Imagen: Andina

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (CRSJ) fue creado por la Ley N° 30942 con el objetivo principal de impulsar una verdadera reforma del sistema de justicia con la participación de las principales instituciones del país. De allí que se encuentra integrado por los titulares del Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Junta Nacional de Justicia, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo. El CRSJ tiene como función principal, elaborar por consenso una Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia que tome en cuenta la situación crítica en la que se encuentra y los distintos esfuerzos que se han realizado en los últimos 30 años para enfrentarla.

Para lograr este objetivo, el CRSJ cuenta con un Consejo Técnico, integrado por representantes de las instituciones que lo conforman y representantes de otras instituciones vinculadas al sistema de justicia. La Propuesta de Política Pública de reforma del sistema de justica (2021-2025) que se aprobó por consenso, con pleno respeto a la autonomía de las instituciones que lo conforman y basados en el principio de colaboración entre los poderes públicos.

La propuesta de política aprobada toma como base uno de los principales proyectos de Reforma del Sistema de Justicia desarrollado por la Comisión Especial para la Reforma Integral dela Administración de Justicia – CERIAJUS, cuyas propuestas tuvieron gran acogida por las autoridades y operadores del sistema de justicia. No obstante, el CERIAJUS no contó con una entidad que realizará el seguimiento, cumplimiento y supervisión de sus lineamientos, situación que se busca superar mediante la creación del CRSJ como una entidad con un mandato permanente y con participación indelegable por parte de sus miembros.

En efecto, una de las lecciones que dejó la CERIAJUS, es que la reforma del sistema de justicia es un trabajo de largo aliento y que no implica únicamente el cambio de leyes. Por el contrario, el cambio institucional requiere de planificación, monitoreo, el balance entre demanda y recursos, y de tiempo para que se plasme un mejor servicio hacia los ciudadanos. En suma, una instancia al más alto nivel que monitoree los avances tangibles y atienda las dificultades que se presentan.

La elaboración de la Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia ha contado con la participación de la sociedad civil lo que ha significado un arduo trabajo de recojo de información, de reuniones con expertos, foros virtuales y regionales, presentaciones a organizaciones de sociedad civil y la recepción de 208 aportes ciudadanos. Es preciso resaltar el rol protagónico del Poder Judicial y del Ministerio Público en el proceso de elaboración de la Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia. Ambas instituciones, en el marco de su autonomía, conformaron grupos de trabajo institucionales, mediante las Resoluciones N° 0328-2019-P-PJ y N° 1772-2019-MP-FN de la Presidencia del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, para la elaboración de las líneas rectoras y propuestas de políticas públicas en el sector justicia, que han sido importantes insumos al CRSJ. Los consensos alcanzados por el CRSJ han quedado plasmados en la Política de Reforma del Sistema de Justicia que registra nueve objetivos prioritarios (O.P), a saber:

1. Impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad del sistema de justicia, 2. Garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, 3. Modernizar los procesos no penales, 4. Modernizar los procesos penales y el sistema penitenciario, 5. Fortalecer los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia, Mejorar el ejercicio y formación para la abogacía 7. Fortalecer las políticas anticorrupción y el control disciplinario y ético, 8. Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 9. Fortalecer la predictibilidad de las decisiones judiciales y la adecuación normativa.

Modernización, interoperabilidad e integridad son las principales líneas de la reforma del sistema de justicia. Sin embargo, cabe destacar que, a diferencia de las anteriores propuestas de reforma, se ha incorporado un objetivo prioritario referido a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Poner fin a la violencia de género es uno de los principales desafíos que afronta nuestra sociedad y, en particular, el sistema de justicia. Para ello, no sólo se requiere perfeccionar la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia, sino también incidir en la educación y formación de los estudiantes de Derecho, y en la capacitación de los jueces, fiscales, policías y defensores públicos.

Los principales aspectos que se pretenden lograr mediante la ejecución de la Propuesta de Política son:  1. la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica y el Expediente Judicial Electrónico en todo el país, 2. el cierre de la brecha de defensores públicos; 3. la implementación de la oralidad en los procesos civiles en todo el país; 4. la instauración y operatividad adecuada de servicios de exámenes auxiliares de laboratorio del Instituto de Medicina Legal y la mejora de la infraestructura penitenciaria, 5. la reducción de la provisionalidad de jueces y fiscales, 6. la implementación de un nuevo modelo de responsabilidad profesional de los abogados, 7. en materia de integridad es clave la implementación de las autoridades de control en el Poder Judicial y el Ministerio Público, 8. el incremento de la cobertura de los Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 9. la aprobación de las nuevas leyes orgánicas del Poder Judicial, Ministerio Publico, Academia de la Magistratura; entre otras medidas.

Cabe resaltar que las instituciones del CRSJ ya han adoptado algunas acciones iniciales para la implementación de las medidas contempladas, lo cual confirma el compromiso por impulsar de manera decidida el proceso de reforma del sistema de justicia. En esa línea, se ha presentado el Proyecto de Ley N° 7541/2020-PE, que crea la comisión técnica interinstitucional permanente de gobernanza de datos e interoperabilidad del sistema de justicia, que constituye la primera propuesta normativa aprobada por el CRSJ, contando con el respaldo de cada uno de sus miembros y de las instituciones que estos representan. Adicionalmente a ello, el CRSJ ha trabajado en la estimación presupuestal que demandará la aplicación de la política en mención, por lo que las propuestas contenidas en ella fueron clasificadas sobre la base de dos criterios: i) la necesidad de presupuesto (si se necesita o no) para que estas sean implementadas y ii) la temporalidad. En atención a ello, se clasificó las propuestas en tres categorías:

Propuestas por implementarse en el corto plazo (2021-2022), Propuestas por implementarse en el mediano plazo (2023-2024), Propuestas por implementarse en el largo plazo (2024-2025).  La estimación presupuestal de la Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia es una aproximación en el nivel de las acciones estratégicas, por lo que el presupuesto está sujeto a la actualización y mejora por parte de las entidades, siendo así un documento dinámico en su estimación. En atención a lo descrito, la presente Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia (2021-2025) se divide en dos partes: i) diagnóstico y ii) matriz de propuestas, y se adjunta como anexo el Informe de estimación del presupuesto. Como todo documento, la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia es perfectible. No cabe duda que los próximos cinco años en los que se ejecutará la política en mención, las instituciones contarán con información contrastada, verificable, y medible, y exhibirán logros palpables para continuar con las reformas que la ciudadanía demanda.

En el año del Bicentenario de nuestra República es importante resaltar la importancia de la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia y el reto que significa para el país poder afianzar un sistema de justicia eficiente e íntegro que garantice el acceso y la protección de los derechos de las personas cuando acudan a este para hacer valer sus derechos. Agradecemos el apoyo y trabajo constante de los representantes de las instituciones que conforman el Consejo para la Reforma y su Consejo Técnico, el invalorable apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la elaboración de la estimación presupuestal de la política de reforma de justicia, a través del concurso del economista Miguel Prialé Ugás.

Asimismo, el apoyo desde la sociedad civil de la American Bar Association: Rule of Law Iniciative (ABA ROLI PERÚ) para la realización de foros descentralizados en las ciudades de Trujillo y Puno, y a la Fundación Konrad Adenauer, por su apoyo en la publicación de la Propuesta de política de reforma del sistema de justicia, permitiendo que este trabajo pueda ser difundido a la ciudadanía.

Finalmente, es importante manifestar que en la Sesión del Consejo de Ministros de fecha 14 de julio de 2021, encabezado por el Presidente de la República, Francisco Sagasti, se aprobó el Decreto Supremo que oficializa la “Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia” como política pública de alcance general y obligatorio cumplimiento.

Eduardo Ernesto Vega Luna – Ministro de Justicia y Derechos Humanos