Hugo Amanque Chaiñajunio 7, 202111min583

Left Banner

Left Banner

El principió de soberanía popular o voluntad popular

electores 2021

Toda Constitución tiene principios y valores constitucionales y uno de ellos, es el principio de soberanía popular y sobre el tema varios juristas han escrito múltiples definiciones. Algunos señalan que este principio aborda sobre la titularidad del poder, mientras que otros se interrogan a quién pertenece el poder. El principio de soberanía popular o sufragio universal es un medio y no y un fin siendo el derecho que tiene el pueblo de elegir a sus autoridades, pero también de crear, modificar o derogar las normas jurídicas de un Estado mediante elecciones o mediante el referéndum. Es decir, es la potestad del pueblo de definir su propio orden político, económico y social.

¿Qué es soberanía? El Dr. Jerónimo Alvarado Sánchez, afirma que es el derecho a mandar. Históricamente este derecho fue conquistado por el pueblo con la revolución francesa ya que, en dicho país, antes del siglo XVII primaba el absolutismo donde el Rey Luis XV afirmaba lo siguiente: Tenemos nuestra corona de Dios solamente. El derecho de dar leyes por la que nuestros súbditos deben regirse y ser gobernados pertenece sólo a nosotros en forma exclusiva, indivisa e independiente”. Es decir, en la antigüedad los monarcas se atribuían el derecho de decidir por los demás.

Entonces no primaba la voluntad popular porque la potestad era exclusiva de los reyes que se creían los iluminados para definir los destinos de la población. En 1712 el notable político Juan Jacobo Roseau en su famosa obra, “El Contrato Social”, fue uno de los precursores del reconocimiento de la voluntad popular, criticando frontalmente el “derecho divino” que se atribuían los monarcas franceses. Rousseau sostenía que una cosa era el gobierno y otra cosa la soberanía del poder que debía recaer en el pueblo, ya que generalmente el que ostenta poder, tiende abusar de él, por lo que concluía que quien concede el poder (el pueblo), también tenía el derecho de quitarlo, por lo que los juristas afirman que Rousseau podría considerársele como el “revolucionario del derecho al voto”.

Pese a este avance histórico del respeto a la voluntad popular o también de soberanía nacional, el pueblo en su integridad no puede gobernar todas las personas al mismo tiempo, razón por la cual, el principio de soberanía popular está ligado al principio de representación popular. Es decir, mediante elecciones, los ciudadanos elegimos entre varios candidatos a nuestros gobernantes en determinada jurisdicción territorial por un tiempo de definido establecido en la Constitución o la ley.

Para Javier Sánchez Galán, el principio de soberanía popular o nacional necesita el cumplimiento de ciertas características. Entre ellos, que todo poder público procede de la voluntad de la ciudadanía, representado en figuras estatales democráticamente escogidas. El reconocimiento del principio de soberanía popular debe estar reconocido en la Constitución o una Declaración de Derechos. Si el pueblo estima que un gobierno ejecutivo o legislativo no ejerce o defiende sus intereses, el pueblo directamente o indirectamente tiene la potestad de separarlo del poder o disolverlo. Este principio se aplica en un sistema democrático, cuando por ejemplo en el caso peruano, el Congreso en representación del pueblo no aprueba cuestión de confianza a dos consejos de ministros, por lo que el presidente elegido por el pueblo en elecciones, tiene la potestad constitucional de disolver el parlamento nacional.

Lo mismo puede hacer el Congreso, cuando en representación del pueblo que lo eligió, puede aprobar una resolución legislativa declarando incapaz moral al presidente de la república para apartarlo del cargo que ostenta, como sucedió con el ex presidente Martín Vizcarra. No puede obviarse, que, en un estado constitucional, debe existir y respetarse el principio constitucional de separación y división de poderes, por el cual, al margen de los poderes públicos, debe existir un sistema electoral autónomo e independiente que conducirá, procesará y proclamará a los ganadores de elecciones, los que deben ser reconocidos por gobernantes y gobernados.

Por lo tanto, el principio de soberanía popular, supone que los ciudadanos tenemos el deber de participar en elecciones y en los órganos de gobierno previstos en la Carta Magna, directa e indirectamente en cargos de elección popular o cuando elegimos a nuestros representantes parlamentarios o al presidente de la republica   quienes a su vez designan a funcionarios públicos en organizaciones estatales que están contemplados en la Constitución.

En otras palabras, la legitimidad en los cargos públicos lo otorga el pueblo en elecciones libres cuando elige a sus representantes, ya que la legalidad no es suficiente en un sistema democrático. En nuestra Carta Magna, el principio de soberanía popular lo hallamos en diversos artículos. Entre ellos, el artículo 45, que afirma que “el poder emana del pueblo”, lo que quiere decir que es la voluntad de la población la que otorga poder a los gobernantes, por tanto, nadie puede suplantarlo directa ni indirectamente.

Por esa razón, nadie debe obediencia a quien usurpa el poder, como claramente lo precisa el artículo 45, ya que de hacerlo constituye delito de rebelión o sedición. El principio de soberanía popular se aplica también en el poder legislativo cuando el artículo 90 afirma que, “El Congreso se elige por un periodo de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley” y en el caso del poder ejecutivo, el artículo 111 de la Carta Magna, indica que “El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos”, por lo tanto, aquí también se señala con claridad que es el pueblo quien elige directamente al Jefe de Estado en elecciones libres e independientes.

El poder judicial, es un caso especial que merece mayor análisis. Sin embargo, el artículo 138 de la Constitución señala, que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes”. Si aplicamos estrictamente este principio constitucional, los actuales magistrados tendrían legalidad, porque son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura o Junta Nacional de Justicia que es un organismo constitucional autónomo que prevé la Carta Magna, pero carecen de legitimidad social, ya que no fueron elegidos por el pueblo, bajo el manido argumento que se politizaría el poder judicial, salvo en el caso de los jueces de paz.

El principio de soberanía popular también se aplica en la elección de autoridades municipales cuando el artículo 191 de la Constitución señala que “Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro años…”, mientras que, en el caso de los gobiernos regionales, el artículo 198 afirma que “el Gobernador de la Región es elegido por sufragio directo por un periodo de cuatro años…”.

El principio de soberanía popular también está en el artículo 31 de la Constitución, cuando señala que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos como referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y rendición de cuentas. Tienen el derecho de ser elegidos y elegir libremente a sus representantes”. Es oportuno afirmar que ese principio se aplica en el artículo 35 de la Carta Magna, cuando afirma que “los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o en organizaciones políticas ya que ellas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular”.

Si el pueblo elige a los congresistas, estos vienen a ser nuestros representantes, por lo tanto, ellos tienen la facultad de elegir en nuestro nombre a los funcionarios públicos de alto nivel, al amparo de la democracia representativa. Por lo que el poder legislativo tiene la potestad constitucional de elegir al Defensor del Pueblo (art.161), el Tribunal Constitucional (art. 201) al Contralor General de la República (art. 101) y ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú y Presidente de la SBS (art. 101).

En un sistema democrático, no se puede violar el principio de soberanía popular y quienes lo hacen, pueden ser denunciados penalmente por los delitos de rebelión y sedición que pena con prisión efectiva entre 5 a 20 años, tema que abordaremos en otra ocasión.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

Hugo Amanque Chaiña


Post Banner

Post Banner