El Congreso en su sesión plenaria con 107 votos a favor y 07 abstenciones, ratificó la insistencia de la ley que elimina el régimen del decreto legislativo 1057 de la contratación administrativa de servicios (CAS) que se aprobó el año 2008 con el objetivo de erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público que observó semanas atrás el gobierno del presidente Sagasti.

La norma aprobada señala que el objeto es incorporar al régimen laboral DL 728 y DL 276 a los trabajadores que desarrollen labores permanentes en las diversas entidades del Estado, contratados bajo el DL 1057, del régimen CAS estableciéndose varios requisitos.

Fue el presidente de la Comisión de Trabajo, Daniel Oseda, quien sustentó la nueva ley La afirmando que con esta insistencia no debe permitirse más vulneración a los derechos de los trabajadores, y al mismo tiempo hacer justicia con este sector laboral que sirve al Estado y a la sociedad en general, ya que el régimen CAS es un régimen abusivo y discriminador que se ha vuelto permanente por largos años.

Oseda remarcó que la temporalidad del régimen CAS está vigente desde el 2008, hace más de 12 años, sin embargo, hasta la fecha se sigue contratando bajo ese régimen a muchos trabajadores que merecen respeto de sus derechos laborales constitucionalmente reconocidos como es la remuneración justa, trato igualitario y además otros beneficios, por lo que el actual parlamento no puede aprobar leyes que contravienen la Carta Magna, por lo que con autonomía e independencia, debe ratificarse en la nueva norma legal pese a la resistencia del gobierno de Sagasti.

El congresista del FREPAP, indicó que era abusivo que en pleno siglo XXI y en plena situación de emergencia, sea el propio Estado el promotor de contratos precarios laborales con la sola intención de disminuir al máximo los derechos de los trabajadores, ya que el Estado sigue discriminando y atentando contra el principio elemental y la primacía de la realidad. Precisó finalmente que tampoco hay una buena fiscalización en el sector privado, por lo que el gobierno debería fiscalizar mejor al sector público y privado en materia laboral y acatar la Constitución y los Convenios suscritos con la Organización Internacional de Trabajo.