El gobierno publicó en el diario oficial la Política Nacional de Empleo Decente que fue un acuerdo del Consejo de Ministros aprobado por el Decreto Supremo 013-2021-TR, que será de cumplimiento obligatorio para todas las entidades estatales y privadas, que estará a cargo del Ministerio de Trabajo, la que deberá implementarse a través de todos los planes de instituciones públicas y privadas, siendo el Ministerio de Trabajo el encargado del seguimiento y evaluación a quienes deben reportar todas las instituciones, que a su vez deberá informar al CEPLAN, la que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2030.

En resumen, la Política Nacional de Empleo Decente, da cuenta que de acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el trabajo decente es el aquel que garantiza una serie de condiciones relacionadas con el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales; el acceso a ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado; a trabajar sin ningún tipo de discriminación, principalmente de género; así como el disfrute de jornadas laborales reguladas y descanso periódico, seguridad ocupacional, acceso a la protección social, y al diálogo social tripartito.

Con esta definición, solo 1 de 10 trabajadores peruanos están en un empleo decente actualmente, con sólo contrato y un ingreso mayor a RMV, menos de la tercera parte de la PEA tiene un empleo con estas características. Las consecuencias se observan en el número de hogares vulnerables a la pobreza (Herrera & Cozzubo, 2016) y el crecimiento que aumenta la desigualdad entre los ciudadanos. Asimismo, la noción de trabajo decente supone la existencia de oportunidades para todas y todos quienes pueden trabajar y buscan trabajo. Debido a que es un problema de interés público, prioritario y que otro instrumento de gestión no lo está abordando, se propone la presente Política Nacional de Empleo Decente (PED).

En ese sentido, a través de la PED el Estado peruano promoverá las condiciones institucionales, económicas y sociales necesarias para garantizar que mujeres y hombres en su diversidad que conforman la PEA ocupada que no cuenta con un contrato legal de trabajo, ingresos superiores a la remuneración mínima vital, acceso a los sistemas de protección y seguridad social, y una jornada de trabajo de 48 horas semanales, puedan acceder en igualdad de condiciones y libres de cualquier discriminación a un trabajo decente y productivo. Además, se incluye a aquellas personas que no cuentan con un empleo, ya sea que lo busque activamente (desempleado abierto) o lo buscó antes y continúa con el deseo de conseguirlo (desempleo oculto).

Sin embargo, las diversas causas de este problema con múltiples orígenes y diversidades requieren una atención integral y multisistémica e interseccional, a partir de diversos enfoques, entre ellos, el enfoque de género, la perspectiva de discapacidad, el enfoque de interculturalidad y el enfoque basado en derechos humanos1 ; para el desarrollo de soluciones multisectoriales, bajo la conducción de Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que involucre también acciones en los distintos niveles de gobierno, en el ámbito de sus competencias con enfoque territorial.

Por el lado de la educación, se tiene la inadecuación ocupacional, que refiere al desencuentro entre la carrera estudiada y la ocupación desempeñada, que genera una ineficiencia porque los años de educación adicionales (estudios luego de la educación básica) no se aprovechan adecuadamente en las ocupaciones de los puestos de trabajo a los que acceden las personas. De igual manera, existe una necesidad de identificar actividades productivas que tengan un mayor potencial de generación de empleo adecuado, considerando tanto la cantidad como la calidad de los mismos (con mejores remuneraciones u otras características).

Por último, existen factores que ocasionan situaciones de riesgo para una inadecuada inserción laboral como el embarazo de las adolescentes, la discapacidad y la discriminación por género o raza. Al ser este un problema con causas múltiples, se requiere la atención integral de sus distintas causas para el logro de su solución, lo cual implica un enfoque multisectorial que involucre también acciones a distintos niveles de gobierno dadas sus competencias.

Entre los Sectores del Gobierno que tendrían intervenciones en el marco de la PED, se encuentran Educación, Producción, Economía y Finanzas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Turismo y Comercio Exterior, y Desarrollo Agrario y Riego. En ese sentido, la Política Nacional de Empleo Decente propone abordar como problema público: “el elevado déficit de empleo decente en mujeres y hombres en su diversidad”, y a tal efecto, se han identificado las siguientes causas: a) Bajo capital humano de la fuerza laboral que afecta sus competencias para el trabajo b) Débil vinculación entre oferta y demanda laboral c) Mayoría de empleos generados en empresas de baja productividad d) Limitado acceso a la seguridad social, derechos y beneficios laborales e) Discriminación en el mercado de trabajo f) Desfavorable entorno social e institucional

En esa línea, la Política Nacional de Empleo Decente establece 6 objetivos prioritarios, que afrontan la situación actual de la fuerza laboral para su inserción en un empleo decente.

• Objetivo prioritario 1 (OP1): Incrementar las competencias laborales de la población en edad de trabajar.
• Objetivo prioritario 2 (OP2): Fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda laboral.
• Objetivo prioritario 3 (OP3): Incrementar la generación de empleo formal en las unidades productivas.
• Objetivo prioritario 4 (OP4): Ampliar el acceso a la protección social, derechos y beneficios sociales de las y los trabajadores.
• Objetivo prioritario 5 (OP5): Incrementar la igualdad en el empleo de la fuerza laboral potencial. ● Objetivo prioritario 6 (OP6): Generar un entorno social e institucional adecuado en el país.

Cabe resaltar que la Política Nacional de Empleo Decente se enmarca dentro de los objetivos de la Política General del Gobierno al 2021, al establecer como lineamiento de política prioritaria el numeral 3.6, “Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes”. Asimismo, se ha construido en alineación con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), y sus lineamientos se encuentran articulados con los lineamientos de las políticas nacionales vigentes.