Crédito Imagen: Andina

Hace sólo tres días, publiqué en mi página de Facebook una reflexión titulada “Lecciones de la Elección”, porque suponía – ahora veo que ingenuamente – que todos habíamos aprendido algo sobre lo dañino de la polarización en la que nos vimos inmersos, y por tanto invocaba a enfrentar unidos los retos de sacar adelante al país una vez que tuviéramos el resultado oficial de las elecciones.

Esa misma noche, sin embargo, la candidata de Fuerza Popular daba una conferencia de prensa revelando “indicios de fraude en mesa” y anunciando que seguía en batalla hasta el último voto.  Ayer, en una nueva conferencia de prensa, fue más específica en su pretensión: se trata de anular 802 mesas de sufragio, que equivalen según la propia Keiko Fujimori a aproximadamente 200,000 votos.  No es casualidad que las mesas que se pretende anular tengan todas unas votaciones favorables a su oponente y además se encuentran mayoritariamente situadas en las regiones más pobres del Perú: Cajamarca, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, provincias altas de Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

Ante todo, debo señalar que esta pretensión es un atentado a la concepción misma de democracia que la candidata y sus seguidores dicen defender.  Desde el mismo lunes, equipos de abogados de los estudios más caros de Lima se dedicaron a buscar irregularidades en las actas más favorables a Castillo, a fin de acortar la distancia o revertir el resultado anulando mesas enteras. Como se escucha decir a uno de los miembros del equipo en un audio publicado en el diario El Comercio, “No puedes impugnar un voto, los votos ya no existen, ya fueron destruidos, lo que impugnas es el acta de la mesa. Entonces, si tiene un vicio de nulidad te tiras abajo la mesa entera sin importar quién haya votado de buena fe o mala fe”.

O sea, en otras palabras, se busca anular el derecho a voto de 200,000 peruanas y peruanos, de los lugares más pobres, sólo porque encontraron un error material en el registro del acta.  Imaginemos que Perú Libre hubiera hecho lo mismo, escudriñando las actas de Lima, Callao y otras zonas urbanas en las que ganó Keiko. ¿Cuántos errores se hubiera encontrado y cuántos votos de peruanas y peruanos se buscaría anular? Pero no ha sido así.  Sólo uno de los contendientes ha recurrido a esa arma, presuntamente legal pero obviamente inmoral, al romper la simetría en la participación electoral.  Esa es la noción de democracia que Keiko maneja: sólo cuentan los votos de los que la apoyan.

¿Es posible anular un acta electoral con todos los votos que incluye? Al parecer sí.  El artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones señala condiciones en las que procede la nulidad de las actas de votación en una mesa de sufragio: 1) cuando la mesa se ha instalado en un lugar distinto del señalado o en condiciones que impidan el libre ejercicio del derecho a sufragio; 2) Cuando haya mediado fraude, soborno, cohecho, intimidación o violencia para inclinar la votación a favor de uno de los candidatos; 3) Cuando los miembros de mesa hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores, con el propósito anterior; y 4) Cuando se compruebe que la mesa admitió votos de ciudadanos que no figuraban en el padrón, o se negó a admitir el voto de ciudadanos incluidos en el padrón.

Obviamente, no se trata de ningún caso en las causales 1, 3 o 4, ni tampoco en la mayor parte de la causal 2.  Sólo se podría alegar vagamente la existencia de fraude, ya que no se observó coacción, intimidación ni violencia.  Sin embargo, según los expertos en materia electoral, “fraude” alude a un proceso sistemático y organizado para alterar la voluntad popular. O sea, no sólo hay que demostrar la existencia de un error de registro; es preciso demostrar que ese error se cometió adrede, con el propósito de alterar el resultado electoral.

Pasemos ahora a analizar los fundamentos de la acción de nulidad de Fuerza Popular.  Primero, se alega falsificación de firmas de los miembros de mesa en 503 actas, porque las firmas supuestamente no son iguales a las existentes en el RENIEC.  Evidentemente, la acusación es descabellada; no sólo porque la gran mayoría de nosotros ya no firmamos igual que cuando registramos nuestra firma en el RENIEC, sino porque para probar falsificación se requiere al menos una pericia grafotécnica. En consecuencia, la maniobra es simplemente dilatoria, corriéndose el riesgo de que al final resulte infundada en la gran mayoría de casos.  Pero si los Jurados Electorales no resuelven en tres días, como dice la Ley, seguramente pasarán a cuestionar a la autoridad electoral.

En segundo término, se pretende la nulidad de 132 actas “por fraude de registro del resultado de la votación” simplemente porque a Fuerza Popular no le parece creíble que en dichas mesas no haya habido ningún voto a favor de Keiko Fujimori.  Esta denuncia es aún más precaria que la anterior, ya que no aporta ningún elemento probatorio del fraude.  Simplemente desea que la autoridad electoral anule todos los votos, porque en esa mesa nadie votó por Keiko Fujimori.

En tercer lugar, se denuncian 65 casos en que aparecen “familiares integrando la misma mesa de votación” con el único sustento de que sus miembros tenían los mismos apellidos.  Ningún elemento probatorio más.  Sin embargo, ya Ojo Público y el periodista Marco Sifuentes hicieron público al menos un caso en Totorani, Puno, en el que los tres miembros de mesa apellidaban Catacora, en el cual los aludidos declaran no ser parientes, que el apellido Catacora es el más común en la provincia y que ese fue el resultado del sorteo de miembros de mesa realizado por la ONPE, y no producto de ninguna manipulación.

Ayer por la noche, luego de la conferencia de prensa de Fuerza Popular, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones declaró a RPP que la situación extraordinaria presentada por el gran número de acciones de nulidad podría hacer que los plazos legales sean sobrepasados; Precisamente lo que busca Fuerza Popular, para luego retomar su cuestionamiento a las autoridades electorales y a su presidente.  En lo personal, y a riesgo de equivocarme porque no me considero un experto legal, considero que hacer esto sería caer en la trampa de la dilación.

Por lo señalado líneas arriba, parece claro que lo presentado por Keiko y sus partidarios es un conjunto de supuestas irregularidades, sin ninguna evidencia de falsificación en el primer caso, de fraude en el recuento en el segundo, ni de parentesco en el tercero.  Sin evidencias, pienso que lo que procede es declarar infundadas todas las acciones de nulidad, salvo opinión más autorizada en contrario.  Con ello se evitaría la prolongación innecesaria de la incertidumbre y todos los peruanos y peruanas de buena voluntad podríamos concentrarnos unitariamente en la gran tarea que viene luego del 28 de julio, para afrontar los grandes retos en lo sanitario, lo económico y lo social.

Como oposición constructiva o como aporte al gobierno elegido, pero unidos en la fraternidad del Bicentenario de la Independencia. Si estamos de acuerdo con esta reflexión, por favor compartámosla.  La ciudadanía debería analizar esta situación y pronunciarse, ya que lo hecho por Fujimori y su partido claramente ha cruzado el umbral entre democracia y autoritarismo.

Luis Tejada Macedo – Medicó