El domingo 6 de junio fueron las elecciones presidenciales en Perú y no está claro quién ganará. Hasta la publicación de las últimas encuestas que permite la legislación electoral, el candidato de Perú Libre, el maestro de escuela pública Pedro Castillo, seguía por delante por muy pocos puntos. Cualquiera que sea el resultado, Perú queda muy dañado como resultado de la campaña electoral. La polarización política y los mensajes estigmatizadores en la campaña han demostrado que las últimas dos décadas de crecimiento económico y el orgullo gastronómico no han sanado ni el subdesarrollo ni el débil sentido colectivo de país. Como cada cinco años, la campaña electoral vuelve a revelar que Perú es un país territorialmente dividido.

Uno de los científicos sociales más importantes del Perú, Julio Cotler, iniciaba uno de sus más famosos artículos de fines de la década de 1960, La mecánica de la dominación interna y del cambio social, argumentando que está bastante generalizada en Perú la percepción de que el país presenta “dos formaciones sociales diferentes y simultáneas”: la costa, con su centro en Lima, y el resto del país, en particular la sierra. Esta división, que contiene algunos elementos de la herencia colonial como la discriminación de los pueblos originarios, es sobre todo una creación del Perú independiente y republicano que ha persistido hasta ahora, como lo muestran estas elecciones. En su base se encuentra no el modelo económico neoliberal, que sólo tiene tres décadas y que ha profundizado esta división, sino el modelo primario exportador en el que se ha insistido, sin la voluntad de transformarlo, desde hace cerca de 200 años. El poderoso mensaje de Castillo “no más pobres en un país rico” tiene una resonancia significativa fuera de Lima porque apela precisamente a una historia de extracción y despojo. La explotación de los recursos naturales beneficia a Lima y a las empresas extranjeras sin que el Estado logre fomentar el desarrollo y la redistribución de la riqueza en los territorios de donde se los extrae, generándose a lo largo del tiempo un abismo entre la sierra y la costa (en particular, la capital).

Pero la complejidad de estas “formaciones desiguales y simultáneas” de las que habla Cotler no es sólo material. Por más que la candidata Keiko Fujimori haya ofrecido en su plan de gobierno la redistribución de las rentas mineras directamente a las familias a través de bonos, el apoyo a Castillo en la sierra sigue siendo sólido. En cada ciudad lo reciben con la plaza llena. El problema es que las elecciones han mostrado también la estigmatización escondida que emerge de esta desigualdad. La respuesta de las élites limeñas a este abandono histórico de la agricultura y de otras actividades productivas en la sierra y en la Amazonía ha sido la estigmatización de sus pobladores y no el reconocimiento de que hay un problema de fondo por resolver. Los comentarios en redes sociales en esta campaña son una galería de esta estigmatización: “serranos” “ignorantes”, “mal hablados” “resentidos” y hasta “terrucos” (terroristas). Esta estigmatización incluso se desliza de forma más sutil en los diagnósticos de quienes apoyan a Fujimori respecto a por qué el crecimiento económico no se ha redistribuido en el Perú. Los culpables son los gobiernos locales “ineficientes” y “corruptos”, reproduciendo así la estigmatización de la incapacidad y la ignorancia, sin reconocer que durante los últimos 20 años se ha hecho muy poco por fortalecer la descentralización y los gobiernos sub-nacionales.

Castillo encarna esa estigmatización de los hombres y las mujeres de la sierra y del campo y tiene el carisma situacional de afrontarla en la campaña con una imagen que luce auténtica, vistiendo con comodidad su sombrero chotano, la región de la que proviene. La partida electoral simbólica la ha ganado Castillo, sin lugar a dudas; y ello a pesar que, en la práctica, ha demostrado insistentemente sus problemas para gobernar. Tiene propuestas a veces más radicales, a veces más moderadas, planteadas de forma vaga y ambigua que aparecen como improvisadas y, por ello, preocupantes. No se sabe cómo piensa realizar “su segunda reforma agraria” y los efectos que ésta tendría en la economía nacional. ¿Cómo apoyar la producción comunitaria y local sin afectar gravemente los precios en las zonas urbanas? Asimismo, ¿cómo nacionalizar el gas para beneficio de la ciudadanía peruana sin los problemas de inversión en nuevas exploraciones que ha tenido nuestro vecino Bolivia? Está claro que ninguna de estas medidas hace de Perú un país comunista, pero se requiere un mayor nivel de precisión y pragmatismo, más que de ideología, para que estas medidas no agraven la situación económica del país.

Castillo representa muy bien electoralmente la enorme insatisfacción fuera de Lima. Además, se beneficia del fuerte peso de la ciudadanía anti-fujimorista. Sin embargo, ¿qué hay detrás de este apoyo?, ¿quién acompaña a Castillo? Aparentemente, parece no haber mayor articulación de organizaciones sociales o políticas detrás de su candidatura y, eventualmente, su Presidencia. El maestro de escuela de la provincia de Puña en Chota quiso formar su propio partido de maestros, pero no le alcanzó el tiempo y se tuvo que sumar a Perú Libre, un partido que ya tenía inscripción legal para las elecciones de 2021. El problema es que el presidente del Pueblo Libre, Vladimir Cerrón, es un político con un discurso bastante trasnochado de izquierda radical. Ambos no parecen ser similares ni en carácter ni en ideología. Castillo, en todo caso, es un religioso cercano al evangelismo y mantiene posiciones conservadoras respecto a la familia e incluso a la propiedad, lo que hace de él un candidato de izquierda muy singular. Sin embargo, la relación de Castillo con Cerrón no es clara: genera dudas ahora y levanta incluso más interrogantes en caso de que el candidato ganaré las elecciones.

Castillo se forja como líder en las dos organizaciones sociales que sobrevivieron a la violencia política y están aún presentes en la vida cotidiana de los territorios fuera de Lima. El Sutep, el sindicato de maestros, y las rondas campesinas, que surgieron precisamente en su provincia natal, Chota. Las rondas buscaban proteger el ganado de los ladrones, dado que el Estado no llegaba. En la década de 1990, se expandieron por el territorio nacional durante el conflicto armado interno para brindar protección en los pueblos respecto a la violencia política. Cuando esta etapa culminó, las rondas han seguido brindando seguridad local. Además, Castillo, como hemos dicho, está vinculado a colectivos religiosos evangélicos. ¿Son estas organizaciones su base social?, ¿qué tipo de soporte le garantizan? Es muy difícil entender las plazas llenas en sus mítines sin la colaboración y algún nivel de soporte operativo de estas organizaciones durante la campaña. Sin embargo, la presencia de éstas no demuestra la articulación entre ellas o con otras organizaciones más allá de sus localidades y/o territorios para concertar un proyecto social y político.

Algunos ven en Castillo el nuevo Evo Morales de la región debido a la similitud del discurso anti-neoliberal y nacionalista, pero la base política y social de ambos proyectos políticos es muy diferente. Morales se forjó como líder en el sindicato cocalero, pero su llegada a la Presidencia y la construcción del proyecto político Movimiento al Socialismo (MAS) nacieron de la articulación de diferentes fuerzas sindicales e indígenas a través de la sostenida movilización desde fines de los 90s. Recientemente, algunos otros casos en la región siguen rutas similares (no iguales) que el MAS boliviano. Por ejemplo, el movimiento estudiantil en Chile y la construcción del Frente Amplio chileno; y, asimismo, la reaparición en Ecuador del partido indígena Pachakutik, con el liderazgo de Yaku Pérez y en alianza con organizaciones territoriales y ambientalistas, e incorporando grupos de población que no se auto-identifican como indígenas. Ecuador tiene una población indígena del 7% y Pachakutik logró sacar el 19% de los votos.

Como Morales, Castillo se forjó como líder en organizaciones sindicales y territoriales, pero su candidatura no es resultado de la articulación de estas organizaciones sociales, a través de una movilización sostenida y cierta alineación programática. La alta conflictividad territorial de las últimas décadas en Perú ha dado lugar a varias organizaciones vinculadas mayormente a temas socio-ambientales, pero no se ha articulado una coordinación más allá de estos territorios, o un programa que articule las críticas al modelo primario exportador y extractivo, como ocurrió en Bolivia.

Esta ausencia de una articulación social no es tanto un problema para la candidatura de Castillo, pero lo será después en un eventual Gobierno. Castillo tal vez llegue al Palacio de Gobierno después de las elecciones del domingo con miles de promesas realizadas y la esperanza de muchos en el cambio. Sin embargo, no sólo no tiene mayoría parlamentaria, sino que tampoco está claro si cuenta con un grupo cercano de confianza para gobernar. Las organizaciones que lo han apoyado en su campaña no necesariamente lo harán en un Ejecutivo. Le haría bien recordar que, en épocas no electorales, cuando los votos ya no se cuentan, las calles hablan.

 Maritza Paredes – Directora del Doctorado en Sociología de GIES – Profesora de Sociología de la PUCP. Agenda Pública.