suscrito por el congresista Jorge Montoya, contra el ministro de trabajo, Iber Maravi, la que deberá ser aprobada o desestimada por el Pleno del Congreso en la sesión ordinaria del jueves 9 de septiembre. Entre los considerandos de la moción de interpelación, los congresistas opositores, señalan que Maravi según los medios de comunicación tendría vinculaciones con Sendero Luminoso, CONARE SUTEP y el MODAVEF, y que esas vinculaciones datan de 1980 y 1981 y que habrían participado con Edith Lagos en atentados terroristas en Ayacucho.

Agregan que el 3 de abril de 1983 su suegro habría participado en la matanza de Lucanamarca u en que habría participado como autores en el ataque al Hotel de Turistas de Ayacucho y contra un vehículo del Banco de la Nación, cuyo atestado policial consta donde Maravi figura como no habido, y que también estaría incluido en un atestado policial del año 2004 en el que se le denuncia por delito de terrorismo en una protesta magisterial cuando fue dirigente magisterial en la ciudad de Huamanga. Los congresistas opositores al gobierno afirman que Maravi en todo momento negó pertenecer al CONARE o MODAVEF pese a que el 16 de septiembre se reunió con dirigentes del MODAVEF por lo que estos hechos son de suma gravedad para la seguridad y orden interno lo que demanda del Congreso el inmediato ejercicio de sus atribuciones de control político en resguardo de la Constitución, la ley y el orden público mediante el mecanismo de interpelación por lo que deberá responder 7 preguntas. Maravi señaló a la prensa que concurrirá al Congreso para responder la interpelación, siempre y cuando el Congreso apruebe esa moción.

No analizaremos el caso concreto de la próxima interpelación del ministro de trabajo, Iber Maravi, sino haremos un resumen histórico de este mecanismo de control político que tienen los Congresistas denominado, interpelación política y dar a conocer cuántas interpelaciones se registraron desde el gobierno de Toledo hasta el Gobierno de Vizcarra. La interpelación esta normada en la Carta Magna, artículo 131 al señalar que “es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o cualquiera de sus ministros, cuando el Congreso los llama a interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos de quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles y la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo”.

“La interpelación puede concluir con el voto de censura y rechazo a la cuestión de confianza cuando las explicaciones del interpelado no satisfacen al Congreso, por lo que los grupos interpelantes pueden presentar una moción de censura suscrita por no menos del veinticinco por ciento del número legal de los congresistas. Si es censurado el Presidente del Consejo de Ministros o un ministro interpelado, debe renunciar, por lo que el Presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las setenta y dos horas, debiendo designar a un nuevo ministro”, por mandato del artículo 132 de la Constitución Política.

En esencia, la interpelación es un mecanismo de control político del que hacen uso los congresistas para hacer efectiva la responsabilidad de los ministros, por lo que los interpelados, deben rendir cuenta de su gestión sectorial o del desarrollo de las políticas públicas de su sector que algunas bancadas parlamentarias de la oposición cuestionan.

La interpelación es un derecho de las minorías, pero son utilizadas por mayorías opositoras para obstruir la gestión del gobierno nacional incurriendo en abuso del derecho parlamentario, cuando el gobierno no tiene bancada parlamentaria que la defienda, convirtiendo al parlamento en un ring de box, restando legitimidad al primer poder del estado.

De las doce Constituciones Políticas que ha tenido el Perú desde 1821 al 2019, solo en seis de ellas se reconoció a la interpelación como mecanismo de control parlamentario en las Constituciones 1860, 1867,1920, 1933, 1979 y 1993. En el documento de investigación “La disciplina y efectividad de las bancadas de oposición en el Parlamento en los casos de interpelaciones durante los gobiernos de Toledo, García y Humala”, se da cuenta que desde el 2001 al 2016 se presentaron 85 mociones de interpelación, pero solo se dieron 36 votaciones para la admisión de las interpelaciones. El trabajo de investigación no reporta al gobierno de PPK y Vizcarra, pero da cuenta que solo las bancadas parlamentarias más disciplinadas lograron el mayor número de interpelaciones.

El gobierno de Toledo del 2001 al 2006, tuvo 22 mociones de interpelación, siendo admitidas 8, fueron rechazadas 2 y no se debatieron por temas procedimentales 12. En ese gobierno el ministro del interior Fernando Rospigliosi fue censurado por el Congreso por no tomar las previsiones para evitar el asesinato del alcalde de Ilave, Cirilo Robles en mayo del 2004. El gobierno de García del 2006 al 2011 tuvo 41 mociones de interpelación, fueron admitidas 11, fueron rechazadas 10 y no se debatieron por temas procedimentales 20.

El primer ministro Yehude Simón renunció a su cargo el 11 de julio del 2009 ante la inminente interpelación del Congreso después del Baguazo que significó la muerte de 33 peruanos en la selva. Al gobierno de Ollanta Humala 2011-2016 se presentaron 23 mociones de interpelación, siendo admitidas 5, rechazadas 3 y no se debatieron por temas procedimentales 15. La primera ministra Ana Jara fue censurada el 30 de marzo del 2015 con 72 votos por utilizarse recursos de inteligencia para rastrear a políticos, empresarios y periodistas.

De los 18 ministerios del poder ejecutivo, los ministros más interpelados en el periodo 2001 al 2016 fueron en primer lugar, los ministros del interior, en segundo lugar, los ministros de energía y minas y en tercer lugar, los ministros de economía y finanzas. En el periodo 2016-2021 del gobierno de PPK, fue interpelado y luego censurado el ministro de educación Jaime Saavedra con 78 votos por presuntos actos de corrupción en la compra de computadoras, pero también renunció el ministro de transportes Martín Vizcarra luego de ser interpelado por el Congreso por la cuestionada adenda del aeropuerto de Chinchero, así como fue interpelada la ministra de educación, Marilú Martens. En el gobierno de Vizcarra, fue interpelada la ministra de educación

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado