Con el apoyo de 109 votos y 3 abstenciones, el Congreso Nacional en sesión plenaria hoy jueves 06 de mayo ratificó la insistencia de la autógrafa de la Ley que propone facultar a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones el retiro de sus fondos. Como se recuerda, el proyecto de ley fue aprobado semanas atrás por el poder legislativo, pero fue observada por el Poder Ejecutivo, el mismo que faculta a los afiliados al sistema privado de pensiones a retirar hasta S/ 17 600 de sus cuentas individuales del aportante a la AFP con el propósito de brindar apoyo económico ante la crisis por la pandemia de COVID-19.

Fue el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Anthony Novoa, quien desestimó las observaciones y allanarse a otras del Poder Ejecutivo por tratarse de una norma “que hará justicia a los más de cinco mil aportantes activos y no activos que vienen luchando por salir delante de la crisis económica y sanitaria por la COVID-19 que atraviesa nuestro país”. Novoa Cruzado señaló que la ley no debería ser solo en beneficio de los que han perdido el empleo y han dejado de aportar, por el contrario, debe ser facultativo y en beneficio para todos los afiliados de las AFP, ya que la consecuencia de la pandemia de la COVID-19 ha afectado a todos los bolsillos de manera directa e indirecta.

En su única disposición complementaria final, la propuesta establece que “la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones determina el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente norma, en un plazo no mayor a quince (15) días calendario de publicada la Ley, bajo responsabilidad de su titular”.

Novoa agregó que se retiró de la propuesta original la primera disposición complementaria final que autorizaba el retiro excepcional facultativo de hasta el 100 % de sus fondos de su cuenta individual de capitalización (CIC) para los afiliados mayores de cuarenta (40) años que no registren aportes acreditados en los últimos cinco (5) años a la entrada en vigencia de la presente ley.

En el debate parlamentario, el congresista José Luna Morales (PP) planteó que se incorpore al texto que personas mayores de 40 años que no hayan aportado en los últimos cinco (5) años a un sistema privado de pensiones podrán retirar 100 % de sus fondos. Por su parte, el legislador Moisés Gonzáles Cruz (NC) pidió que la propuesta sea en beneficio de los aportantes y no aportantes, porque la necesidad es extrema y más aún en familias de zonas rurales. El parlamentario Diethell Columbus (FP) cuestionó unas recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas por ser “pocas acertadas y ajenas a la empatía al ser humano”, al señalar que la norma es inconstitucional, porque afecta la intangibilidad de los fondos de pensiones.

Los congresistas Javier Mendoza Marquina y Yesica Apaza Quispe (UPP) manifestaron que la propuesta beneficia a más de cinco millones de peruanos y que es una acción de suma necesidad ante la grave crisis económica que atraviesan miles de peruanos, en tanto que, Jim Alí Mamani Barriga (NC), autor de uno de los proyectos de ley, señaló que la norma busca atender las necesidades económicas de familias que han sido afectados por el coronavirus, mientras que el congresista César Combina Salvatierra (APP) aseveró que lo que se busca es reconocer al afiliado por su labor como centro del sistema, no al Estado ni a las empresas que han hecho daño a la familia peruana.

En el debate parlamentario, la congresista Cecilia Garcia de Podemos Perú, afirmó que, si el gobierno de Sagasti interpone una acción de inconstitucionalidad contra la ley ratificada por el Congreso, presentaría una moción de vacancia contra el Jefe de Estado en los próximos días. Entre tanto, Jose Vega de UPP, señaló que el presidente Sagasti podría ser declarado persona no grata por el Congreso Nacional si no promulga la ley aprobada por insistencia por el parlamento nacional, en tanto que Fernando Menéndez de Alianza para el Progreso, sostuvo que presentaría denuncias constitucionales contra el ministro de economía, Waldo Mendoza, por múltiples ilícitos que estaría cometiendo en su función ministerial.