Nuestro Congreso Nacional de la República que nació como institución en 1822 y contaba con 91 Diputados y hoy cuenta con 130 legisladores, el último 18 de septiembre del 2020, ha celebrado con una sesión solemne sus 198 años de creación en un acto que encabezó su actual Presidenta, Mirtha Vasquez. Sin embargo, cada año que pasa, el primer poder del estado sigue perdiendo legitimidad y credibilidad como institución tutelar de la patria ante el pueblo.

Así lo confirmó el diario la encuestadora Ipsos Apoyo en la publicación de Semana Económica en la Encuesta del Poder de agosto-septiembre 2020, donde dio cuenta que el 72% de la población desaprobó al Congreso y sólo el 24% lo aprobó. En el mes de febrero del 2021 en el diario La República, el Instituto de Estudios Peruanos, dio cuenta que el 81% de peruanos desaprobaba al Congreso, mientras que sólo el 16% aprobaba la gestión del parlamento nacional. En el mes de marzo del 2021, en RPP la encuestadora CPI reveló que el 86.4% desaprobó al Congreso Nacional y apenas un 10.9% lo aprobaba. Los datos son irrefutables y obviamente tienen múltiples interpretaciones. Es cierto que los parlamentos nunca son populares, porque sirven de contrapeso a los excesos de los gobiernos. Sin embargo, en el caso peruano nuestro congreso nacional no es un “enfermo temporal, sino permanente”.

¿Qué factores han llevado a que el Congreso Nacional pierda legitimidad institucional?

Enumeraremos brevemente algunas de las razones: 1.- La mala selección interna de los partidos políticos y sus candidatos al Congreso ya que no efectúan elecciones internas la mayoría de ellos y eligen a sus candidatos en “Congresos digitados”. Las cúpulas de los partidos prefieren el dinero de los “independientes” para financiar la campaña electoral antes que a sus legítimos militantes ya que los “invitados” no tienen convicción ideológica ni compromiso programático y no respetan las promesas electorales. Generalmente en las cúpulas de los partidos políticos, están enquistados caudillos y caciques que temen perder control del partido y no se renuevan, por lo que, pese a que la ley los obliga a elecciones internas y elección de delegados para elegir candidatos, los digitan y prefieren subastar las candidaturas antes que dar preferencia a sus militantes.

2.- El abuso de la inmunidad parlamentaria ya que algunos legisladores acusan e injurian gratuitamente amparados en su inmunidad constitucional lo que constituye un escudo político que hace imposible una acusación penal por los excesos parlamentarios, más aún cuando los grupos políticos hacen espíritu de cuerpo para protegerse mutuamente. 3.- La ausencia en la Carta Magna de mecanismos constitucionales que permitan la renovación parcial, la revocación del mandato legislativo o la renuncia de los congresistas por mala conducta política y ética. Se consideran “vacas sagradas” e intocables y no pregonan con el ejemplo, ya que los ciudadanos pueden revocar a alcaldes y gobernadores regionales, pero no a los legisladores, lo que es discriminatorio constitucionalmente.

4.- La falta de ética de los legisladores, ya que ellos transgreden su propio código de ética y rara vez hay sanciones oportunas. La comisión de ética que presidió la Congresista Martha Hildebrandt en el periodo 2009-2010, recepcionó 85 denuncias contra congresistas, de los cuales solo 5 derivaron en recomendación de la suspensión de la función parlamentaria por diversas transgresiones, haciendo un falso “espíritu de cuerpo” que desprestigia la función parlamentaria. 5.- La ausencia de fiscalización económica de la Contraloría al Congreso lo que ha permitido abuso de los grupos políticos en el Parlamento, ya que gastan como quieren sin que el organismo contralor del presupuesto de la república pueda auditar sus cuentas, ya que, según los congresistas, atentaría contra la “autonomía constitucional” del primer poder del estado.

6.- El abuso de poder de la “autonomía constitucional y política”. – El caso más evidente se dio el año 2013 cuando el Congreso eligió a Rolando Souza, Cayo Galindo y Víctor Mayorga como magistrados del Tribunal Constitucional. Los nacionalistas y fujimoristas hicieron una “repartija” como si el Tribunal Constitucional fuera un botín político que solo la presión de la opinión pública y mediática hizo retroceder y derogar la resolución legislativa. 7.- Aprueban leyes sin el mínimo respaldo social. La ley “pulpín” fue otra demostración del abuso de la mayoría parlamentaria que finalmente la presión de las movilizaciones juveniles hizo retroceder al Gobierno y al Congreso Humalista por pretender imponer una ley que restringía derechos laborales, que finalmente fue derogada.

