En noviembre del año 2020, la encuestadora Datum Internacional, reveló que el 56% de peruanos estaba de acuerdo con cambiar la Constitución de 1993, el 27% estaba en desacuerdo y 17% no sabía ni a favor ni en contra. Una reciente encuesta publicada confirma lo anterior. El dato tiene hoy relevancia, ya que el candidato presidencial Pedro Castillo, ha propuesto convocar un referéndum para que el pueblo sea consultado en las ánforas sí está de acuerdo o no con la redacción de una nueva Constitución. Si la mayoría, aprueba la propuesta en el referéndum de la redacción de una nueva Carta Magna, deberá elegirse a una Asamblea Constituyente por el pueblo quienes, en representación del soberano, redactarán el nuevo texto constitucional.

Como era obvio y previsible, la derecha política conservadora e ideológica, se ha opuesto abiertamente y antes que exponer argumentos, inició una campaña de terrorismo informativo tildando de “comunistas y chavistas” a quienes respaldan el referéndum en los medios de la concentración mediática que utilizan sus “cañones informativos” para crear temor e incertidumbre entre los peruanos. Una necesaria precisión. Ninguna Constitución es eterna en ningún Estado Democrático, ya que los Estados y Sociedades, van evolucionando y tienen que adecuar sus realidades a las normas jurídicas por consenso mediante reformas parciales o totales en sus textos constitucionales. Los fujimoristas y sus corifeos políticos y mediáticos, sostienen que la actual Constitución de 1993 no permite un cambio total y afirman que modificar la actual Carta Magna, sería “golpismo” e impropio de una “democracia”, e incluso, se atreven a pedir que las fuerzas armadas que no son deliberantes, promuevan “un golpe de estado”, lo que es inadmisible en el siglo XXI, donde los militares y policías se someten a la autoridad civil elegida por el pueblo en las ánforas.

Los fujimoristas y neo fujimoristas, no han leído la Constitución de 1993 o la interpretan caprichosamente según sus intereses políticos, ideológicos y económicos. El artículo 32 inciso 1 de la Carta Magna sobre los procesos sometidos a referéndum, afirma con precisión que “pueden ser sometidos a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución”. Por lo tanto, la actual ley de ley refiere puntualmente que sí se puede reformar parcial o totalmente y es mentira que la Carta Magna sea inmodificable y esté escrita sobre piedra. Por lo tanto, los fujimoristas y sus corifeos no nos van a dar ellos lecciones de democracia a los peruanos, cuando fueron ellos los que promovieron un autogolpe de estado disolviendo el Congreso el 05 de abril de 1992 y cerrando los organismos constitucionales autónomos del Estado Peruano de la Constitución de 1979.

Es importante advertir que el actual texto constitucional refiere en el artículo 118 inciso 7 sobre los derechos que tiene el Presidente de la República, donde precisa que “los mensajes anuales del Presidente ante el Congreso Nacional contienen la exposición detallada de la situación de la Republica y las mejoras y reformas que juzgue necesarios y convenientes para su consideración por el Congreso”. Es decir, el Jefe de Estado, puede presentar ante el Congreso proyectos de ley o proyectos de reforma constitucional, ya que es uno de los derechos que le reconoce la Carta Magna al máximo representante del Poder Ejecutivo.

Pero, el artículo 206 de la Constitución actual, es más preciso aún en este tema concreto. Dicho artículo refiere que “la iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los Congresistas, y un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres (0.3) por ciento de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la Republica”.

Resumiendo, entonces sí se puede reformar parcial o totalmente la Constitución. Lo que sucede es que desde 1994 hasta el año 2020, se hicieron reformas parciales a la Carta Magna, pero no se presentó ningún proyecto de reforma total de la Constitución, lo que no está prohibido por la ley de leyes. Lo que sucedió siempre, es que, en las elecciones generales de 1995, 2,000, 2001, 2006, 2011, 2016, 2020 y 2021, los partidos tradicionales capitalinos liderados por el fujimontesinismo y sus satélites que hoy se han alineado detrás de Keiko Fujimori, siempre han tratado de copar el Congreso con el mayor número de curules parlamentarias y de tránsfugas de diversos partidos de la derecha y extrema derecha para mantener el “cogollo” que es el modelo económico actual que según ellos, es lo que nos ha llevado al “desarrollo y bienestar general”, cuando el COVID 19 ha desnudado que hoy tenemos un Estado y un gobierno nacional escuálido e incipiente que no protege a sus ciudadanos, lo que se  confirmó en la pandemia sanitaria donde el sistema de salud fue totalmente colapsado, donde los costos de internamiento en clínicas a enfermos por COVID superó los 500 mil soles y ni hablar de los balones de oxígeno cuyos costos se quintuplicaron.

Las élites políticas económicas limeñas están desesperadas hoy, ya que su “modelo económico exitoso” no es reconocido ni apoyado por los peruanos que viven en la sierra y la selva y hoy exigen no solo un referéndum, sino también una asamblea constituyente y una nueva Constitución, sino también demandan un nuevo gobierno que tenga como horizonte, el bienestar común de las mayorías que es la función principal de los Estados Democráticos modernos del siglo XXI donde debe primar la solidaridad y no el individualismo ni la usura que es la esencia del neoliberalismo que no tiene rostro humano y solo le interesa el dinero.

La salida democrática y constitucional a esta crisis política, es que los ciudadanos debemos ser más activos, buscar firmas y promover un referéndum nacional donde el soberano sea consultado si aprueba o no la instalación de una Asamblea Constituyente y de triunfar esta propuesta, redactar una nueva Constitución, y si la rechaza, respetar los resultados escrupulosamente, ya que uno de los principales principios de todo sistema democrático, es que el pueblo sea consultado en las ánforas sobre temas de interés público, poniendo en práctica la democrática participativa en lugar de la democracia representativa que tradicionalmente ignora al ciudadano.

Promover un referéndum en el país no es inconstitucional ni ilegal, ya que el artículo 31 de la actual Carta Magna, lo reconoce como un derecho político de los peruanos y un deber del Estado, al afirmar que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas”. Somos los ciudadanos los que tenemos que tomar mayor protagonismo en la vida democrática de nuestro país y definir si mantenemos o cambiamos la Constitución fujimorista y no permitir que las cúpulas de la partidocracia centralista limeña encabezada por el fujimontesinismo y sus satélites, impida la realización del referéndum nacional.

Es necesario explicar brevemente el escenario político actual. El nuevo Congreso elegido el 11 de abril para el periodo 2021-2026, tendrá 10 bancadas parlamentarias. 8 de estas bancadas forman parte de la derecha y extrema derecha peruana, entre ellas, Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Nacional, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado, que, sumados todos sus congresistas, llegarían a 100 parlamentarios, mientras que sólo hay 2 bancadas izquierdistas que son, Perú Libre y Juntos por el Perú que apenas llegarían a 30 congresistas.

Por lo tanto, en la hipótesis que gane en segunda vuelta, Pedro Castillo de Perú Libre y sea el nuevo gobierno nacional, con seguridad la derecha y extrema derecha política, impedirán por todos los medios legales e ilegales, reformas parciales o la reforma total a la Constitución fujimontesinista. La única salida constitucional, legal, democrática y popular, es promover un referéndum nacional y ganar ese proceso para sentar las bases de un nuevo Estado en el bicentenario. La partidocracia tendrá el control del primer poder del Estado que es el Congreso, pero el pueblo organizado tendrá el poder de la calle para exigir se respete sus derechos.

Esa debe ser la tarea de todos los peruanos. Promover un referéndum nacional donde el soberano defina en las ánforas su futuro. Si la derecha y extrema derecha boicotea o impide el referéndum constitucional en el Congreso o utilizando la prensa concentrada y sus cañones mediáticos, sus opositores deben ser denunciados públicamente, ya que el derecho al referéndum es constitucional y ningún poder público ni privado puede impedirlo.

Los neoliberales en los últimos 30 años pusieron de ejemplo a Chile como modelo de desarrollo y bienestar en América Latina como herencia del pinochetismo. Esa “burbuja de crecimiento económico del modelo chileno” se hizo trizas el año 2020, cuando decenas de miles de chilenos protestaron en las calles contra el gobierno de Piñeira y sus medidas gubernamentales en plena pandemia sanitaria, lo que ocasionó más de 200 fallecidos y miles de heridos por la represión militar y policial. Pero el pueblo chileno, fue más allá y exigió a la partidocracia mapochina un referéndum y el cambio de la Constitución pinochetista, para lo cual obligaron a los políticos en el Congreso chileno a aprobar una ley para elegir una Convención Constituyente Democrática, cuyo proceso se realizó el 15 y 16 mayo, la que redactará una nueva Carta Magna. Fue el pueblo mapochino quien derrotó en las calles a las elites política, económica y social en plena pandemia sanitaria.

Los chilenos nos han demostrado, que cuando existe voluntad política y apertura democrática pensando en el bienestar del país y de las nuevas generaciones, se puede reformar un modelo constitucional que trace los lineamientos en favor del bien común. El problema de fondo es que nuestras élites políticas y económicas del Perú asentadas en la capital del centralismo limeño representados en la partidocracia conservadora del nuevo Congreso y sus cañones mediáticos limeños, tienen miedo a perder sus privilegios y prebendas constitucionales, legales y económicas, y no desean modificar un ápice del andamiaje institucional que ha provocado una mega corrupción en el Estado y sociedad peruana cual cáncer es difícil extirpar, al margen de la concentración económica y desigualdad social, que son problemas nacionales aún irresueltos ad portas de nuestro primer bicentenario de independencia nacional. La política en esencia y sus actores políticos de derecha e izquierda, tiene como finalidad el bien común de sus ciudadanos, y eso no parecen entenderlo aún, especialmente la derecha política, económica y social desde que nacimos como Estado soberano, independiente y autónomo hace 200 años atrás.

Hugo Alfredo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado