El 05 de septiembre de cada año, se recuerda el Día Internacional de la Mujer Indígena, al que generalmente la prensa urbana no le damos importancia y cobertura en nuestra agenda informativa. La Defensoría del Pueblo del Perú el año 2019 presentó el Informe de Adjuntía 002-2019 que no ha perdido actualidad y se denominó, “Situación de los Derechos de las Mujeres Indígenas en el Perú”, donde dan cuenta que según el Censo Nacional del 2017 del INEI, en nuestro país se registró a 3 millones 087 mil 666 mujeres de la población nacional que constituye un 10% de mujeres auto identificadas como indígenas.

El informe proporciona datos relevantes pero preocupantes a la vez, ya que, de toda población indígena en el país, el 87% son mujeres indígenas que hablan quechua, el 38% no tienen documento nacional de identidad, el 41% de ellas no culminan la educación secundaria y el 78% de ellas menores de 18 años sufren violencia sexual según reportes del Ministerio Publico, etc. El Informe de la Defensoría es un documento de 158 páginas, donde en 3 capítulos, abordan la situación de las mujeres indígenas en el país, la situación de los derechos de las mujeres indígenas en el país y la participación de las mujeres indígenas en espacios de tomas de decisión. El informe emite conclusiones y recomendaciones, que, por su importancia y trascendencia a propósito de la fecha, compartimos con ustedes lectores de Arequipa Misti Press.

Conclusiones generales:

1. De la información censal y estadística proporcionada por las diversas entidades públicas, se advierte que las mujeres indígenas representan cifras desfavorables respecto de sus pares hombres, observándose su situación de desigualdad en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales.
2. La información estadística desagregada por género no está disponible en todas las instancias nacionales de gobierno. Si bien algunas entidades muestran avances, la variable de lengua materna y auto identificación no siempre están incluidas en los registros administrativos y en las bases de datos de las entidades gubernamentales. La falta de información estadística desagregada a nivel nacional invisibilizan la situación de desventaja que afrontan, particularmente, las mujeres indígenas.

Conclusiones específicas:

3. Las mujeres indígenas auto-identificadas corresponden al 10% (3 078 666) de la población nacional del Perú. De este grupo, el 87% corresponde a mujeres quechuas, seguido del 9% de mujeres aimara y el 3% de mujeres de la Amazonía peruana.
4. Sobre el estado del acceso al documento de identidad, se ha constatado que, de la población indígena indocumentada, la mayor cantidad se concentra entre las mujeres quechua hablantes que son 7 457 (38%), seguidas por las mujeres awajúnhablantes que son 1 439 (8%).
5. Respecto al acceso, permanencia y culminación de la educación básica regular, se evidencia que la población indígena aún tiene limitado acceso a la educación secundaria. Menos de la mitad de comunidades campesinas y nativas cuenta con una institución educativa de nivel secundaria dentro de sus localidades; evidenciándose que sólo el 41% de las adolescentes mujeres indígenas culminan la secundaria.
6. En cuanto al acceso a los servicios de salud, el acceso a un establecimiento de salud en comunidades campesinas y nativas es limitado, en tanto sólo 3 de cada 10 comunidades nativas y 4 de cada 10 comunidades campesinas cuentan con este servicio en su localidad. La inaccesibilidad al servicio de salud incide en el fallecimiento de mujeres y recién nacidos por complicaciones en el parto en comunidades nativas y comunidades campesinas.
7. Sobre el estado del embarazo adolescente en mujeres indígenas, las cifras oficiales indican que el 14% (20 636) son adolescentes entre 15 y 19 años, representando cifras más elevadas que el promedio nacional. Estas cifras repercuten en el incremento de las tasas de deserción escolar de las adolescentes y en la no culminación de sus estudios secundarios. Además de poner en riesgo la salud de la madre adolescente y del neonato.
8. Respecto a la incidencia de las diversas formas de violencia sobre la población indígena femenina, resalta que las personas menores de 18 años (70%) son quienes sufren con mayor preponderancia de violencia sexual, según cifras reportadas por el Ministerio Público correspondiente a denuncias recibidas durante el año 2018.
9. En cuanto a la percepción de ingresos propios de las mujeres indígenas respecto a sus pares hombres, se ha evidenciado que menos de la tercera parte de la población de mujeres indígenas cuenta con ingresos propios y, de ellas, más de la mitad (59%) se dedica a realizar trabajos de baja remuneración.
10. No hay información estadística del Estado, para evaluar el nivel de protección en el acceso, uso y disfrute de la propiedad comunal de las mujeres indígenas.
11. Respecto a la participación de las mujeres indígenas en cargos de decisión comunal, al 2017, sólo el 5% (333) de comunidades campesinas tiene a una mujer como presidenta comunal, mientras que sólo el 4% (102) de comunidades nativas tiene una mujer como presidenta de su comunidad.
12. Con relación a la participación de las mujeres indígena en los procesos de consulta previa, si bien se garantiza su presencia no se advierte una participación efectiva de las mismas. De las cuatro etapas del proceso de consulta, la etapa del diálogo es una de las más importantes y en ella sólo 149 (23%) mujeres indígenas participaron de un total de 645 participantes, en los 45 procesos de consulta reportados.
13. Sobre la participación política de mujeres indígenas por cuota en elecciones regionales y municipales, se ha identificado que en el período electoral del 2006 al 2018, el 49% (1044) de candidatas a consejeras regionales por cuota indígena eran mujeres, del total de candidatos a consejeros regionales por cuota indígena (2117). Sin embargo, solo el 30% (24) del total de consejeros electos por cuota indígena fueron mujeres.