8.- La inconducta de los legisladores que abusaron de la autonomía administrativa. Ahí están los casos de los congresistas, “robacable”, “comepollo”,” mataperro”, “lavapiés” y otros que fueron repudiados por la opinión pública al recomendar la contratación de personal no calificado ni especializado en gestión parlamentaria, utilizando los partidos políticos al Congreso como “bolsón laboral” para ubicar a sus partidarios sin ningún tipo de control. 9.- El excesivo transfuguismo. – Por ejemplo, en el periodo parlamentario 1995-2000, se inició con 9 bancadas parlamentarias que luego creció a 12 bancadas y finalmente al concluir el quinquenio parlamentario se redujo a 8. Lo mismo ha sucedido hoy en el año 2021, porque el actual Congreso elegido el 2020, nació con 9 bancadas parlamentarias y hoy tiene 11 bancadas.

10.- La necesidad de reformar el sistema administrativo de contratación de asesores del actual Congreso, ya que el actual sistema está siendo mal utilizado por los legisladores como una “bolsa de trabajo” para sus intereses personales y partidarios ya que los contratados al parecer no pasan por una rigurosa evaluación profesional o técnica. Allí están los escandalosos casos de los congresistas José Luna, Michael Urtecho, Elsa Canchaya, Tula Benítez, Agustín Molina, y otros quienes abusaron de sus funciones sin que tengan sanción.

11.- Los cargos de los congresistas deben ser renunciables. – El congresista Javier Valle Riestra y posteriormente el congresista Marco Falconi, presentaron oportunamente la renuncia a sus cargos con diversos argumentos jurídicos y políticos, los que no fueron aceptados por el Parlamento. En el primer caso, después de un largo proceso judicial Valle Riestra obtuvo respuesta favorable y en el caso de Falconi Picardo, el poder judicial se pronunció en contra. Considero que los cargos de los congresistas deberían ser renunciables por determinados casos específicos.

¿Qué reformas se imponen ante estas situaciones?

Son urgentes e impostergables algunas reformas constitucionales, legislativas y administrativas para recuperar la legitimidad y credibilidad de los inquilinos del palacio legislativo. Una breve revisión de la Constitución comparada de América Latina, nos permite sugerir a futuro algunas modificaciones constitucionales a nuestra Carta Magna para que el primer poder del estado se reencuentre con el pueblo y recupere su legitimidad. Resumiendo, estas son algunas propuestas que podría incorporarse en nuestra Carta Fundamental a futuro.

Ecuador. – “Los movimientos sociales de carácter nacional tienen derecho a la iniciativa legislativa”. (Art. 146).  Panamá. – “Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los Diputados si violan sus estatutos, plataforma política o programática” (Art. 149). Paraguay. – “No podrán ser candidatos al Congreso los propietarios de los medios de comunicación social” (Art. 197). Uruguay. – “Bastará la mayoría de votos de los legisladores para admitir la renuncia voluntaria de sus cargos”. (Art. 115). Venezuela. – “Los Diputados están sometidos al referendo revocatorio”. (Art. 197).

Colombia. – “Es un derecho del Congresista renunciar en forma justificada a su cargo”. (Art. 134). – Brasil. – “Perderá el mandato el Diputado o Senador que no asista a tres sesiones legislativas del pleno del Congreso”. (Art. 95). México. – “Los Diputados y Senadores no podrán ser reelegidos para el periodo parlamentario inmediato”. (Art. 59). Argentina. – “La Cámara de Diputados se renovará a la mitad del mandato” (Art. 50). Bolivia. – “Los legisladores no gozaran de inmunidad parlamentaria”. (Art. 152). Chile. – “Los cargos de Diputados son incompatibles con otro empleo público”. (Art. 58).

Como se puede apreciar, es posible modificar algunos artículos de la Constitución si hay voluntad de los partidos políticos en perfeccionar el trabajo de la institución parlamentaria del país.

¿Cuántas modificaciones constitucionales ha efectuado el Parlamento a nuestra Constitución?

Nuestra actual Constitución Política tiene 28 años de vigencia y al año 2015 se aprobaron 26 veces reformas constitucionales, tanto en artículos, párrafos e incisos previo dictamen de las comisiones correspondientes del parlamento nacional. Las modificaciones con leyes de reforma constitucional fueron a los siguientes artículos: Art. 31, 34, 74, 77, 80, 81, 87, 90, 91, 96, 101, 103, 107, 112, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200. La primera ley de reforma constitucional que aprobó el Congreso Nacional fue la ley 26470 del 12 de junio de 1995 que modificó la acción de amparo y habeas data y una de las últimas modificaciones constitucionales se dio con la ley 30305 del 10 de marzo del 2015 que modificó los artículos 191 y 194 por el cual se denomina hoy a los Gobernadores Regionales en vez de Presidentes Regionales y no se les permite la reelección a los alcaldes y gobernadores regionales.

Como se puede observar, ya se han dado varias reformas constitucionales desde la década noventa del siglo XX hasta hoy. Para que se apruebe una reforma constitucional según el artículo 206 de nuestra Carta Magna, “es necesaria que sea aprobada por el Congreso con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de Congresistas”. ¿Habrá voluntad política de los grupos políticos en efectuar las reformas constitucionales para fortalecer al Congreso Nacional?

¿Qué dicen los representantes de la sociedad civil de Arequipa?

Dialogamos con tres representantes de la sociedad civil de Arequipa y estas fueron sus opiniones sobre las futuras modificaciones a la Constitución para mejorar el trabajo del Congreso y los legisladores.  Gerónimo López Sevillano. – (Presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú). – “Creo que los legisladores deberían modificar la Constitución en algunos casos concretos. Debe someterse al referendo revocatorio como sucede en Venezuela y los legisladores no deben ser reelegidos como sucede en México para renovar los cuadros políticos del país. No estoy de acuerdo con la renuncia voluntaria de los congresistas”. Dr. Alfredo Álvarez Díaz. – (ex Decano del Colegio de Abogados de Arequipa). – “Estoy de acuerdo con la renuncia voluntaria de los congresistas como sucede en Uruguay y también con la renovación del mandato legislativo de los congresistas a la mitad de gestión parlamentaria como está establecido en Argentina. No estoy de acuerdo con que a los legisladores se les quite su inmunidad parlamentaria como acontece en Bolivia ya que significaría desprotegerlo jurídicamente ante los poderes públicos y los poderes facticos”.

Dr. Alberto Indacochea Mostajo. – (ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín).- “Considero que todos los congresistas deberían someterse al referendo revocatorio como sucede en Venezuela para sancionar políticamente a los malos legisladores y que también debería modificarse la Constitución admitiendo la renuncia voluntaria de sus cargos como sucede en Uruguay. Pero no estoy de acuerdo con que lo legisladores pierdan su inmunidad parlamentaria porque sería desampararlo jurídicamente”.

Como se puede apreciar de la versión de estos tres líderes arequipeños, es posible reformar algunos artículos de la Constitución para mejorar el trabajo de los parlamentarios.

La legitimidad como fuente de poder y soberanía.

Se entiende como legitimidad de origen, cuando los congresistas elegidos por el pueblo obtienen el respaldo en las ánforas electorales y luego son proclamados oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero, la legitimidad de ejercicio es cuando las autoridades elegidas no hacen buen uso de las competencias asignadas e incurren en omisión o abuso de función. El jurista, Kriele afirmaba que “La soberanía del Estado depende de su legitimidad y la legitimidad se fundamenta en su soberanía”. En tanto que otro jurista, López Hernández, afirmaba que “La soberanía y la legitimidad son propiedades esenciales del poder político estatal”. ¿Qué nos dicen en resumen estas frases? En palabras sencillas, indican que se puede perder legitimidad (reconocimiento social o político) cuando hay abuso de autoridad, actos de corrupción, omisión de funciones o de incompetencia o al ponerse al servicio de intereses particulares.

Por lo tanto, sólo habrá legitimidad de nuestro Congreso y de sus inquilinos cuando el pueblo los reconozca como tales y les agradezca por sus servicios prestados a la Nación. ¿Podríamos afirmar hoy que todos o la mayoría de peruanos se sienten agradecidos al Parlamento Nacional por su función legislativa, de control político y de representación? ¿Hay la percepción que ellos legislan, fiscalizan, sancionan, nombran y ratifican a los altos funcionarios de la república en función a los intereses nacionales? ¿Cuáles serían las modificaciones sustanciales respecto al Congreso que deberían efectuar los Congresistas en la Constitución? ¿Habrá decisión y voluntad de la nueva representación nacional que elegiremos el domingo 11 de abril del 2021 para impulsar las reformas constitucionales al primer poder del estado? ¿La sociedad civil y sus representantes impulsarán estas reformas o estarán como simples espectadores en la tribuna?

Finalmente, el ex presidente de Estados Unidos, Harry Truman, expresó una frase que tiene que ver con la actuación de los políticos en relación con el Estado y la Sociedad. “Ningún gobierno es perfecto. Pero una de las virtudes de la democracia es que sus defectos son siempre visibles y en los procesos democráticos pueden señalarse y corregirse si hay decisión de hacerlo”.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado