Imagen: Andina

En campaña electoral y en el mensaje presidencial ante el Congreso el 28 de julio, el presidente Castillo, ratificó que presentará un proyecto de ley al parlamento para crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La propuesta no ha sido rechazada por destacados investigadores ni instituciones nacionales relacionada a la ciencia y tecnológica que se oponga a dicha propuesta presidencial. La propuesta del Jefe de Estado merece un amplio debate nacional y el escenario natural y democrático, debería ser el Acuerdo Nacional donde casi todos estamos representados, pero no se le toma en cuenta o derivarse al CEPLAN que es un organismo técnico que proyecta hacia donde debemos ir como Estado soberano e independiente en las próximas décadas.  Personalmente, estoy de acuerdo con la propuesta de Castillo, porque hoy somos muy dependientes del exterior y eso se arrastra desde que nacimos como Estado en 1821 y algún día teníamos que dar ese salto. Sin embargo, la propuesta me parece incompleta y debería analizarse en nuestro bicentenario 2021, si nuestro poder ejecutivo es eficiente o ineficiente con las actuales 19 carteras ministeriales.

Hemos revisado como está constituido los poderes ejecutivos de los países de América Latina y hemos comprobado que algunos países tienen más ministerios que el Perú y otros menos ministerios que nuestro país. Veamos. Brasil con 202 millones de habitantes tiene 24 ministerios de su poder ejecutivo, Argentina con 43 millones de habitantes tiene 16 ministerios, Perú con una población de 33 millones de habitantes tiene 19 ministerios, Uruguay con 4 millones de soles tiene 18 ministerios, Chile con 18 millones de habitantes tiene 23 ministerios, Bolivia con 10 millones de habitantes tiene 18 ministerios y Colombia con 50 millones de habitantes tiene 16 ministerios.

Un caso especial es de Ecuador que tiene una población de 19 millones de habitantes, que, si bien tiene 21 ministerios, cuenta con 4 grandes ministerios coordinadores. Entre ellos, el denominado Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social engloba al Ministerio de Inclusión Económica y Social, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Ministerio del Deporte. Como se observa, países vecinos tienen más ministerios que Perú y otros, igual de los que tenemos en el país. Concretamente, en el caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sería oportuno el pronunciamiento de las universidades públicas y privadas, así como de CONCYTEC y las organizaciones privadas que realizan investigación en el país, lo que hasta el momento no ha sucedido.

Creó que el presidente Castillo, no solo debería priorizar al Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino evaluar la necesidad de reducir, ampliar o fusionar algunos ministerios del poder ejecutivo. Esa propuesta política y técnica, bien sustentada debería presentarla al Acuerdo Nacional, donde estamos representados todos los peruanos, porque allí están los representantes de los poderes públicos, organismos constitucionales autónomos, pero también los que no representan a la sociedad civil organizada y los partidos políticos. Es el foro democrático por naturaleza del país donde podemos consensuar decisiones pensando en el largo plazo.

No tengo dudas que es necesaria una reforma del Estado. Pero cuando nos referimos al Estado, nos referimos a los tres poderes públicos. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero, no solamente eso, sino también la reforma estatal debería alcanzar a los organismos constitucionales autónomos. Es decir, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, al BCR, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Contraloría General de la República, al sistema electoral, a la SBS y el Ministerio Público. Es más, también debería evaluarse y reformularse los gobiernos descentralizados. Nos referimos a los gobiernos regionales, gobiernos municipales provinciales y gobiernos municipales distritales. Es decir, una reforma integral del Estado y no solo del poder ejecutivo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que propone el presidente Castillo.

El año del bicentenario es el escenario propicio para evaluar estas propuestas sin dogmatismo. Debemos tener un Estado eficiente, descentralizado y que sea competitivo ante un entorno globalizado, pero que esté principalmente al servicio de sus ciudadanos y al desarrollo del país y no al servicio de los grupos económicos y transnacionales como estuvo desde 1821 porque la partidocracia y sus representantes, sucumbieron ante el poder económico y político corrompiéndose lo que no debe volver a suceder. Eso supone que la sociedad civil debe permanecer vigilante, pero también proponente de soluciones a los problemas históricos de nuestro país. En síntesis, la reforma del Estado, para tener legitimidad y legalidad, debería nacer desde abajo y no imponerse desde arriba como siempre ha sucedido en el país.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado