Los últimos diez años del Siglo XX vieron un aumento sustancial de países que adoptaron el sistema democrático como forma de gobierno. A su vez, esto resultó en la creación de instituciones que sostienen la democracia tales como organismos electorales y parlamentos en los países que no los tenían. En los países que ya tenían esas instituciones, aún con varios grados de consolidación democrática, se puede decir que se verificó un fortalecimiento de esas instituciones y se empezó a implementar la profesionalización de su administración.

En lo que concierne los organismos electorales, con la constatación de que esos organismos también son instituciones de administración pública, se empiezan a aplicar instrumentos de administración pública, tales como auditorías públicas, cuyo objetivo es examinar las operaciones financieras y administrativas, así como las prácticas de gestión dentro de las entidades públicas. Sin entrar en discusión sobre las diferentes variaciones estructurales de los organismos electorales, se puede decir que las auditorías electorales, a diferencia de las auditorías de carácter administrativo, tendrían funciones más específicas, como sería el caso de comprobar que los distintos pasos del proceso electoral aseguren que la votación y los escrutinios traducen la voluntad libremente expresada por los electores sobre las opciones presentadas durante el acto electoral. Más aún: que el proceso electoral es organizado para permitir que alternativas creíbles sean presentadas al elector y que todos los electores tengan igual acceso al derecho de voto.

Es necesario esclarecer que una auditoría no es una fiscalización, sino más bien una evaluación con el objetivo de corregir errores, malos procedimientos, etc. Adaptando este enfoque, una auditoría electoral implicaría determinar:

1. Si todas la reglas financieras y administrativas son respetadas en el interior de los organismos electorales – o sea por su administración;
2. Si la gestión del organismo electoral sigue las normas establecidas en la administración pública como buenas reglas de gestión;
3. Si el padrón electoral es elaborado dentro de la legalidad, y no permite electores fantasmas, o inexistentes, ni inscripciones duplicadas.
4. Si la colecta de datos del elector asegura el derecho a la privacidad de los electores y asegura que la información relacionada con esos datos es utilizada solamente para el proceso electoral.
5. Si las reglas de registro de las organizaciones políticas son respetadas.
6. Si las reglas establecidas por los organismos electorales permiten la misma oportunidad a los distintos competidores.
7. Si las reglas de campaña electoral permiten a todos los candidatos un acceso equitativo a los medios de comunicación.
8. Si las reglas de financiamiento de los partidos aseguran un acceso equitativo a las fuentes de financiamiento de los partidos.
9. Si el proceso de votación permite a los electores escoger sus opciones libremente y en secreto.
10. Si el proceso para contar los votos permite asegurar la ausencia de fraude en el escrutinio.
11. Si los resultados finales presentados a los ciudadanos reflejan la suma de los resultados obtenidos en cada mesa de votación.

La gran mayoría de los organismos electorales todavía no tienen los mecanismos institucionales para asegurar esta auditoría general, pero muchos de ellos tienen por lo menos un organismo de auditoría general del Estado que hace auditorías del organismo electoral como si fuera un ministerio o una empresa pública. Este es el caso de Perú y Ecuador, entre otros. Canadá, además de esa auditoría tiene el «Office of the Privacy Commissioner of Canadá» que puede hacer la auditoría de todo el proceso electoral en cualquier momento para verificar si la privacidad del ciudadano canadiense es respetada.

Además, verifica si la lista de electores que Elecciones Canadá comparte con partidos políticos, y con el Parlamento no tiene datos personales tales como edad y sexo. En Canadá, otro grupo de auditores verifica la financiación de los partidos políticos. En Australia, el Parlamento recomendó en 1996, que la oficina de auditoría de Australia (Australian National Audit Office), verifique el desempeño de la Comisión electoral, incluyendo la regionalización, las funciones de la Comisión, el estado de ánimo del personal, los sistemas informáticos y la administración y el mantenimiento del registro de electores.

En muchos países, asociaciones de ciudadanos siguen la conducta de los organismos electorales, de los partidos y del gobierno en el proceso electoral, aunque a menudo el impacto de sus informes es reducido. Un ejemplo es el caso de Perú donde la Asociación Civil TRANSPARENCIA, creada en 1994 con la misión de, entre otras, «Colaborar con la autoridad electoral y con el electorado para que cada una de las etapas del proceso electoral y el acto mismo de las elecciones y sus derivados se desarrollen dentro de un marco de irrestricta libertad, de transparente legitimidad y de honradez». De hecho, durante el proceso electoral del año 2000, esta organización ha tenido una función de observación de las elecciones, pero también se puede decir de auditoría electoral cuando el resultado de su conteo rápido de los votos permitió presionar al Presidente en oficio a no cometer fraude electoral.

Otro ejemplo es el caso de Jamaica, donde CAFFE –Citizens Action For Free And Fair Elections– es una organización no gubernamental creada en 1997 con la misión específica de hacer el monitoreo de elecciones y funcionar como «watchdog» de los procesos electorales. Como tal, además de los reportes sobre la observación de elecciones por sus voluntarios, CAFFE publicó comentarios sobre la reforma electoral y recomendaciones para mejorar el funcionamiento del Comité de Consultoría Electoral (Electoral Advisory Committee), de la Oficina Electoral de Jamaica (Electoral Office of Jamaica), y de los partidos políticos entre otros.

Es de esperar que algunas de las oficinas nacionales de organizaciones tales como Transparencia Internacional y GERDES –Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique– adopten actividades del mismo tipo en coordinación con otros grupos nacionales formados por ciudadanos.

En conclusión, la función de auditoría electoral por este tipo de organizaciones tiene tendencia a fortalecerse y es de esperar que en un futuro próximo las organizaciones de la sociedad civil nacionales sean reconocidas como organismos de auditoría del proceso electoral y las instituciones nacionales de auditoría continuarán siendo responsables de la auditoría de los organismos electorales.

María Helena Alves –  Docente de la Universidad da Beira de Portugal