Las elecciones de la segunda vuelta electoral 2021 en nuestro país, donde según la ONPE el candidato, Pedro Castillo, le sacó una ligera ventaja de más de 44 mil votos contabilizados el 100% de las actas electorales, contra su competidora, Keiko Fujimori, ha generado una controversia, ya que el fujimorismo se niega a reconocer dichos resultados. En las últimos días, representantes y aliados de los fujimoristas, plantearon impugnaciones y nulidades administrativas ante los organismos electorales, pero también presentaron acciones judiciales como habeas data y acción de amparo que fueron declarados improcedentes e inadmisibles por juzgados constitucionales de Lima.

Los fujimoristas ahora están exigiendo una auditoría internacional a la OEA, pese a que los observadores internacionales de la OEA y la Unión Europea en comunicados, expresaron que las elecciones en el Perú fueron legales y transparentes. Los fujimoristas agregan que esa auditoría internacional a las elecciones 2021, es necesaria y urgente, porque el nuevo mandatario nacional elegido por el pueblo debe gozar de legitimidad y legalidad para evitar una ingobernabilidad en el próximo quinquenio 2021-2026.

No hay duda de la importancia del respeto estricto a los principios de legitimidad y legalidad en procesos electorales en el sistema democrático. Los principios de legalidad y legitimidad son necesarios e indispensables en una sociedad y en un Estado, aunque en ocasiones no siempre van de la mano. El principio de legalidad tiene múltiples definiciones sostienen los juristas. Algunos afirman que se fundamenta en el Estado de Derecho, por lo que todas las autoridades y ciudadanos deben actuar dentro del ámbito de la ley y no incurrir en el ejercicio arbitrario del poder.

El principio de legalidad o primacía de la ley, se sustenta cuando una autoridad o los ciudadanos ejercemos nuestros derechos y deberes de acuerdo con la Constitución, la ley, los estatutos y los reglamentos vigentes, por lo que la legalidad es una regla de oro dentro de un sistema democrático.

Por lo tanto, aplicar el principio de legalidad, nos asegura a los ciudadanos dos valores jurídicos esenciales en una democracia: La certeza y la igualdad. Lo que quiere decir que uno puede prever las consecuencias de sus acciones si desacata una ley, pero también exigir ser tratado como ciudadano sin preferencias, ni exclusiones, ya que, en un estado constitucional de derecho, el principio de legalidad es para todos, gobernantes, personas naturales y personas jurídicas.

Obviamente, si una persona o una institución se aparta del ordenamiento jurídico vigente, sufrirá las consecuencias de sus actos tanto en el aspecto constitucional, penal, civil, administrativo y sus actos pueden ser declarados nulos por los organismos correspondientes. Otro aspecto importante, es que el principio de legalidad nos asegura a las personas el respeto a la seguridad jurídica.

Eso significa según el Tribunal Constitucional, “una condición esencial para las personas en un Estado ya que representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley y evita que el capricho, torpeza o mala voluntad de los gobernantes puedan causarles perjuicio”. En nuestra Constitución Política el principio de legalidad está considerado en varios artículos. Entre ellos, el artículo 2 inciso 24 literal A que señala que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

Asimismo, el artículo 2 inciso 24 literal D, que afirma que “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”.

Es decir, en los procesos electorales nacionales, regionales, municipales, institucionales, profesionales, de organizaciones políticas, sindicales o sociales, todos quienes compiten por llegar a los máximos cargos de una institución u organización, deben respetar escrupulosamente, la Constitución, la legislación vigente, las resoluciones, los estatutos y directrices que regulan los procesos electorales, en acatamiento estricto al principio de legalidad, los que fueron aprobados anteriormente al desarrollo de un proceso electoral. No se puede patear el tablero irresponsablemente cuando se pierde un proceso electoral.

Otro aspecto sustancial en los procesos electorales, es el respeto al principio de legitimidad que también tiene múltiples definiciones por parte de los juristas. Algunos afirman que una autoridad será legítima cuando cuente con el apoyo, respaldo o adhesión electoral mayoritaria de un grupo de personas que oportunamente y consecuentemente lo apoyaron en la elección a un cargo determinado. La legitimidad es por tanto un atributo del pueblo soberano para elegir a sus autoridades en cualquier nivel, siempre y cuando se respete el principio de legalidad.

La legitimidad cuyos votos provienen de los electores que otros juristas también lo denominan de soberanía electoral, tiene la atribución principal de ser reconocido y obedecido por todos los ciudadanos o afiliados a una institución los que fueron elegidos por decisión mayoritaria en un proceso electoral. En una democracia donde se presentan varios candidatos a determinados cargos públicos o privados, los electores de un grupo o institución pública o privada, pueden lamentar haber perdido una elección por diversas razones, pero no por ello pueden desconocer ni desobedecer a la nueva autoridad elegida por mandato del soberano, siempre y cuando esta nueva autoridad goce de legalidad y legitimidad para exigir luego seguridad jurídica.

La legitimidad es sustancial en cualquier sistema democrático. Es necesario hacer una distinción sobre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Por ejemplo, Alberto Fujimori tuvo legalidad y legitimidad de origen en las elecciones de 1990 cuando derrotó a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta electoral. Pero, cuando el 05 de abril de 1992 dio el golpe de estado, Fujimori, perdió la legitimidad de ejercicio y legalidad en su cargo, ya que violó la Constitución de 1979, al cerrar el Poder Judicial y disolver el Poder Legislativo, convirtiéndose en un dictador.

El ejemplo más claro ejemplo de ilegitimidad, lo establece claramente el artículo 46 de nuestra Constitución que señala lo siguiente: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.

En resumen, los principios de legalidad y legitimidad siempre deben ir de mano, especialmente cuando hay procesos electorales. Pero no siempre sucede así. Otro claro ejemplo fue la famosa ley “pulpín” que aprobó el Congreso Nacional en el gobierno Humalista. Si bien el Parlamento tiene la atribución constitucional de aprobar leyes de alcance nacional, esas normas jurídicas deben gozar de respaldo, adhesión y apoyo de la población. Pero en el caso de la ley pulpín, fue la presión ciudadana y mediática a través de las inmensas movilizaciones juveniles en las calles y plazas públicas en todo el país, los que obligaron al Congreso Nacional a retroceder y derogar dicha norma legal, porque no gozaba de legitimidad o respaldo popular de los peruanos.

En síntesis, se podría definir que el principio de legalidad es el respeto al ordenamiento jurídico vigente en procesos electorales, mientras que el principio de legitimidad es el respeto estricto a la voluntad popular de los electores en las ánforas y mesas electorales.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado