El próximo 06 de junio se celebraron las elecciones de la segunda vuelta en Perú. La campaña electoral ha estado marcada, desde la primera vuelta, por una profunda división, social, política, económica y cultural. La crisis política se ha manifestado en toda su magnitud en la primera vuelta. Si tomamos en cuenta que en Perú el voto es obligatorio, los resultados de la primera vuelta deben leerse con preocupación: no acudió a votar el 30% de los ciudadanos hábiles para emitir su voto; la más alta votación solo alcanzó un 18% y sumadas las cifras de ambas agrupaciones que compiten en la segunda vuelta, no superan el número de votos blancos, nulos y ausentes.

En medio de la dispersión de los votos, las dos fuerzas que compiten en segunda vuelta expresan la polarización social en grado sumo. “Esta no es una elección entre dos candidatos, sino una lucha de clases, disimulada en un proceso electoral”, ha sentenciado el afamado economista Hernando de Soto, quien también participó como candidato en la primera vuelta. Y no es una afirmación exagerada. La campaña de esta segunda vuelta ha puesto en evidencia uno de los primeros desafíos para el próximo periodo presidencial: conformar un gobierno desde uno de los extremos sin una fuerza mayoritaria en el Congreso y con una ciudadanía que ha asistido a una campaña en la que, en ambos lados, ha habido acusaciones muy graves no siempre respaldadas con evidencia.

Los desafíos para el próximo gobierno pueden resumirse en la expresión gobernanza democrática. Es decir, la posibilidad para concretar políticas democráticas, con respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos y con el respaldo de la ciudadanía. La campaña va dejando una serie de dudas en el camino sobre cuestiones básicas. No solo la promesa de indultos que han hecho ambos candidatos, sino también un festival de ofrecimientos sobre dádivas y reformas que serán difíciles de cumplir.

En el caso de la candidata del fujimorismo, Keiko Fujimori, la promesa del indulto a favor de su padre, Alberto Fujimori, tiene serios cuestionamientos éticos y jurídicos. Como es conocido, Fujimori (padre) cumple condena por graves violaciones a los derechos humanos, así como por delitos de corrupción cometidos durante el régimen de los 90´del siglo pasado.

Se trata de un nuevo intento pues, como se recuerda, este ya había sido beneficiado antes con un indulto que negoció políticamente otro de los hijos que entonces formaba parte de la bancada del fujimorismo en el Congreso. Tras atender las solicitudes de las víctimas de las graves violaciones de derechos por los que fue condenado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recomendó que fueran las autoridades peruanas quienes se pronunciaran sobre la validez del indulto.

En efecto, así ocurrió. La Corte Suprema de Perú anuló el indulto y puso en evidencia que un perdón respecto de condenados por graves crímenes contra los derechos humanos compromete los compromisos internacionales del Estado peruano, además de haberse violado el debido proceso en el trámite que lo concedió. Como es fácil inferir, un nuevo indulto tendrá los mismos escollos jurídicos, sólo que esta vez, la imparcialidad del Poder Ejecutivo en la concesión de dicho beneficio será puesta en duda de inmediato y sin admitirse prueba en contrario.

Pero entre las promesas de ambos candidatos no aparecen solo indultos. La propia candidata Keiko Fujimori, en el último tramo de la campaña, ha ofrecido condonar deudas impuestas por infracciones a conductores de vehículos de transporte público, algo que es visto por la ciudadanía como una promoción de la impunidad.

Durante el último debate presidencial, un festival de ofrecimientos ha ocupado el centro de su discurso. Desde el reparto dinerario e individualizado del canon minero (un fondo producto del pago de impuestos de las empresas mineras al Estado), hasta condonaciones de deudas y brindar concesiones tributarias; hasta la entrega de bonos para las familias que han sufrido la pérdida de familiares por el Covid.

En el otro extremo, el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, no ha hecho mayor esfuerzo por diferenciarse en este punto. Por ejemplo, durante la primera vuelta, ha prometido “desactivar” instituciones como la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional. Si bien luego de pasar a la segunda vuelta ha intentado morigerar sus discursos, no obstante, ha insistido en que de llegar a la Presidencia “desactivaría” la SUTRAN (Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías) y la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao). Si se toma en cuenta que una de las principales causas de mortalidad, antes de la pandemia en Perú, son los accidentes de tránsito, estas medidas parecen desconocer la gravedad del problema del transporte púbico desde la perspectiva de las políticas públicas.

Si bien las instituciones de la justicia no han tenido mayores referencias entre las propuestas, igual de preocupante es, por su falta de diagnóstico y la ligereza con que se presenta, la propuesta de Castillo de promover la elección popular de los jueces. Una propuesta que ha sido planteada sin más argumentos que su simple ofrecimiento al electorado. (Recomendado: Independencia judicial: la persistente asignatura pendiente en Bolivia)

Todos estos ofrecimientos tienen algo en común: buscan el voto de una ciudadanía desencantada de los políticos a cambio de un costo cada vez más alto para la defensa del Estado democrático.

La defensa del Estado de Derecho no tiene votantes y muy pocos defensores en este contexto. La corrupción generalizada en los distintos niveles del Estado ha comprometido profundamente la credibilidad del ciudadano en las organizaciones que buscan elegirse en los cargos públicos. Esto genera varios efectos perniciosos.

Esta imagen desoladora, sin embargo, contrasta con una ciudadanía que no ha dejado de participar activamente de las cuestiones de la vida pública. Su espacio no ha estado, desde luego, en los partidos políticos, sino en las organizaciones de base. Los grupos de activistas por los derechos de las minorías, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los movimientos de estudiantes universitarios que han estado presentes en momentos decisivos de la vida democrática institucional en los últimos años.

Han sido estos movimientos que se han opuesto al intento de destitución de los fiscales del famoso caso Lava Jato, uno de los casos más importantes que incluye investigaciones por corrupción a funcionarios, incluidos Presidentes de los tres últimos gobiernos. También han sido estos movimientos cívicos los que han impedido al anterior Congreso con mayoría fujimorista, designar en forma apresurada y mediante “invitaciones” a seis de los siete magistrados que integran el Pleno del Tribunal Constitucional. Fueron estos movimientos sociales los que, luego de una semana de movilizaciones en todo el país, lograron que el Congresista conservador Manuel Merino, tuviera que renunciar a la Presidencia de la República el pasado 15 de noviembre de 2020, luego de aferrarse al cargo por 6 días que, lamentablemente, costaron la vida de por lo menos dos jóvenes en las movilizaciones.

A la luz de los sucesos de los últimos años y mirando la reciente campaña electoral, puede afirmarse que es la defensa del Estado de Derecho y sus instituciones, el desafío más grande para el próximo gobierno. Se trata de una defensa no solo frente a intereses de los propios grupos que forman parte de organizaciones políticas, sin ideario claro y sin vida partidaria. Individuos que se unen en torno a intereses concretos y ocasionalmente en cada proceso electoral. Por otro lado, se trata también de la defensa frente los propios votantes. Muchas de las promesas serán irrealizables si se trata de respetar las reglas del Estado de Derecho.

Los indultos, por ejemplo, son contrarios a la independencia judicial y la tutela de las víctimas cuando se dictan por el solo hecho de cumplir promesas o por razones de lealtad filial. La elección popular de los jueces es igual de problemática. No solo porque requiere inevitablemente de reformas a la Constitución, sino porque en contextos de precariedad institucional y de lucha contra la corrupción, son las instituciones de la justicia las que deberían quedar al margen del manoseo de los políticos, quienes pueden tener buenas razones para intervenirla.

Las amenazas al Estado de Derecho vienen también, lamentablemente, de la desilusión de la ciudadanía. Si quienes infringen las normas, encuentran en los políticos a mediadores para seguir infringiéndolas y no pagar las multas, ¿Tienen incentivos los demás ciudadanos para defender y cumplir la ley? Quizá sea esta la más visible muestra de los riesgos del populismo: se puede votar mayoritariamente por la propia impunidad. Sin embargo, de este modo, habremos sepultado la ilusión de todos los que se movilizaron y se siguen movilizando por ideales como la defensa de la democracia, los valores, la justicia y la igualdad ante la ley.

 Pedro Grandez Castro – Master en Derecho en Política Jurisdiccional – Agenda Estado de Derecho