Recomendaciones generales al Estado

1. Tomar en cuenta las necesidades de las mujeres indígenas en el diseño y la gestión de las políticas públicas, programas, proyectos y estudios e incorporar las cifras de este documento en las herramientas de gestión para garantizar la prestación de servicios públicos con pertinencia cultural.
2. Incluir las variables de lengua materna y auto identificación étnica en las herramientas de gestión en las entidades públicas a nivel nacional. A su vez, desagregar la información recopilada a nivel de género para visibilizar y atender las brechas que podrían afectar a las mujeres indígenas de manera particular.

Recomendaciones específicas de acuerdo a las diversas competencias de las entidades del Estado

3. Garantizar a nivel nacional la producción periódica de información estadística desagregada por sexo, edad, auto-identificación, en los registros administrativos de los servicios públicos del Estado, con el fin de tener información diferenciada sobre mujeres indígenas desde cada sector.
4. Generar alianzas con las organizaciones indígenas para que estas tengan las capacidades técnicas de contribuir con información estadística sobre sus comunidades y colaboren en el levantamiento de Censos y Encuestas Nacionales.
5. Implementar la infraestructura necesaria para brindar la educación secundaria en zonas rurales prestando atención a las barreras que afrontan las estudiantes indígenas. En ese sentido, promover medidas efectivas para garantizar el acceso, permanencia y culminación de mujeres indígenas en la educación secundaria.
6. Garantizar el acceso y servicios adecuados en salud sexual y reproductiva, con pertinencia cultural, para adolescentes indígenas.
7. Incrementar la cobertura de los servicios de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres indígenas con pertinencia cultural, principalmente para niñas y adolescentes.
8. Adoptar e implementar medidas que permitan generar ingresos propios en las mujeres indígenas.
9. En lo que corresponda, incorporar medidas que permitan garantizar el uso, disfrute y gestión de la propiedad comunal, a favor de las mujeres indígenas.
10. Desarrollar metodologías apropiadas para fomentar la participación efectiva y de calidad de las mujeres indígenas en todas las etapas de la consulta previa, principalmente en la etapa de diálogo y los mecanismos de participación ciudadana, especialmente en materia ambiental.
11. Evaluar y adoptar medidas afirmativas, en el ámbito nacional, regional, local y comunal, para garantizar la participación política de las mujeres en espacios de decisión, en las mismas condiciones que los hombres, promoviendo la paridad y alternancia en los cargos de toma de decisión.