El Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Arequipa, Lev Loayza, calificó de abusivo el trabajo presencial y remoto que mediante resolución administrativa 000108-2021, ordenó la presidenta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Dra. Elvia Barrios, norma que se publicó hoy en el diario oficial. En dicha resolución, se delega facultades a la presidenta de la Corte Suprema y Presidentes de las Cortes Superiores para que establezcan las medidas pertinentes para el cumplimiento del trabajo remoto complementario de tres horas, a que se refiere el artículo segundo de la Resolución Administrativa N° 000102-2021-CE-PJ, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, según la realidad y ubicación geográfica de cada sede judicial.

Loayza, refirió que la pandemia sanitaria aumentó en los últimos meses perjudicando a sus compañeros de trabajo, ya que 2 servidores fallecieron por el COVID 19 y decenas se enfermaron, obligándolos a un trabajo mixto, tanto presencial como remoto, en vista que anteriormente trabajaban 5 horas diarias y hoy aumentan con 3 horas más en sus domicilios, no contando la mayoría de ellos con equipamiento informático ni servicio de internet que tienen que asumirlos con sus ingresos económicos, lo que ha motivado que un sector de servidores vaya a laborar a los juzgados, algunos de los cuales están tugurizados por la presencia de todo el personal, lo que pone en riesgo su salud.

El secretario general del sindicato, afirmó que tampoco les facilitan equipos de bioseguridad oportunamente pese a que la legislación y reglamentación lo obliga a las instituciones públicas, por que planteó que las autoridades judiciales deberían priorizar el trabajo remoto. Reconoció que hay una excesiva carga de expedientes judiciales, por lo que la solución debería ser crear más órganos jurisdiccionales, pero también se amplié el sistema informático y se amplié la banda ancha, para descongestionar la carga judicial que cada año aumenta.

Loayza criticó a algunos jueces que obligan a sus trabajadores a trabajar entre 10 a 12 horas diarias cuando se realizan audiencias judiciales, no respetando sus 8 horas de trabajo, al tiempo de anunciar que presentarán un proyecto de ley al Congreso para que se apruebe una nueva escala remunerativa que aumente sus ingresos económicos y los exonere de la Ley SERVIR que aprobó el parlamento nacional, pero que el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional en los últimos meses.