La Constitución actual está hecha para servir a un pequeñísimo grupo económico, a la corrupción y al narcotráfico. El sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional) es lento, caro y corrupto. Debe ser reformado de arriba hacia abajo y sus miembros seleccionados con el fin de contar con magistrados y magistradas con la suficiente fortaleza moral e intelectual para combatir eficazmente a la delincuencia, especialmente la corrupción y el narcotráfico, caiga quien caiga, así sea el Presidente de la República.

Preguntémonos solo a título de ejemplo:

¿Por qué durante tanto tiempo no se combate al narcoterrorismo en el VRAEM y se mete detrás de rejas a sus autores?;

¿Por qué en 1996 no se investigó y sancionó por el hallazgo de 196 kilos de cocaína en el avión presidencial usado por el entonces presidente Alberto Fujimori?;

¿Por qué se encuentran en libertad los empresarios del “¿Club de la Construcción” y sus árbitros, no obstante, los gravísimos actos de corrupción?;

¿Por qué la señora Keiko acusada por el delito de crimen organizado y lavado de activos, con acusación fiscal con más de 30 años de prisión, se encuentra candidateando a la presidencia de la República con el apoyo de la prensa, colocando al Perú frente a la comunidad internacional civilizada como un país de mafiosos y primitivo?;

Por qué cuando peligra los intereses fujimoristas ocurren hechos TERRORISTAS como los siguientes:

– el incendio del Banco de la Nación en la marcha de los Cuatro Suyos, durante el gobierno fujimorista, donde murieron carbonizados seis vigilantes;

– el 4.6.2011 fue emboscada una patrulla militar que iba a Choquetira (Cusco) donde fueron abatidos 3 soldados y dos civiles. 2da. Vuelta electoral: Keiko vs. Humala. Keiko, quien perdía en las encuestas.

– el 9.4.2016 fue emboscado un convoy militar en Macachacra, Santo Domingo de Acobamba (Junín), donde fueron asesinados 8 soldados y 2 civiles. 2da. Vuelta electoral: Keiko vs. PPK. Keiko iba perdiendo en las encuestas

– el 24.5.2021, un ataque senderista asesina, aún no se sabe si a 16 o 18 personas en el VRAEM, 15 días antes de la 2da. vuelta electoral entre Keiko vs Castillo. Qué casualidad, ocurre cuando comienza a caer en las encuestas la señora Keiko, hija de Alberto Fujimori, a quien se le atribuye el haber extinguido al terrorismo.

El estilo de estos criminales es el mismo del GRUPO COLINA (terroristas de Estado) del gobierno de Alberto Fujimori, que asesinan a personas inocentes, dejando panfletos para beneficiar a la señora “K” en las elecciones. Estos son hechos históricos comprobados, no insinuaciones.

¿A quién beneficia el narcotráfico? ¿Qué hace en el VRAEM por tantos años la policía, las fuerzas armadas y la DEA, que no han exterminado el terrorismo y el narcotráfico? El pretexto de la agreste naturaleza del terreno, no lo creemos.

¿Qué partidos políticos han recibido aportes del narcotráfico? En el 2011 la señora Keiko se vio obligada a devolver el aporte hecho por el investigado por narcotráfico Luis Calle. En el almacén de la empresa LIMASA, de la que es accionista Kenji Fujimori, se encontró más de 100 kilos de droga. No solamente el partido de los Fujimori ha recibido aportes del narcotráfico, sino también otros. ¿Es por eso que no se combate seriamente este delito y somos mirados como un narcoestado? Si no se hace una reforma profunda del sistema de justicia no se combatirá la corrupción y el narcotráfico. Los corruptos y narcotraficantes han tomado el Estado; ellos alimentan a la prensa mercenaria y corrupta que ha creado una cultura social vil.

La Constitución por un lado consagra la economía social de mercado (Alemania, Francia, Italia, España, Austria, etc.) y luego, contrariamente, establece que el Estado solamente puede realizar actividad económica subsidiaria. La economía social de mercado es el punto equidistante entre el neoliberalismo y la economía planificada desde el Estado y se rige por el principio que establece: “Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

En el Perú rige el ultra liberalismo salvaje, regido por el principio: “dejar hacer dejar pasar” (libre oferta y demanda, sin intervención del Estado) de unos cuantos empresarios mafiosos, que no pagan los impuestos que deben pagar, valiéndose de la doble contabilidad para aparentar pérdidas, y cuando esta no les es útil para eludir los impuestos obtienen leyes que los liberan mediante la reinversión de las ganancias, o sea con el dinero que el Estado debe dedicar a la atención de los servicios públicos (educación, salud, etc.) ellos incrementan sus ganancias.

Los monopolios y oligopolios deben desaparecer en la nueva Constitución a fin de que rija verdaderamente una economía social de mercado (o economía popular), a fin de que la actividad económica se desarrolle verdaderamente en libre competencia. Pongamos un ejemplo, el oligopolio formado por los cuatro grandes bancos que operan el país fija los intereses en más del 100 por ciento. Frente a la presión social, el Congreso dio la Ley N° 31143 que protege de la usura a los consumidores, publicada el 18.3.2021, que establece que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) fijará los topes de las tasas de interés que cobren las entidades del sistema financiero. Como siempre, inmediatamente la prensa difundió las declaraciones del presidente del BCRP y de “economistas de mucho prestigio” que criticaron la ley diciendo que esta ley iba afectar la libre competencia, el libre mercado.

Acaso estos señores no conocen que donde hay monopolios u oligopolios no hay “libre mercado”, “libre competencia”. No conocen que los monopolios u oligopolios son los que se reparten el mercado, los que fijan los intereses bancarios, los que establecen los precios al consumidor (ahí tienen las clínicas y farmacias que con la pandemia están haciendo el negocio de su vida), los que se reparten las obras públicas (allí tienen al “club de la construcción”). El BCR fijó la tasa máxima de interés en 85%, mientras que en otros países es 24% (ej., Colombia) o menos.

En materia de derechos humanos, en una nueva Constitución, el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana, entre otros deben consagrarse como derechos fundamentales que el Estado debe atender prioritariamente.

Se debe establecer que en el sector público regirá un sistema único de remuneraciones y pensiones, en el que nadie puede percibir una remuneración superior a la del presidente de la República. Se debe suprimir la inmunidad y el antejuicio a los altos funcionarios públicos por los delitos que cometen en el ejercicio de sus funciones, todos deben ser juzgados directamente por la justicia común.

Se debe establecer la revocación de todo cargo al que se accede por elección en toda entidad estatal; la eliminación de las cárceles doradas; el estudio y trabajo obligatorio en los sentenciados con pena privativa de la libertad, como único medio de resocialización. Estas y otras instituciones deben ser debatidas en una Asamblea Constituyente. Es imposible que el poder político lo pueda hacer.

Aníbal Torres Vásquez – Abogado y Doctor en Derecho y Ciencia Política UNMSM