En el umbral del Bicentenario de la Independencia del Perú, debemos preguntarnos como preámbulo a todo plan o proyecto y a toda visión del futuro, qué pensamos acerca del orden ético en la administración pública y en la relación de esta con los ciudadanos. Ello abarca a todos los poderes del Estado. Estamos actualmente frente a un clima ético enrarecido, no solamente por las imputaciones y acusaciones que se producen diariamente contra funcionarios del Estado, sino también por las denuncias e imputaciones de corrupción contra ciudadanos candidatos a cargos públicos, así como contra personajes, partidos y movimientos políticos.

Muchas de las causas de esta situación se encuentran en la falta de identidad entre la ciudadanía y la administración y entre está y sus propios funcionarios. Los peruanos no nos sentimos identificados con lo público, no solamente por la informalidad reinante, sino por la falta de presencia efectiva y positiva del Estado en la mayor parte del país. El Estado actúa como autoridad, pero no como servidora, al no prestar importancia a los derechos de quienes con su trabajo pagan el costo de ese Estado. Este es un lastre de nuestra República, en la que siempre se ha actuado igual.

Si existiera esa identidad y el ciudadano sintiera que la Administración le representa y responde a sus necesidades, seguramente que nos encontraríamos con un ciudadano responsable, tanto en sus obligaciones económicas como éticas. Podría desarrollarse una vía doble que implicaría cumplir con las obligaciones cívicas y éticas y al mismo tiempo el derecho a exigir a quienes ejercen la función pública, el cumplimiento de sus obligaciones por tratarse de un derecho ciudadano. Falta conciencia y conocimiento de los ciudadanos respecto a sus derechos y del aparato público para entender que su función no es un privilegio sino un servicio y que su verdadero empleador es el ciudadano. Y si no es así, el servicio se convierte en una entelequia, es decir algo irreal, que no se ajusta a su naturaleza, necesidades y obligaciones.

De allí se derivan las dos actitudes que normalmente vemos en el comportamiento cívico: la del pragmático que hace lo que le conviene más allá de sus derechos aun cuando implique un comportamiento no ético; y la del ciudadano responsable que actúa éticamente y conforme a la ley. Ser honestos en el servicio a la Nación y en el comportamiento ciudadano, implica la necesidad de una educación en valores, en la familia y en la escuela, actualmente deficientes por razones sociales y administrativas. Ello implica también la necesidad de reedificar el aparato del Estado, para convertirlo en un ente eficiente, sólido y ético al servicio del ciudadano y modificar las condiciones profesionales y económicas de quienes se dedican a administrarlo, para atraer a los mejores a la carrera pública; porque si tenemos una administración deficiente en estos aspectos, incurriremos en los problemas que observamos en nuestra sociedad, relativos a la corrupción y el expolio de los bienes públicos.

Se necesita que los partidos políticos asuman la responsabilidad de convertirse no solamente en máquinas electorales, sino también en lugares de capacitación cívica para lograr que periódicamente tengamos un Congreso eficiente y responsable, un Poder Ejecutivo competente, un Poder Judicial imparcial y organismos públicos como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría de la República y las Fuerzas Armadas, íntegros y confiables. Además, a pesar de tener una abundante y a veces excesiva legislación cuyo objeto es fijar reglas de convivencia que obviamente tienen un contenido ético que debe llevarnos a un comportamiento cívico, ocurre muchas veces lo contrario y no llegamos a entender que más allá del marco legal existe un marco moral que rige nuestra convivencia y que haría innecesario que esté señalado en una norma escrita para que lo cumplamos. Me refiero a nuestra cultura familiar, social, humana y religiosa, que nos permite discernir y optar por lo que es bueno.

Dentro del social cristianismo, tenemos una responsabilidad mayor, pues no podemos permitir la corrupción ya que tenemos que ser solidarios y preocuparnos por lograr una sociedad justa y más humana, es decir, practicar e implantar en la sociedad los principios y valores social cristianos. El papa Francisco, en entrevista que dio a John Allen, decía precisamente que el líder (el administrador) debe dar el ejemplo y no estar por encima de los demás y aprovecharse del cargo, pidiéndonos permanecer cerca de la gente para ver sus necesidades, para ocuparnos de los problemas de los ciudadanos. Y los que no son administradores públicos, deben cumplir sus deberes cívicos de respeto al Estado y de exigencia de los derechos ciudadanos.

En su reciente Encíclica Fratelli Tutti, sobre la Fraternidad y la Amistad Social, el Papa nos exhorta a una política de diálogo interdisciplinario capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas (177) y nos propone el amor político, que es un orden social y político cuya alma sea la unidad social, es decir el bien común, que supera el individualismo (180-182). Tenemos que hacer el gran esfuerzo de inculcar valores cívicos y morales en las familias, en el ambiente social y profesional, en el trabajo y sobre todo en el Estado, a través de la militancia política; cuando esta se ejerza, también a través del voto consciente y ético cuando tengamos que elegir mandatarios y, especialmente, a través de nuestra exigencia cívica legítima ante el Estado, para que cumpla con sus obligaciones hacia los ciudadanos.

Precisamente, con relación al voto, debemos evitar el canto de sirena populista que promete sabiendo que no podrá cumplir, o el mal menor por el que nunca hubiera votado pero que se usa como salvavidas ante el peligro, a pesar de la frustración que traerá si el candidato es elegido. Debe optarse por el voto de conciencia, previo análisis ético y político de las opciones, en el que no entra en juego el pragmatismo ni la coyuntura, sino la dignidad y el bien del país. La ética política así contemplada no es una transacción práctica entre conveniencias, sino una norma de vida que puede sonar ilusa, pero que es la única forma de garantizar una convivencia civilizada. Sólo así, dejaremos un mejor país para todos los peruanos.

Dr. Alfonso de los Heros – Propuestas de Gobierno desde el Socialcristianismo – Perú 2021-2026