La primera ministra del gobierno de Sagasti, Violeta Bermúdez, desmintió parcialmente y con inusual vehemencia en conferencia de prensa, la información que se difundió en el programa del periodista Beto Ortiz en Willax TV, donde en una entrevista con el médico, Ernesto Bustamente, dio cuenta que la vacuna china Sinopharm solo tenía efectividad del 11 % al 33%, tomando como referencia al informe médico preliminar de la Universidad Cayetano Heredia. Bermúdez en su argumentación ante la prensa capitalina, denunció que había una campaña sistemática contra el gobierno desde dicho programa de televisión, afirmando la primera ministra que la vacuna china era eficaz tomando como referencia a Arabia Saudita, pero también anunció que el ministerio de justicia evaluaba las acciones legales contra el periodista y la televisora.

Violeta Bermúdez, como escudera de Sagasti está en su derecho de defender al gobierno, pero, así como acusa a Ortiz de no de tener rigor en la investigación periodística, la primera ministra tampoco tuvo rigor en la defensa del gobierno ya que no presentó ningún documento que confirme que la vacuna china era eficaz como sostuvo la portavoz del gobierno morado. Vayamos por partes. Lo grave es que es la primera vez en el siglo XXI que un gobierno democrático, amenaza públicamente a un periodista y medio de comunicación, desconociendo que en toda democracia el periodismo es sustancial e indispensable para controlar los excesos del poder político, económico y social. Ortiz, mostró un documento médico que no fue desconocido ni negado por la Universidad Cayetano Heredia, por lo tanto, el periodista no faltó a la verdad ni se inventó la presunta poca eficacia de la vacuna china.

No solo eso. Ortiz, reconociendo sus limitaciones de analista médico, entrevistó a un médico especialista como Ernesto Bustamente, quien, sostuvo que la vacuna china no era muy eficaz porque solo tenía una efectividad del 11% al 33%. Bustamente, no se inventó ni las cifras ni el porcentaje y se limitó a interpretar el estudio clínico médico preliminar de la Universidad Cayetano Heredia. Personalmente, considero que el error de Ortiz, fue no haber invitado al ministro de salud o a la responsable del equipo médico y técnico de la Universidad Cayetano Heredia para que, en la misma entrevista, den su versión ante esta denuncia, ya que es un deber de la prensa actuar con rigor.  Eso supone que ante cualquier tema que se aborda, se debe buscar varias fuentes informativas para darle consistencia a una entrevista, reportaje o nota informativa.

Un gobierno democrático no puede amenazar a un periodista ni a los medios de comunicación públicamente, salvo y excepcionalmente cuando de sus crónicas sin respetar el rigor periodístico, se atenta contra la seguridad o defensa nacional de un país que no es este caso. El proceso de vacunación nacional es de interés público y es obligación de la prensa, investigar, indagar y refutar con argumentos y con rigor, la información que propalan los gobernantes, ya que de por medio están decenas de millones de dólares de nuestro presupuesto nacional que todos debemos cautelar su buen uso y finalidad. Esa es una de las diferencias entre la democracia y la dictadura, donde en esta última, se impone una sola verdad que es irrefutable, lo que no tiene cabida en un sistema democrático.

Lo que debió hacer la primera ministra Bermúdez o el ministro de salud, Ugarte, es llamar por teléfono de inmediato al programa de Ortiz y desmentir o aclarar las versiones propaladas por Ortiz o Bustamente. O llamar el mismo presidente Sagasti al programa periodístico, tal como alguna vez lo hizo el ex presidente Valentín Paniagua el año 2,000 al programa de Nicolás Lúcar en América Televisión, cuando dicho periodista, intentó involucrar a Paniagua en actos ilícitos, lo que generó profundo malestar en el ex presidente, quien directamente en vivo y mediante llamada telefónica, rechazó totalmente indignado las insinuaciones de Lúcar, lo que puso en evidencia el valor moral del presidente transitorio Paniagua.

El gobierno de Sagasti pudo haber enviado al programa de Beto Ortiz una carta notarial para que se rectifique o exigirle que le permita al gobierno dar su versión oficial ante la denuncia propalada de la presunta poca eficacia de la vacuna china. No han hecho eso. Amenazan con procesarlo pretendiendo utilizar el Ministerio de Justicia en un claro amedrentamiento a la prensa opositora e independiente, ante una prensa mayoritaria y complaciente limeña que actuaron y siguen actuando como waripoleros de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti por convicción política o interés económico de la torta publicitaria estatal, ignorando sus principios de libertad y veracidad en nombre del interés público y de la sociedad a quien se supone deben defender.

Muy grave las amenazas del gobierno contra un periodista opositor, cuyas frecuentes denuncias ponen en evidencia en los últimos meses, que el ex gobierno de Vizcarra y el actual, no fueron transparentes ni diligentes en la estrategia de la pandemia sanitaria, ya que no puede concebirse que, desde noviembre 2020 cuando Sagasti asumió el gobierno, hasta enero 2021, no pudieran concretar un contrato para comprar millones de vacunas ni importar oxigeno medicinal para atender a miles de compatriotas que sufren en las calles porque temen perder a sus seres queridos que fueron contagiados.

La culpa  de la actual crisis coyuntural no es de Beto Ortiz, sino de Sagasti que no supo desmarcarse del gobierno de Vizcarra y ordenar que se efectué una auditoría preliminar al gobierno de Vizcarra, pero el actual inquilino de palacio de gobierno no lo hizo, porque su partido morado fue quien abiertamente respaldo al impresentable moqueguano cuando 105 congresistas votaron por declararlo incapaz moral en el Congreso, poniendo en evidencia que parte de la sociedad y prensa capitalina, fue direccionada para presentar a Merino como el “diablo” y a Vizcarra como el “ángel salvador de la patria”, victimizándolo, donde incluso algunos corifeos de la prensa capitalina sin escrúpulos, denunciaron un “golpe de estado” que nunca existió, ya que el Congreso por mandato constitucional, hizo respetar la sucesión constitucional.

Consideró personalmente que la primera ministra Bermúdez, debió demostrar documentadamente en la conferencia de prensa, qué organización internacional experimentada en inmunizaciones dio fe o el visto bueno que las vacunas chinas eran eficaces y eficientes lo que no lo hizo, y solo se limitó a señalar que Arabia Saudita fue el país que utiliza la vacuna china de Sinopharm. Bermúdez debió demostrar que la administración de medicamentos y alimentos del gobierno de Estados Unidos (FDA) o de la agencia europea de medicamentos (EMA) que son los más calificadas en el mundo, dieron el visto bueno a la vacuna china para venderse a nivel mundial, lo que no lo hizo en conferencia de prensa como era su deber en forma conjunta con el ministro de salud. No solo eso, el gobierno debió pedir una opinión técnica urgente a la Organización Mundial de la Salud u Organización Panamericana de Salud ante los cuestionamientos públicos para que dichas instituciones aclaren, que la vacuna china era eficiente o deficiente para que los peruanos tengan confianza de la eficacia de la vacuna Sinopharm ante las dudas que ha generado en los últimos días. Para evidenciar el gobierno que actuó de buena fe, debió demostrar la primera ministra que la vacuna china cuestionada fue publicada en la prestigiosa revista científica médica “The Lancet” donde la mayoría de laboratorios del mundo publicaron sus resultados finales de sus investigaciones. Pero no lo hizo.

En este tema que lamentablemente se está politizando y polarizando a la opinión pública, consideramos oportuno que las organizaciones de derechos humanos deben pronunciarse. Primero, para que sienten su posición respecto a la amenaza contra el periodista Ortiz y la televisora y, segundo, para solicitar que una delegación de la Organización Panamericana de la Salud llegue al país para efectuar una auditoría al proceso nacional de vacunación incluida la vacuna china. No solo eso. El Defensor del pueblo tiene la obligación de pronunciarse y sentar su posición institucional en estos dos temas y no esconderse ni ponerse de costado, ya que dicha entidad tiene la obligación de defender los derechos fundamentales de la libertad de expresión y del derecho a la salud pública que no es monopolio ni del Estado ni de los gobiernos por mandato constitucional.

Ortiz, en su defensa y si el gobierno lo acorrala judicialmente, al haberlo denunciado ante el Ministerio Público un grupo de personas, acusándolo por el delito contra la tranquilidad pública, el periodista podría recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando al gobierno peruano de amedrentamiento y persecución, con lo que cual el gobierno de Sagasti, se desdibujaría ante la comunidad internacional lo que conllevaría a que la imagen del Estado peruano se eclipsaría, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos que es similar a una constitución continental, garantiza la libertad de expresión de los periodistas y ciudadanos en América Latina.

No defendemos a Ortiz ni su opción política de derecha que percibimos de él ni de la televisora donde labora, ya que una de las virtudes de la democracia moderna, es la tolerancia entre las ideologías de izquierda, centro y derecha política que nunca debemos olvidar en el país y en momentos de crisis que hoy pasamos. No defendemos personas, defendemos principios.  Defendemos el principio de la libertad de expresión sin que ello suponga que avalamos el libertinaje. Ortiz, tiene el derecho de ejercer un periodismo de oposición desde su programa, pero tiene que recordar que el periodismo para tener credibilidad, debe tener rigor, lo que supone que siempre debe tener varias fuentes informativas, incluidas a las personas o instituciones que cuestiona o acusa, porque solo así la población que observa su programa periodístico, mantendrá credibilidad y confianza ciudadana para evitar ser acusado de antidemocrático y de francotirador.

La libertad de expresión es una piedra angular en toda democracia y los gobernantes deben someterse al escrutinio público y de la prensa. Así lo han remarcado en varias sentencias en el país el Tribunal Constitucional, supremo interprete de la Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la máxima instancia de justicia continental en América Latina, que al parecer ignoran el presidente Sagasti y sus ministros de estado.

En el caso Tristán Donoso vs. Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó textualmente que, “El Derecho Internacional establece que el umbral de protección al honor de un funcionario público debe permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones, ya que el funcionario se ha expuesto voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo que lo lleva a un mayor riesgo de sufrir afectaciones a su honor y responder en los medios de comunicación por sus actuaciones como gobernantes”. Es decir, debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor cuando se trata de funcionarios públicos cuando hay colisión entre los dos derechos.  En nuestra Constitución Política, el derecho al honor está considerado en el artículo 2 inciso 7, mientras que el derecho a la libertad de expresión e información en el artículo 2 inciso 4.

El Tribunal Constitucional, en el expediente  02976-2012 sobre proceso de amparo, el TC señaló que “el ejercicio de la crítica de los medios de comunicación al desempeño de las funciones de un funcionario público y que tengan una directa y notoria relación con el desempeño de su cargo, constituye una de las funciones vitales de la prensa, y el disgusto o molestia que tales críticas puedan ocasionar en un funcionario público, han de ser toleradas por éstos, sin que puedan oponerse basados en el cargo que temporalmente desempeñan, siempre que la noticia difundida no contenga expresiones agraviantes, injuriosas ni vejatorias”.

En el expediente 01139-2005 sobre proceso de amparo, el TC manifestó, “Este colegiado considera que los derechos de información y libertad de prensa ocupan un lugar preferente en nuestro ordenamiento constitucional, pues juega un papel importante en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas y constituye un pilar fundamental de la democracia participativa”. Por lo tanto, el presidente Sagasti y sus ministros tienen que entender que estamos en una democracia donde hay todo tipo de controles horizontales y verticales a los gobernantes. No estamos en una monarquía, ni los ciudadanos somos sus vasallos en el siglo XXI Sr. Sagasti.

¿Denunciará el gobierno de Sagasti a Ortiz y al Canal Willax TV ante el Poder Judicial? ¿Se pronunciará el Defensor del Pueblo en las próximas horas? ¿Las organizaciones de prensa y de medios de comunicación del país no tienen la obligación de pronunciarse en este tema ante una amenaza a la libertad de expresión o se alinearán con el gobierno morado? Estaremos a la expectativa.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado.