El Almirante en retiro de la Armada Peruana y congresista electo en las elecciones 2021 por el partido ultra conservador, Renovación Nacional, Jorge Montoya Manrique, publicó en su tuit el lunes 14 de junio, el siguiente texto: “La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”.

No solo eso, lo grave es que el congresista electo, Montoya, suscribió con otro medio centenar de altos oficiales en retiro de las fuerzas armadas, un pronunciamiento donde, en resumen, en el punto 2, sostienen que hubo un “proceso electoral poco transparente, irregular y pasible de fraude”, lo que generó un enérgico comunicado del Ministerio de Defensa. El comunicado señaló, en síntesis, que el “citado pronunciamiento no representa a las fuerzas armadas, sino la opinión de quienes suscribieron ese pronunciamiento, lamentando el uso político de las fuerzas armadas, ya que mella su institucionalidad, en vista que las fuerzas armadas no son deliberantes y son respetuosas del orden constitucional”.

El comunicado del Ministerio de Defensa, agregó “que las personas que suscribieron el pronunciamiento, utilizaron indebidamente los emblemas de las instituciones militares contraviniendo la resolución ministerial 0200-2021-DE, del 30 de abril del 2021, por lo que el sector defensa tomará las acciones legales que correspondan a través de los Procuradores”.

Espero que el comunicado del Ministerio de Defensa no sea un saludo a la bandera, y por el contrario, en las próximas horas, el Procurador de dicho sector, denuncie formalmente a más de medio centenar de ex altos oficiales de las fuerzas armadas, que no le ganaron la guerra a nadie, por incumplir la resolución ministerial 0200-2021-DE, y se siente un precedente histórico, que los uniformados por más que estén en situación de retiro, no sigan creyendo que el Perú y sus instituciones tutelares, son un cuartel que ellos pueden dirigir y los civiles somos sus subordinados que como ovejas, vamos acatar sus comunicados que mancilla el uniforme que la patria les concedió para protegernos de los peligros internos y externos y no para sus pasiones y delirios políticos.

Creo que la opinión y conducta del almirante retirado y congresista electo, Jorge Montoya, lo hace indigno de ser congresista o un futuro padre de la patria. En la tradición histórica, se considera como padre de la patria o padre de la nación y se le rinde homenaje y reconocimiento, a quien, con su biografía, entrega y liderazgo, inspira profundo respeto, ya que sus actos cívicos, morales o políticos, fueron en beneficio del bien común. Incluso, cuando tienen un comportamiento intachable, pueden ser considerados como símbolo de unidad nacional, generando en la sociedad profundo respeto, admiración e incluso veneración por sus cualidades personales ya que representan la conciencia nacional.

A nivel mundial, uno de esos ejemplos, fue Nelson Mandela, que por décadas luchó por su patria para liberarla del yugo inglés que explotaba y masacraba a la mayoría negra sudafricana y exigía el fin del apartheid. Mandela fue encarcelado por 27 años y después, fue elegido Presidente de Sudáfrica, quien, ya como gobernante negro, no buscó ninguna venganza con la minoría blanca y cogobernó con ellos, porque era consciente que el pueblo requería de unidad nacional para encontrar su desarrollo y progreso.

El pueblo sudafricano cariñosamente lo llamaba como, “Madiba”, que era un sinónimo de “Padre Jefe”, por el profundo respeto y reconocimiento de la mayoría negra y minoría blanca que inspiró en su país. Otro ejemplo latinoamericano de profundo respeto a un político, fue Jose Mujica, ex presidente izquierdista de Uruguay quien gobierno con honradez y transparencia su nación, a quien su pueblo con respeto lo conocía más con el apelativo de “Pepe” por ser muy campechano y austero. En el Perú, todavía no hay en un político que inspire profundo respeto y admiración.

Nada comparable con Las expresiones de Montoya, quien sostuvo que hubo un “proceso electoral poco transparente, irregular y pasible de fraude”, que es impropio de quien fue elegido como congresista, que en vez hacer un esfuerzo por reconciliarnos a los peruanos en la actual división política en que nos encontramos, más bien provoca que se agudice el enfrentamiento entre compatriotas de diversos estratos sociales que puede derivar en funestas consecuencias, tan sólo por la ambición de poder político y económico, de quienes como Montoya, creen que la “democracia” sólo les pertenece a ellos que viven en las ciudades de la costa, pero no a quienes vivimos en las ciudades de la sierra y la selva peruana.

Montoya, no se puede escudar en su derecho a la libertad de expresión y opinión, porque ningún derecho constitucional es absoluto ni ilimitado según lo ha sentenciado en múltiples resoluciones el Tribunal Constitucional, ya que quien se excede en el ejercicio de sus derechos, deviene en abuso del derecho, por lo que debe ser denunciado para que afronte las consecuencias de sus excesos. El almirante retirado y hoy congresista electo, es indigno de ser un padre de la patria, porque es intolerante e intransigente y no merece ser representante de la nación. No es un demócrata a plenitud, porque cualquier político que se precie de ser un demócrata en su integridad, tiene que entender que sinónimo de democracia, es diversidad ideológica, pluralidad política, respeto a las multiétnias, la alternancia en el poder, el respeto a las ideas ajenas, etc.

Montoya debería leer y releer la Constitución Política y los Tratados y Protocolos Internacionales de Derechos Humanos como cuando un cristiano lee constantemente la Biblia y la domina a la perfección. Parece ser que eso no le enseñaron en los cuarteles al almirante retirado, porque sus expresiones son impropias de un padre de la patria y se asemejan a un fascista intolerante que pisotea la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales que, como congresista electo, debería ser el primero en hacer respetar, y no dejarse llevar por sus impulsos ideológicos y políticos que dividen más a los peruanos.

El Ministerio Público tienen la obligación de investigar de oficio este caso concreto, ya que, por mandato constitucional, es el organismo constitucional autónomo que persigue el delito y acusa a quienes transgreden el orden jurídico del país, entre ellos la Constitución y la legislación vigente. El Código Penal en relación a los delitos contra el Estado, señala en relación al delito de sedición, en el artículo 347, lo siguiente: “El que, sin desconocer al gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”.

Montoya no es analfabeto y no puede desconocer los alcances del artículo 45 de la Constitución, que señala lo siguiente: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona u organización, Fuerza Armada, Policía Nacional, o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye delito de rebelión y sedición “.

No sólo debe intervenir el Ministerio Público, sino también el Defensor del Pueblo, ya que según el artículo 162, “corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”.

Entre ellos, el artículo 178 de la Constitución, que en resumen afirma “que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones proclamar a los candidatos elegidos, el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes”. Esperemos que se pronuncie el Defensor, Walter Gutiérrez, y que actué en defensa de la voluntad popular de los electores peruanos, salvo que tenga temor a la derecha política e ideológica peruana que, con la prensa concentrada y sus cañones mediáticos, estigmatiza y terruquea a quienes no piensan como ellos.

En democracia, ninguna persona ni institución tiene el poder absoluto, incluido los congresistas electos ni los congresistas que ejercen su función. Uno de los principios de cualquier país democrático, es que todos, gobernantes y gobernantes, se someten a la Constitución y la ley, y quienes transgreden el marco jurídico, tienen que responder a la justicia. Ninguna persona con cargo público o privado, ni su apellido, ni su dinero ni su clase social, ni su uniforme, pueden ser utilizados como escudo constitucional ni legal para evitar someterse a la justicia. Con mayor razón, si el transgresor a la voluntad popular, no es un analfabeto, ni un orate, mucho menos en enfermo con drogas, para pretender rehuir su responsabilidad penal.

El almirante Montoya, no honra su uniforme, ni la institución a la que perteneció, y menos a nuestra patria, ni respeta la voluntad popular del pueblo peruano que ya se expresó en las ánforas el domingo 6 de junio. Sus expresiones son propias de un sujeto intolerante, intransigente y actúa como un talibán que pretende imponer sus intereses políticos al país que, con seguridad, la mayoría de peruanos, no comulga con sus delirios ideológicos y sólo busca defender sus privilegios.

Para vergüenza de los peruanos que votaron por él en las elecciones al elegirlo como nuevo congresista para el periodo 2021-2026, al obtener la más alta votación con 138,231 del país en la ciudad de Lima, es el representante del centralismo político, económico y social, que, en 200 años de vida republicana, no hemos podido cambiar en nuestra patria, junto a otros problemas nacionales irresueltos aún. Dudo mucho que todos los que lo eligieron, comulguen con sus expresiones. En resumen, Montoya es indigno de ser el padre de patria y debería ser denunciado por el Ministerio Público para sentar un precedente histórico que ningún uniformado militar ni congresista electo, está por encima de la Constitución ni la legislación.

Finalmente, el Procurador del Ministerio de Defensa, debe denunciar penalmente a todos los ex altos oficiales de las fuerzas armadas que emitieron un pronunciamiento público, utilizando los logos de nuestros institutos armados, contraviniendo la resolución ministerial 0200-2021-DE, suscrita por la ministra de defensa, Nuria Esparch Fernández, que, en la parte resolutiva, afirma “ que los emblemas, logos, insignias, escudos y otras formas de identidad institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército del Perú, de la Marina de Guerra del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú, no pueden ser utilizados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, salvo que cuenten con autorización expresa de la máxima autoridad administrativa de los mencionados órganos ejecutores del Ministerio de Defensa”.

Los ex altos jefes de las fuerzas armadas no están por encima de la Constitución, ni la ley ni las resoluciones. No respetaron la resolución del ministerio de defensa y no son iletrados y tenían la obligación de respetar lo que señala el artículo 38 de la Constitución que refiere: “Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú, y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución, y el ordenamiento jurídico de la nación”.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado